En un hecho inédito en la Vª República Francesa, un ex Jefe del Estado ha sido detenido de forma provisional (en garde à vue) por orden judicial. La medida afecta a Nicolas Sarkozy, el líder de la coalición conservadora UMP que gobernó Francia entre 2007 y 2012, a quien la justicia investiga por haber presuntamente obtenido ilegalmente información sobre los asuntos judiciales en los que estaba involucrado. Nicolas Sarkozy llegó esta mañana, en torno a las ocho, a la oficina anticorrupción de la policía judicial de Nanterre, localidad ubicada en la periferia noroeste de París. Allí declarará en calidad de detenido, situación que podría prolongarse hasta 48 horas, según la legislación francesa.
El interrogatorio apunta a determinar si el expresidente y personas su entorno se valieron de una red de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales seguidos contra Sarkozy. Se especula que esa red habría estado integrada por altos magistrados, que podrían haber quebrantado el secreto de la instrucción judicial a cambio de la promesa de un puesto de prestigio.
Los delitos que se investigan son los de tráfico de influencias y violación del secreto de la instrucción.
Ayer lunes, dos altos magistrados de la Corte de Casación, Gilbert Azibert y Patrick Sassoust, y el abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, fueron detenidos provisionalmente. Los investigadores sospechan que los tres detenidos avisaron a Sarkozy de la intervención judicial de su teléfono a raíz de la investigación sobre el escándalo de la financiación libia de su campaña electoral.
Como expresidente de la República, Sarkozy no se halla amparado por inmunidad jurídica alguna y su suerte depende ahora de los distintos escenarios que barajan los investigadores y de la decisión de los magistrados a cargo de la investigación. El expresidente podría salir indemne del proceso, tanto como adquirir el estatus de testigo asistido, que lo mantendría vinculado a la causa pero impediría que se lo tuviera por responsable directo o indirecto de una eventual infracción a la ley, y, en el peor de los casos, ser procesado por los jueces de instrucción.