El último tramo de la campaña electoral salteña ha demostrado que las principales fuerzas políticas no mantienen desacuerdos o discrepancias significativas, salvo en un punto crítico: el voto electrónico. A un mes exacto de la celebración de las elecciones primarias, los salteños deben rascar bastante para hallar debates y confrontación de programas y propuestas, que han sido reemplazados por el insulto (que ya es un clásico) y por el enfrentamiento apasionado entre los partidarios del voto electrónico y sus detractores.
Durante las pasadas cuatro semanas, la confianza en la herramienta electoral que el gobierno de Urtubey introdujo sin consenso entre las principales fuerzas políticas y sin consulta previa a los ciudadanos, se ha reducido considerablemente.
El gobierno provincial y la empresa privada que ha sustituido a los poderes públicos en la gestión de los asuntos electorales se han empleado a fondo para intentar convencer a los ciudadanos de que el voto electrónico es confiable y seguro.
El intento ha tropezado sin embargo con la durísima oposición de sectores políticos, intelectuales y tecnológicos que, con argumentos muy simples, han demostrado que el voto electrónico que se utiliza en Salta, y que pronto se empleará también en Buenos Aires, es, cuando menos, opaco e inverificable.
Algunos ciudadanos han buscado amparo en la justicia, denunciando las debilidades del voto electrónico, la privatización de hecho de las elecciones provinciales (la pérdida del carácter público del proceso electoral) y la imposibilidad de controlar la forma en que las máquinas cuentan los votos (la pérdida de la sinceridad de las elecciones).
Sus quejas, sin embargo, serán decididas (si es que lo son) por una justicia provincial altamente intervenida por el poder político, cerrada en la defensa corporativa de sus propios errores y comprometida hasta el cuello con el proceso político (y el negocio económico) que llevó a la impopular implantación y la difusión del voto electrónico en Salta.
Sin defensa
El ciudadano común de Salta se ha quedado sin defensa frente al voto electrónico. Cuando el próximo domingo, decenas de miles de electores depositen su voto en la urna sin tener la certeza de que será leído y contabilizado exactamente en la forma en que fue emitido, no habrá ninguna garantía de las quejas sean atendidas y respondidas por la autoridad competente.El Tribunal Electoral se ha jugado una carta brava certificando con gran apuro la pureza del sistema, sin darle la más mínima oportunidad, a quienes dudan de la sinceridad del escrutinio o recelan de la posibilidad de que el registro electrónico de su voto sea manipulado, de ejercer racionalmente la defensa de su derecho.
El daño a la democracia no proviene de estos ciudadanos desconfiados, sino de los que se empeñan en negarles la posibilidad de comprobar, por sí mismos, y sin la ayuda de peritos o expertos, que los votos se contarán de una forma leal y sincera, por una autoridad pública imparcial y por medios accesibles a todo el mundo.
Aunque una mayoría apoye al voto electrónico (lo cual es improbable), la previsión de que haya un número significativo de ciudadanos desconfiados e insatisfechos con el sistema, sumidos en una completa indefensión (el voto es lo único que tienen para defenderse), pone en serio entredicho la validez de las elecciones y la legitimidad de los resultados, cualesquiera que sean.