¿Es justo el encarcelamiento de los miembros del depuesto gobierno catalán?

Anoche he asistido, sin proponérmelo, a otro de los espectáculos mediáticos pacientemente organizados por los independentistas para intentar internacionalizar el conflicto que mantiene enfrentados a una parte de la sociedad catalana con el resto de España y, especialmente, con el gobierno de la nación.

Hablo de la entrevista que dos periodistas belgas de la cadena francófona RTBF le hicieron ayer al expresidente autonómico -y ahora prófugo de la justicia- Carles Puigdemont.

De esta entrevista/espectáculo me han llamado la atención dos cosas: la primera, el sesgo marcadamente antihispano de los periodistas belgas (un hombre y una mujer), la intencionalidad de sus preguntas y su falta de tacto; la segunda, las repetidas descalificaciones de Puigdemont hacia la justicia española y las sospechas sobre su politización y su falta de independencia.

Como muchos ya saben, esta aparición pública del que hasta hace poco era el presidente de la Generalitat de Cataluña se produjo a las pocas horas de que una jueza de la Audiencia Nacional lo declarara oficialmente prófugo de la justicia española y cursara a las autoridades belgas una orden de detención inmediata. Y poco después también de que la misma magistrada ordenara la prisión provisional incondicional del cesado vicepresidente Oriol Junqueras y de ocho exconsejeros.

En estas horas, en las que se han sucedido los acontecimientos de forma vertiginosa, algunos han criticado la premura de la actuación judicial (más de la Audiencia Nacional que del Tribunal Supremo), puesto que la querella promovida por el Fiscal General del Estado fue registrada el pasado lunes, y antes de que terminase el jueves los acusados querellados en la Audiencia ya se hallaban en la cárcel. Como se sabe, a los que fueron querellados ante el Supremo, en razón de su aforamiento, el tribunal les ha concedido una semana más para estudiar la acusación.

Ciertamente, la velocidad de la actuación judicial ha sido inusual para los tiempos en que habitualmente se mueve la pesada maquinaria de la justicia en España. Pero no se la puede criticar por haberse dado prisa ni decir que se ha obrado de forma precipitada, sobre todo si se tiene en cuenta de que mucho más rápido que ella ha actuado antes una parte del Parlamento de Cataluña -y desde luego el govern- para declarar la independencia y cometer los delitos de los que se acusa a quienes hoy se encuentran en la cárcel.

Si los líderes independentistas esperaban que a sus prisas la justicia les respondiera con lentitud, desde luego que se han equivocado.

Puigdemont ha aprovechado las cámaras de la televisión belga para arremeter contra «España» su gobierno, como si él no fuera parte de España o no lo hubiera sido, y en ese llevarse todo por delante ha puesto en duda la independencia de la justicia española del poder político. Por un momento, al expresidente pareció olvidársele que él se encuentra en Bélgica gracias al derecho a la libre circulación que reconoce la Unión Europea a los ciudadanos españoles (los catalanes, de ser independientes, no tendrían este derecho) y que su ingreso al país se ha hecho con su DNI y pasaportes españoles.

Pero es que si bien se mira la situación, la peor noticia que podrían haber recibido en estos días el gobierno de España y los partidos que lo apoyan es la del encarcelamiento de los antiguos miembros del gobierno. A ninguno se le escapa de que once independentistas en prisión (si a los nueve del jueves se suma a 'los jordis', en prisión provisional desde mediados de octubre pasado) es un formidable elemento de convocatoria y de agitación para la campaña electoral que está a punto de comenzar en Cataluña, cuando no un hecho que puede provocar protestas masivas en las calles y -esperemos que no- algunos episodios de violencia. Al Gobierno de Rajoy le interesaba todo, menos ver a tres cuartas partes del govern tras las rejas.

La crítica de Puigdemont a la justicia no solo es oportunista sino también profundamente injusta, como vamos a ver con más detalle a continuación.

