En otras palabras, que sin las reformas adecuadas -entre las que incluyo la superación equilibrada de nuestros graves bloqueos políticos- la deseada expansión de la economía de Salta no reportará ningún beneficio a nuestros comprovincianos menos favorecidos y muchos a quienes ya tienen demasiado.
Pero ¿qué es la trampa de la pobreza? ¿En qué consiste? Lo que en la ciencia económica se llama trampa de la pobreza es un mecanismo que hace muy difícil que los individuos escapen de la pobreza. Existe tal trampa cuando un sistema económico determinado, mediante la combinación de factores crónicos y de otros no circulares, exige una cantidad significativa de capital para obtener las ganancias suficientes que permitan a las personas escapar de la pobreza. Cuando a los individuos les falta este capital, cuando encuentran dificultades para adquirirlo, se crea un ciclo de la pobreza que se refuerza continuamente a sí mismo.
Tenemos que saber que si soñamos con una Salta desarrollada, estamos obligados a superar primero el círculo de la pobreza, que no es, como algunos creen, la mera ausencia de medios económicos, sino más bien el perverso resultado de una combinación de factores, como el acceso limitado al crédito y a los mercados de capitales, la degradación medioambiental extrema, la corrupción en el gobierno y en las empresas, la volatilidad del capital, los sistemas educativos pobres, las carencias del sistema público de salud o una red de infraestructuras atrasada e insuficiente, por solo mencionar a algunos.
La pobreza en Salta, como ocurre en los espacios más atrasados del planeta, además de ser una pobreza estructural es también una pobreza generacional, pues se transmite a través de las generaciones, con el agravante de que las posteriores son mucho más pobres y están más amenazadas de exclusión que las que las precedieron.
Se ha dicho con alguna insistencia que, para escapar de la trampa de la pobreza, a las personas que la sufren se les debe proporcionar ayudas suficientes para que puedan adquirir la masa crítica de capital necesario para salir de la situación en la que viven. Esta teoría de la pobreza ayuda a explicar por qué ciertos programas de ayuda, que son tan comunes en los gobiernos actuales pero que no proporcionan un nivel de apoyo suficientemente alto, pueden resultar ineficaces para sacar a las personas de la pobreza. Si los que viven en la pobreza no adquieren la masa crítica de capital de la que hablamos, entonces simplemente seguirán dependiendo de la ayuda de forma indefinida y su vida experimentará un retroceso si la ayuda se termina.
Las reformas estructurales son imprescindibles para luchar exitosamente contra la pobreza; pero como no podemos acometer todas las reformas necesarias al mismo tiempo, tenemos necesariamente que elegir alguna para empezar.
Puede parecer arriesgado este enfoque, pero si echamos un vistazo a los principales problemas sociales que padece Salta, veremos que entre los más acuciantes (de los muchos que condenan a una parte significativa de nuestra población a la pobreza) se encuentra la deficiente salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas y las carencias del sistema público de salud, el que debiera atender a todas las personas en condiciones de igualdad y con una calidad aceptable.
Una reciente investigación del National Bureau of Economic Research, titulada Barriers to Health and the Poverty Trap (2013) ha puesto el foco en el papel (hasta ahora poco estudiado) del sistema sanitario en la perpetuación de la trampa de la pobreza. Esta investigación ha puesto de manifiesto que aquellos países con peores condiciones de salud tienden a estar sumidos en un ciclo de pobreza, en comparación con otros con logros educativos similares.
Investigadores de la Universidad de Gainesville en Florida, que recopilaron datos económicos y de enfermedades de 83 de los países más y menos desarrollados del mundo, han descubierto que las personas que viven en áreas en donde las enfermedades de seres humanos, animales y cultivos son limitadas han podido salir de la trampa de la pobreza, en comparación con las personas que viven en áreas afectadas por enfermedades de rápido desarrollo y sin control.
