
Al cabo de la declaración, Sarkozy recuperó su libertad, pero ha sido procesado por el magistrado instructor, sin medidas cautelares. El procesamiento es por los cargos de corrupción activa, tráfico de influencias y violación de secreto profesional.
También han sido procesados su abogado, Thierry Herzog, y los magistrados de la Corte de Casación Gilbert Azibert y Patrick Sassoust.
Sarkozy se expone ahora a una pena máxima de 10 años de prisión y 150.000 euros de multa, según las circunstancias, que son las que el Código Penal prevé para el delito de tráfico de influencias.
El expresidente, retirado de la vida política después de su derrota electoral en las presidenciales de mayo de 2012, tenía la intención de recuperar el liderazgo de la coalición conservadora UMP el próximo otoño y, eventualmente, de competir en las elecciones presidenciales de 2017, convertido ya en el mesías de la derecha francesa. Su procesamiento supone ahora un freno a sus pretensiones de regreso a los primeros planos de la vida política.