Aunque el presidente cesado insista en que él es (en realidad, ha sido) un gobernante «democráticamente elegido», no se debe olvidar que es también un gobernante «democráticamente cesado». Por más que haya salido por la ventana, no se puede decir que a Puidgemont lo echaron los tanques, ni la Guardia Civil. Su gobierno terminó por decisión de unos poderes tan democráticos como el suyo (cuando fue democrático) o incluso más. Hay que recordar que el govern catalán perdió su legitimidad democrática cuando pasó por alto deliberadamente las decisiones del Tribunal Constitucional y que jamás se recuperó de esta pérdida.

En España, como sucede en muchos otros sitios, los gobiernos no terminan por revocación popular de los mandatos; es decir, por un voto negativo del conjunto de los electores. Pero terminan legítimamente por las causas previstas en la Constitución, en las leyes y en los estatutos de autonomía. En este caso, el artículo 155 de la Constitución Española -norma que resume la voluntad preexistente del pueblo, incluidos los catalanes, que contribuyeron decisivamente a la redacción de la Carta Magna y la votaron favorablemente en referéndum- brinda la cobertura normativa suficiente para la destitución de un gobierno autonómico rebelde. Ello, sin contar con la votación del Senado -en donde está representado el independentismo catalán- que ha sido también, como se ha visto, inobjetablemente democrática.

Parece claro que la estrategia de Puigdemont en Bélgica no apunta tanto a salvar a Cataluña o a sus habitantes como a salvarse a sí mismo. Y en esta huida hacia adelante que parece no tener fin, el expresidente busca deslegitimar todo lo que se encuentre a su paso, siempre que se trate de instituciones españolas, olvidándose de que él mismo fue, mientras duró su gobierno, una «institución española» en sentido estricto, como lo son también el Parlamento de Cataluña y el govern.

No se debe olvidar en ningún momento que Puigdemont nunca fue elegido presidente de la república de Cataluña. Nadie no lo votó para eso. El cargo que ejerció hasta que fue cesado es un cargo amparado jurídicamente en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que son -valga la repetición- puramente españoles, aunque el Parlamento haya votado la ilegalizada y tramposa ley de transitoriedad.

De allí que los tribunales de justicia que existen en Cataluña, y que han existido siempre, sean españoles, como españolas lo son también las leyes por las que estos tribunales se rigen. Mientras Puigdemont fue representante del Estado español en Cataluña nunca dudó de la imparcialidad y profesionalidad de los magistrados de su Comunidad Autónoma. Entonces ¿qué razones hay ahora para dudar de los mismos jueces?

Todo indica que lo de ayer ha sido una puesta en escena para convencer a los belgas (y a algunos ultras eurófobos, tanto de derecha como de izquierda) de que en España no se respetan los derechos humanos. Lo peor del caso no es el cuento, sino el hecho de que hay -según parece- algunos belgas inclinados creérselo.

La prisión provisional

Hay quien dice que Puigdemont, con su fuga a Bélgica, le ahorró a la jueza Carmen Lamela el esfuerzo de tener que abundar en razonamientos jurídicos para justificar la prisión preventiva del vicepresidente Junqueras y de los ocho exconsejeros.

Es verdad que la prisión cautelar es una institución odiosa para los que creemos en la libertad y en las garantías del proceso penal. Ver a un presunto inocente compartiendo la cárcel con culpables declarados y sometidos a un régimen penitenciario idéntico es algo que siempre disgusta.

Por esta razón es que cada decisión sobre la libertad de las personas aún sometidas a proceso hay que mirarla con lupa, siempre. Y, en el caso partricular de los independentistas catalanes que han tenido visible responsabilidad en los actos de sedición, no se puede hacer lo contrario, por más que en la calle se escuche todos los días a gente exigiendo a los gritos la cárcel para los rebeldes.

Es verdad también que solo el «riesgo de fuga» (o para decirlo con mayor precisión, la posibilidad de que los querellados se sustraigan a la acción de la justicia y frustren con su desplazamiento al extranjero la ejecución de una eventual sentencia condenatoria) podría haber justificado la medida. Más, desde la espantada de Puigdemont, cuyo traslado clandestino a Bélgica ha sido calificado por el expresidente Felipe González, como «un acto de cobardía».

