La Corte de La Haya se declara competente para resolver el conflicto entre Bolivia y Chile

La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) se declara competente en la demanda marítima de Bolivia, que históricamente exige a Chile un acceso al Pacífico.

La Haya ha resuelto seguir adelante con el litigio entre Bolivia y Chile por el acceso al mar. Los 14 magistrados de La Haya votaron a favor de la competencia de la corte para seguir con la demanda presentada por Bolivia en contra de Chile. Dos magistrados votaron en contra.

La decisión es favorable a Bolivia, ya que implica que el proceso continuará. Si la Corte se hubiera declarado incompetente, el proceso habría concluido, obligando a Bolivia buscar otras vías para satisfacer su reclamación.

Bolivia presentó sus argumentos ante La Haya el 23 de abril de 2013, situando a Chile ante una disyuntiva: o preparar sus contraargumentos e iniciar el proceso; o bien presentar una objeción preliminar, cuestionando el ámbito de competencias de la CIJ para examinar esta disputa territorial histórica. Chile escogió el segundo camino, pero el fallo de La Haya desestima ahora su objeción.

El conflicto

Bolivia perdió su acceso al Pacífico durante la guerra de 1879–1883 contra Chile que, tras las hostilidades, se anexionó el Departamento del Litoral, que actualmente forma parte de la región chilena de Antofagasta. El Tratado de 1904 estableció la entrega de esta región a Chile a perpetuidad.

Desde entonces Bolivia ha intentado revertir la situación, como en las conversaciones de 1950, con el Acuerdo de Charaña de 1975 o en el marco de las negociaciones entre el presidente boliviano, Evo Morales, y su homóloga chilena, Michelle Bachelet, durante su primer mandato. Tras el fracaso de las negociaciones, Bolivia decidió acudir a la Corte Internacional de Justicia el 24 de abril de 2013.

Chile argumenta que la jurisdicción de la CIJ se remonta al año 1948 y que, por lo tanto dicha corte no puede resolver un litigio sobre un acuerdo firmado en 1904. Bolivia insiste en que no cuestiona el tratado en sí, sino que aspira a que Chile cumpla con varias promesas sobre la concesión de un corredor al Pacífico, como las que establecía el Acuerdo de Charaña, nunca concretado.