La República Argentina y su gobierno están obligados a mantener buenas relaciones con el actual gobierno de Bolivia, con independencia del grado de legitimidad que le reconozca.
Aun en el peor de los supuestos (el de que la Argentina desconozca al gobierno de Jeanine Áñez), es deber del gobierno federal, así como de las provincias federadas, mantener una prudente distancia de las tensiones que se están produciendo en la vida política del país vecino.
Ningún ciudadano argentino vería con buenos ojos que Bolivia, como Estado, o su gobierno, interfirieran en asuntos políticos internos de la Argentina. A la inversa, no es conveniente que el gobierno federal -más allá de concederle al expresidente Morales un estatus jurídico de especial protección- fomente que el exmandatario desarrolle en territorio nacional actividades políticas capaces de poner en entredicho las buenas relaciones entre nuestro país y Bolivia.
De ello se han dado cuenta los Estados Unidos de América, pero no tanto las instituciones formales de la Provincia de Salta, en cuyo territorio y con el solo amparo del gobierno federal, Morales pretende celebrar un multitudinario acto opositor al actual gobierno boliviano.
Según la Constitución Nacional argentina, el gobierno federal ostenta competencias exclusivas en materia de relaciones exteriores (1) y fronteras (2). Pero el eventual desarrollo de un acto partidario por Morales en territorio de la Provincia de Salta no es una cuestión ni de fronteras ni de relaciones exteriores. De allí que aunque el gobierno federal prometa «hacerse cargo de la seguridad» del acto del partido de Morales, la decisión sobre el mismo corresponde a la autoridad provincial salteña y en última instancia a la autoridad municipal de las localidades señaladas como posibles escenarios de tal acto partidario.
En este sentido, resulta tan irresponsable como irrelevante la opinión del senador nacional por Salta, Sergio Napoléon Leavy, que ha dado por buena la actividad partidaria de Evo Morales en territorio salteño. Leavy no es el dueño de las fronteras de Salta ni sus preferencias ideológicas pueden imponerse a las legítimas competencias de los poderes locales en la materia. Unos poderes que -conviene insistir- no son de ningún modo superados por las competencias federales, que solo se limitan, en este caso, a reconocer al expresidente Morales el estatuto de refugiado.
Si Morales compromete, con su ilegal despliegue político/proselitista en Orán o en Salvador Mazza, las buenas relaciones de vecindad entre Bolivia y la Provincia de Salta, la culpa de este deterioro será del senador Leavy y de todos aquellos que creyendo erróneamente que este es un asunto que debe resolver exclusivamente el gobierno federal, en este momento están guardando silencio y forzando con ello a que sea un país extranjero el que venga a decirnos cuáles son los límites razonables del refugio que se concede a los perseguidos políticos.