Pero a mi juicio no son ni el riesgo de fuga ni la posibilidad de que los imputados en libertad puedan destruir pruebas o coaccionar a testigos los que justifican una medida tan dura como la cárcel.

En realidad, lo que hace inevitable en este caso particular el encarcelamiento de los imputados es el alto riesgo de reiteración delictiva; es decir, el peligro que supone para las instituciones y la convivencia la probabilidad de que quienes están hoy en la prisión continúen por el mismo camino irresponsable que les llevó a ella, un riesgo que es muy alto si se tiene en cuenta de que ninguno de los imputados ha dejado entrever hasta ahora su voluntad de abandonar la vía secesionista.

Sé que el ejemplo que voy a poner es un poco extremo, pero no deja de ser ilustrativo. Cuando se encarcela de forma provisional a un violador serial, no solo se piensa en proteger a las posibles víctimas de sus pulsiones criminales sino también al propio violador, a quien de esta forma se le impide que incurra en otras conductas punibles.

En este caso no solo se trata de proteger a la sociedad catalana de nuevas y más profundas fracturas, sino de evitar también a quienes quieren independizarla por la fuerza unas consecuencias penales más graves.

La naturaleza del delito

Hay quien piensa, sin motivo, que el Código Penal es un instrumento del Gobierno, cuando en realidad es una ley hecha por los representantes de la soberanía popular de forma democrática. No hay que olvidar que, como cualquier otra ley, el Código Penal vincula también al Gobierno y al Jefe del Estado.

En esa ley, que algunos suponen ha hecho el Gobierno a su gusto y paladar, hay conductas punibles que solo pueden tener motivaciones políticas. La rebelión y la sedición son delitos eminentemente políticos (en sentido amplio) y no hay nada de malo en que estén configurados como tales. Aun en el caso de que un intento sedicioso sea protagonizado por ladrones de gallinas organizados, la motivación de este intento no será el robo de gallinas sino el cambio o la perversión de la forma política.

Desde luego, la rebelión y la sedición pueden ser cometidas también por ladrones de gallinas, pero también por políticos, y así sucederá en una gran mayoría de casos. Y como los políticos no están por encima de la ley (ni aunque ganen las elecciones por el 80 por cien de los votos), cuando incurren en conductas de semejante gravedad, lo menos que se puede esperar en circunstancias normales es que los tribunales de justicia reaccionen con premura y apliquen lo que dice la ley para estos casos.

Puigdemont, como algunos dictadores africanos, piensa que por haber ganado unas elecciones que en realidad no ganó es intocable y no puede ser sometido a proceso penal. Se equivoca, desde luego.

Pero la motivación política del delito no significa, sin más, que quienes pagan con la cárcel el haberlo cometido sean «presos políticos».

Conviene distinguir, pues, entre delitos políticos y presos políticos, pues mientras la existencia de los primeros no prejuzga sobre el carácter democrático de las leyes que lo prevén y lo castigan, la existencia de los segundos es un claro indicador de que no estamos ante un régimen político que respete las libertades de los ciudadanos. Por eso, siempre es conveniente utilizar la expresión «preso político» únicamente en los casos y con el alcance previstos en la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de octubre de 2012.

La independencia de los jueces españoles

La justicia española está lejos de ser un modelo de virtudes. Eso lo sabemos bastante bien quienes a diario estamos obligados a movernos en los complicados ambientes judiciales.

Pero cualquiera sea la intensidad de los reproches que podamos hacerle por sus defectos técnicos, humanos u organizativos, es muy arriesgado decir en estos momentos de la justicia española que no es ecuánime ni independiente del poder político o del partido gobernante.

La cantidad de los políticos que están o que han estado en prisión impide hablar de una influencia desmedida, decisiva o directa de la política sobre la justicia. Por supuesto que en este país también hay amiguismos, llamadas telefónicas, reuniones secretas y un largo etcétera de corruptelas más o menos impresentables; pero, en términos globales, cuando se trata de decidir los asuntos de su competencia, los jueces españoles saben guardar una distancia razonable de los poderes fácticos.

