Los ciudadanos Pedro Martín Albarracín y Omar Leonardo Valdez, padres de los brigadistas Martín Albarracín y Mauricio Valdez, fallecidos trágicamente el 28 de octubre de 2014 mientras intentaban apagar un incendio forestal en un monte de Guachipas, han denunciado al Ministro de Seguridad del gobierno provincial de Salta, señor Alejandro Cornejo D'Andrea por la supuesta comisión de los delitos de omisión de deberes y encubrimiento. En un escrito dirigido a la fiscal penal Mónica Poma, los padres de los brigadistas fallecidos afirman que pasado 5 de diciembre de 2014 el Ministro de Seguridad del gobierno provincial recibió un informe interno del que surge que «se actuó con grave negligencia» en la extinción del incendio que acabó con la vida de cuatro personas.
Dicen los denunciantes que, «no obstante ello, y ante el conocimiento de la comisión de delitos, el licenciado Alejandro Cornejo D'Andrea omitió formular la pertinente denuncia», tal y como estaba obligado a hacerlo en virtud del artículo 267 del Código Procesal Penal.
Añade la denuncia que el Ministro de Seguridad tampoco promovió, como le correspondía, los procedimientos sumariales en sede administrativa a fin de depurar las responsabilidades del exsubsecretario de Defensa Civil, Víctor Ola Castro; del coordinador de Brigadas Forestales, César Dagum y del jefe del Subprograma Brigada Forestal, Roberto Durneli.
Por otro lado, la denuncia hace hincapié sobre las irregularidades cometidas por el gobierno en relación con la contratación del personal y con la gestión de los fondos nacionales destinados al combate contra incendios forestales y el rescate del espacio público.
En concreto, se afirma que los brigadistas Valdez y Vilte -ambos fallecidos en Guachipas- carecían de experiencia y capacitación suficientes para intervenir en la extinción de incendios. Para los denunciantes, el gobierno incurrió en una «impropia afectación» de recursos humanos y «conformó una brigada con personas que no eran idóneas y las que se expuso a riesgo de muerte».
Según los denunciantes, la orden de que los brigadistas Valdez y Vilte acudieran a apagar el incendio de Guachipas constituyó «una decisión ilegal» que obliga a dirigir el reproche penal, a título de homicidio culposo, respecto de quien emitió tal orden, habida cuenta del resultado mortal de las operaciones de extinción.
También se achaca al ministro Cornejo D'Andrea el falseamiento del informe rendido por Ola Castro, que en su día afirmó que los brigadistas fallecidos estaban equipados con GPS, handy, linterna, binocular, brújula y botiquín de primeros auxilios. Otras irregularidades denunciadas están relacionadas con la falta de comunicación continua con los brigadistas, su equipamiento inadecuado, los deficientes estudios o reconocimientos del terreno por vía aérea, la omisión de empleo del avión hidrante durante los once días que duró el incendio o la falta de constitución del Comando Operativo de Emergencias, previsto en el protocolo de respuesta ante incendios.
Los denunciantes han pedido finalmente a la fiscal Poma que investigue la probable comisión de los delitos de encubrimiento (artículo 277 inciso d) del Código Penal) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) por parte del Ministro de Seguridad del gobierno provincial de Salta.