En un manifiesto exceso de desconfianza hacia la política, nuestros constituyentes han dado vida a un monstruo, integrado solamente por jueces en ejercicio y bajo la presidencia del Presidente de la Corte de Justicia, que no solo se encarga de todo lo relativo a la administración electoral sino que también se ocupa de sentenciar los pleitos de la materia del contencioso electoral, según lo disponen los apartados 1 y 4 del citado artículo 58 de la Constitución.
Además, en la práctica el Tribunal Electoral de Salta despacha tanto las cuestiones administrativas como las contenciosas judiciales sin recurso alguno así se pongan los partidos o los ciudadanos patas arriba.
Este órgano fantasma tiene cinco miembros, de los cuales tres son jueces de la Corte de Justicia de Salta, que -se supone- es el tribunal que debe juzgar y resolver los recursos interpuestos contra sus decisiones. Aunque los tres jueces supremos designados para el Tribunal Electoral se abstuviesen de integrar la Corte (por obvias razones) ¿se atrevería algún juez de reemplazo a enmendarle la plana al mismísimo presidente de la Corte de Justicia, sabiendo que este ejerce sobre todos los demás jueces la potestad disciplinaria?
La conformación exclusivamente judicial del Tribunal Electoral y su doble misión administrativa y judicial no es un obstáculo para la limpieza y transparencia de las elecciones: es un atentado a la libertad y un auténtico peligro para el proceso democrático.
Como lo es el hecho que el mismo tribunal que ejerce de último intérprete de los preceptos de la Constitución Nacional y de la provincial en el territorio se ocupe también de organizar las elecciones, someter a sus dictados a los partidos políticos, controlar a los ciudadanos que votan y de validar las candidaturas.
Mientras esto sucede, los jueces de la Corte de Justicia, encantados con el encargo constitucional, se renuevan entre ellos como cambian las estaciones del año. Saben en el fondo que ellos ejercen como polea de transmisión de los intereses del gobierno en la contienda electoral y la igualdad de la competencia les importa un pepino. Mientras ellos controlen el aparato, todo estará bien. ¿Las libertades? Pues que de ella se ocupen otros.
Hoy se ha sabido -después de practicado el democrático sorteo- que integrarán el Tribunal Electoral los señores Guillermo Catalano (en su calidad de presidente de la Corte de Justicia), Adriana Rodríguez Faraldo (jueza de la Corte de Justicia), Pablo López Viñals (juez de la Corte de Justicia), Mirta Inés Regina (jueza del tribunal de apelaciones en la jurisdicción laboral) y María de los Ángeles Casey (jueza del tribunal de apelaciones en lo civil y comercial).