La súbita pérdida de autoridad de Alberto Fernández, seguida de una no menos dramática caída de imagen, amenaza con hacer saltar por los aires los precarios equilibrios de la escuálida democracia salteña.
La pregunta obligada es la siguiente: ¿Han sufrido los salteños especialmente la dureza de las medidas sanitarias impuestas por el Presidente de la Nación?
La respuesta no puede ser sino afirmativa.
Al rigor de las normas nacionales -ya de por sí estrictas- se ha sumado en Salta una inusual hiperactividad fiscal, espoleada tanto por el gobierno provincial como por su comité operativo de emergencias, instituciones que, en vez de procurar la superación del desafío sanitario mediante políticas sanitarias proactivas, han preferido poner por delante la reacción penal contra presuntos infractores a las normas, como si con ella se consiguiera conjurar más pronto la amenaza contra la salud pública.
En los últimos 17 meses, el 80 por cien de los juicios penales celebrados en nuestra Provincia han concluido con una condena suplementaria por el delito del artículo 205 del Código Penal argentino (violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia). Pequeños ladrones y autores de ofensas menores han visto incrementada su condena por la aplicación casi indiscriminada de este artículo, en conexión con los decretos presidenciales de necesidad y urgencia, que, como se ha visto, ni el propio Presidente de la Nación ni su familia más cercana se han preocupado por observar.
En esta voracidad persecutoria están involucradas todas las sensibilidades gobernantes: desde los más acérrimos enemigos de los K, hasta sus más entusiastas defensores.
Teniendo en cuenta que el peronismo (de un signo o de otro) se encuentra disperso en un inacabable abanico de frentes electorales, que apenas se diferencian entre sí por sus poco descriptivos nombres, la única vía que le queda al elector salteño para expresar con su voto la disconformidad o el hartazgo social con semejante despliegue de autoritarismo, es el voto a cualquier lista no peronista. Será difícil encontrarla, pero seguramente no imposible.
Puede que la búsqueda de la salida empuje a los salteños a votar a los extremos, pero en un momento como este la única expresión política que garantiza la pervivencia del autoritarismo y la corrupción es el peronismo, aunque se trate de un mal pasajero.
Todos los candidatos peronistas, sin excepción de ninguno, están comprometidos de alguna manera en el escándalo que mantiene al presidente Alberto Fernández contra las cuerdas.
El juego del poder para estas elecciones mid term de 2021 ha consistido otra vez en difuminar las líneas que separan al gobierno y a la oposición, de modo tal que los electores no se dan cuenta que la oposición aparente no es otra cosa que el propio gobierno disfrazado. Pero el estallido tan reciente del escándalo del cumpleaños de Olivos durante el confinamiento no da tiempo material para que el elector pueda distinguir finamente entre los distintos niveles de responsabilidad.
Una vez más, la política doméstica de Salta paga un elevado precio por su acrítico seguimiento de los procesos nacionales. Los problemas de Salta no son los problemas que aquejan a otras partes del país. El federalismo defensivo y quejoso que, en la superficie, enarbola el gobierno provincial cada vez que las cosas no le salen bien, no oculta el que, un poco más debajo, los ciudadanos se encuentren con la declarada intención del gobierno de hacer de Salta y del resto de la Argentina una sólida amalgama.
En Salta también ha habido vacunados VIP que se saltaron la ley; ha habido fiestas oficiales y no tan oficiales en las que las precauciones sanitarias brillaron por su ausencia. Muchos de los que han protagonizado estas evasiones al deber común hoy son candidatos en diferentes listas, que tienen por único denominador común su conexión con el peronismo.
Si limitadas son las posibilidades de que los ciudadanos argentinos castiguen al gobierno de Fernández en las próximas elecciones nacionales, los salteños, que concurrirán a las urnas en menos de 24 horas, tienen todo de cara para aplicar, con su voto, un castigo ejemplar.
A la hora de distinguir, las aguas no se dividirán entre simpatizantes K y detractores de los K, sino entre peronistas dinásticos y presupuestívoros, por un lado, y candidaturas alejadas tanto del peronismo, como del nepotismo y el presupuesto, por el otro.