Sin embargo, a los políticos se les exige siempre «algo más» y es razonable que así ocurra, puesto que los cargos a los que aspiran, o los que ya ocupan, les demandan un mayor nivel de responsabilidad.
Un político que es elegido para adoptar decisiones por todos nosotros y al que reconocemos la capacidad de imponer esas decisiones por la fuerza es una persona cuyo comportamiento cotidiano es de un total interés público.
En su elección, los ciudadanos empeñamos nuestra confianza, y, cuando lo hacemos, esperamos que el político la honre y nos la devuelva en forma de credibilidad y servicio.
En Salta, el escrutinio de la ética pública de los políticos parece hoy en día limitado a lo que se conoce como «ficha limpia»; es decir, a una idea que no traspasa los límites de la mera formalidad de un historial penal despejado de procesamientos y condenas que comprometan el futuro desempeño.
Sin embargo, en otras latitudes, la valoración de la trayectoria pública de un candidato o de un político que ya ocupa puestos de responsabilidad en el gobierno o en el Estado requiere que se tenga en cuenta lo que se denomina «la ejemplaridad».
En algunos países -insistimos, no en Salta- la ejemplaridad ha pasado de ser un mero indicador de la ética pública del candidato a convertirse en una demanda ciudadana ineludible. No en vano, el filósofo vizcaíno Javier GOMÁ LANZÓN ha escrito que no estamos en presencia de una mera cualidad que adorna el carácter de las personas sino ante «una categoría política fundamental».
El filósofo define la ejemplaridad como «una rectitud genérica que involucra todas las esferas de la personalidad», lo cual no significa solamente observar rigurosamente las normas sino algo más, puesto que si lo que se pretende es construir un liderazgo (algunas funciones políticas -como la de legislador nacional- lo requieren) es ejemplar no solo el que se limita a cumplir con lo que es debido sino aquel que despliega, tanto en su vida personal como en su vida pública, una conducta que sea capaz de despertar admiración en sus semejantes y vivos deseos de ser imitado.
Contra la corriente elitista y meritocrática que afirma que los políticos «deben dar el ejemplo» a los ciudadanos, se alza la corriente que postula que lo que realmente importa es que sean «ejemplares» en el sentido antes expresado; es decir, que sean impecables, intachables, irreprochables, sea que tal ejemplaridad provenga de sus cualidades naturales o que se trate de una virtud adquirida a la luz y por la fuerza del ejemplo que le transmiten los propios ciudadanos.
Los salteños, ante su responsabilidad
Ante la inminencia de una elecciones tan importantes para los salteños y para su futuro, más que preguntarse por los antecedentes penales de un candidato o una candidata, lo que debemos hacer es preguntarnos si los partidos y fuerzas políticas que se disputan el favor de los electores ofrecen -además de programas políticos- ejemplos de emulación social que despierten el interés de los ciudadanos. Aquí reside la clave del proceso de selección.Nuevamente hay que recordar que los actos de los políticos, sus decisiones, no están restringidas a un ámbito limitado y parcial sino que producen en la ciudadanía y en el conjunto del sistema social un efecto general y generalmente difuso. De algún modo, los políticos que concurren a las elecciones son el reflejo de la sociedad que los produce; son ellos los que crean pautas y expectativas y los que, de algún modo, terminan estableciendo los límites que separan lo permitido de lo no permitido.
Por este motivo es que, aun cuando es archisabido que la política atraviesa una seria crisis de valores, que sus procedimientos públicos están cargados de corrupción y que una mayoría de políticos elude a sabiendas el cumplimiento de la ley, resulta conveniente preguntarse si es momento de exigir a los candidatos y candidatas que concurren a las elecciones en Salta la «ejemplaridad» que se exige en otros países.
Y la respuesta no puede ser sino positiva.
Una sociedad sana y madura debe, por principio, negarse a elegir como diputada nacional o como convencional constituyente a una candidata que ha encabezado las listas ocultas de la vacunación de privilegio en Salta y que no ha dado ninguna explicación de por qué una persona joven y sana ha sido vacunada con preferencia a otras personas en grave riesgo de muerte.
Vacunarse sin derecho no es delito en la Argentina, pero seguramente constituye una falta moral grave cuando quien protagoniza un hecho de esta naturaleza es una persona que percibe un sueldo del Estado y tiene además una apreciable influencia en las decisiones que adopta el gobierno. En cualquier sociedad medianamente responsable, esta candidatura sería abortada de raíz. En Salta, parece que no hubiera más remedio que denunciar la clamorosa falta de ejemplaridad en las urnas.
Pero es que la candidata en cuestión llega a esta instancia precedida por una larga retahíla de incumplimientos y hechos reprochables, que la bendición del jefe político de turno no puede ni debe borrar, porque hacerlo significa arrojar piedras sobre el propio tejado. Los salteños y las salteñas no pueden ignorar, hoy menos que nunca, que el principio de la soberanía popular convierte a los representantes electos en vicarios de los ciudadanos, que la responsabilidad de los primeros es claramente fiduciaria y que la de los segundos, por las razones que ya hemos apuntado, es mucho más amplia y profunda.
Es hora de que la ejemplaridad juegue su papel moralizador en la política de Salta y de que los mecanismos de control ciudadano sobre las candidaturas se pongan en marcha para impedir que quienes han transgredido a sabiendas las normas de la ética pública se conviertan en representantes de los ciudadanos que sacrificadamente las observan.
