Ser Gobernador es algo estupendo, no solo porque «decís cualquier cosa que se te viene a la cabeza y los boludos te aplauden» (J. M. Urtubey dixit) sino también porque tus amigos, compañeros de colegio y compinches pueden usar y disfrutar gratuitamente los bienes y recursos del Estado para hacer su campaña proselitista personal, sin tener que rendir cuentas a nadie.
A Urtubey lo que dice la ley le importa un rábano porque la tercera cosa buena que tiene ser gobernador es poder hacerle en cualquier momento un guiño al presidente del Tribunal Electoral para que éste archive automáticamente (in limine, como les gusta decir) todas las denuncias por violación a los principios democráticos de la competencia electoral.
En marzo de 2010, cuando todavía era opositor al gobierno, el candidato Javier David, hoy oficialista, defendió con ardor al gobierno de Romero diciendo que durante esa época «de ninguna manera se utilizaron bienes del Estado o el aparato estatal para beneficiar al sector liderado por Romero, por lo menos de la forma en que lo hacen Juan Manuel Urtubey y sus seguidores».
Ahora que el «seguidor» de Urtubey es él, seguramente tendrá que admitir que las malas mañas del Gobernador no han cambiado y que sigue utilizando el aparato del Estado para su beneficio personal y el de sus amigos.
Seguramente nada tenía que hacer Javier David en la ciudad de Güemes -excepto mostrarse como un florero- durante la inauguración de la División de Seguridad Urbana del Valle de Siancas, como lo demuestra la foto oficial del gobierno. Allí fue con su compañero de galeón Pablo Kosiner, otro que no se corta un pelo a la hora de aprovechar la gratuidad de las cámaras, los micrófonos, las tribunas y las luces que pagan todos los salteños.
A estos señores se ve que los juicios morales les resbalan; que no sienten ni sentirán incomodidad o remordimiento cuando sus hijos les pregunten si los cargos que ocupan (y el dinero que entra en casa) provienen de una elección justa y democrática o de apaños inmorales que incluyen el aprovechamiento ilícito de los recursos del Estado.