Puigdemont y los suyos olvidan por ejemplo que ahora mismo están en la prisión, por decisión de esa misma justicia a la que tachan de parcial, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, del Partido Popular, y Francisco Granados, exconsejero del gobierno autonómico madrileño y exnúmero dos del PP en la Comunidad de Madrid. El primero ocupó un cargo equivalente al de Puigdemont.

También se olvidan de que la justicia española ha acorralado a otros líderes autonómicos del PP, como Pedro Antonio Sánchez, expresidente de la región de Murcia, que fue forzado a dimitir por el acoso judicial.

Y ya para que nada falte, se olvida que los jueces y los fiscales españoles tienen a su cargo la investigación y el juicio de los casos Gürtel, Púnica, Lezo, Acuamed, Nóos, Andratx, Arena, Auditorio, Baltar, Bárcenas y un largo etcétera, que afectan fundamentalmente al Partido Popular.

La influencia de Rajoy sobre las decisiones de los jueces

Para finalizar, quiero referirme a la petición que han hecho Puigdemont y otros líderes -incluso extranjeros- para que Rajoy «ordene» la libertad de los líderes soberanistas que hoy se encuentran presos.

Rajoy no puede hacer eso de ningún modo, simplemente porque no ha sido él quien ha ordenado que vayan a la cárcel. Como ya hemos visto, al Gobierno español le conviene bien poco que los exmiembros del govern estén ahora en prisión. Por esta razón es que nadie del gobierno ha salido a aplaudir la decisión de la jueza Lamela.

Da toda la impresión de que esta exigencia, por su tono y por su oportunidad, es un simple recurso para influir en la opinión pública internacional, pues tanto a Puigdemont como a la mayoría de los independentistas les consta que cuando el pasado verano Rajoy -en un gesto criticable- se puso del lado de Juana Rivas, la mujer que secuestró a sus propios hijos en Granada y los alejó de su padre italiano, los jueces de aquella provincia ignoraron la súplica del Presidente del Gobierno y restituyeron los niños a Italia, aplicando rigurosamente la ley.

Pero pongámonos en el muy hipotético caso de que el presidente Rajoy y el fugado Puigdemont se reúnan secretamente en Bélgica en loss próximos días y que, al cabo de un par de horas y de unas cuantas cervezas, hagan la paces y se den un apasionado beso, mientras murmuran aquello de «¡olvidemos el pasado!».

Si una cosa como esta ocurriera, ni aunque Rajoy quisiera se podría detener ahora la maquinaria judicial. Ni que instruyera al Fiscal General del Estado para que desista de la querella -algo jurídicamente imposible, ya que el Ministerio Público tiene el irrenunciable deber de perseguir los delitos- el Gobierno podría conseguir evitar la rigurosa aplicación de la ley. El que no exista esta posibilidad y que ningún político serio la baraje como una opción, habla de forma bastante elocuente de la independencia de la justicia española.

Y ya para cerrar, permítanme que recurra a un ejemplo grotesco; a una de esas «comparaciones forzadas» que tanto le gustan a algunos lectores de estas páginas.

En la Provincia de Salta, el gobernador Juan Manuel Urtubey lleva años diciendo que en el territorio que gobierna rige una exquisita separación de poderes, que los jueces son sobradamente independientes del poder político y que él como Gobernador no influye de ninguna forma en las decisiones judiciales.

Al amparo de esta inmaculada pureza institucional, los fiscales y los jueces de Salta iniciaron ya hace años una feroz persecución judicial contra el exgobernador Juan Carlos Romero, que puso a este al borde del desafuero y, por tanto, de su encarcelamiento.

A finales de 2015, Urtubey y Romero sellaron un amistoso acuerdo y, desde aquella fecha, tanto el acoso mediático como los procedimientos judiciales que afectaban al exgobernador se paralizaron como por arte de encantamiento. Aun así, Urtubey sigue diciendo que él no influye en los jueces.

Compare el lector un caso y el otro y saque sus propias conclusiones acerca del valor de la independencia judicial y la separación de poderes.