Estas investigaciones nos demuestran que cualquier política seria de combate contra la pobreza debe contemplar, con carácter prioritario, reformas y mejoras del sistema público de asistencia sanitaria que no solo apunten a la equidad en la distribución de los recursos y las prestaciones sino que estén también orientadas a la máxima calidad.
Pero reformas y mejoras de este tipo no se han producido en Salta, ni siquiera frente al desafío de la pandemia. Al contrario, el avance casi imparable de la enfermedad no solo ha puesto de manifiesto la aguda debilidad de nuestro sistema sanitario público (de la red hospitalaria) sino también la enorme distancia de calidad que separa a la medicina pública de la privada, incluida en este caso la red de centros sanitarios que dependen del sistema de obras sociales sindicales. La igualdad en el disfrute del derecho a la salud se encuentra, pues, visiblemente rota en Salta.
Es verdad que en los últimos meses el gobierno ha ampliado la capacidad de internación de algunos hospitales y que se han construido nuevas salas. Pero no solamente nos faltan médicos, enfermeros y equipos en los lugares en donde más se los necesita sino que también enfrentamos la escasez de otros recursos clave (como la sangre o los medicamentos, por ejemplo), cuya falta o deficiente gestión termina por hacer del nuestro un sistema sanitario frágil y desequilibrado.
El Estado: inversor social
A lo largo de los últimos años se ha abierto camino la idea de que una renta básica universal e incondicional puede contribuir de modo significativo a la eliminación de la pobreza. Muchas personas saben que soy partidario de la implantación de esta renta, no solo como un mecanismo para romper el círculo de la pobreza sino, especialmente, como una herramienta eficaz para el desarrollo de la economía.La idea de que las políticas gubernamentales dejen de ser factores que aseguren la pervivencia ilimitada de la trampa de la pobreza y en el futuro veamos a los gobiernos convertidos en grandes inversores sociales no solo demanda un estudio serio sobre la viabilidad de la renta básica universal e incondicional sino que requiere también un cambio de enfoque, parecido al que propone el profesor Jeffrey SACHS en su libro The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time (2005).
En este libro, SACHS recomienda, como una forma de combatir la trampa de la pobreza, que las diferentes agencias del gobierno que hoy se dedican a la ayuda social, funcionen como capitalistas de riesgo y se dediquen casi exclusivamente a financiar empresas de nueva creación.
SACHS propone también que, al igual que lo que sucede con cualquier otra empresa emergente, los países en desarrollo reciban la cantidad total de ayuda necesaria para comenzar a revertir la trampa de la pobreza.
En esta obra, el profesor norteamericano identifica seis tipos principales de capital del que los pobres extremos carecen absolutamente: capital humano, capital comercial, infraestructura, capital natural, capital institucional público y capital del conocimiento.
Según SACHS, los pobres comienzan con un nivel muy bajo de capital por persona y luego se encuentran atrapados en la pobreza porque la proporción de capital por persona en la realidad tiende a disminuir de generación en generación. La cantidad de capital por persona disminuye cuando la población crece más rápido de lo que se acumula el capital. Desde el punto de vista de la teoría económica, el gran interrogante del crecimiento del ingreso per cápita es si la acumulación neta de capital es lo suficientemente grande para mantenerse al día con el crecimiento de la población.
Aquí es donde juega un importante papel el Estado.
El profesor SACHS sostiene que los gobiernos deberían concentrar sus esfuerzos en inversiones de capital humano (salud, educación, nutrición); infraestructura (carreteras, energía, agua y saneamiento, conservación del medio ambiente); capital natural (conservación de la biodiversidad y los ecosistemas); capital institucional público (una administración pública, un sistema judicial y una fuerza policial bien administrados); capital del conocimiento (investigación científica para la salud, para la energía, la agricultura, el clima o la ecología).
Por otro lado, las inversiones de capital empresarial -dice SACHS- deberían estar reservadas a los agentes privados de la economía, pues estos están mejor preparados para emplear los recursos de manera más eficiente y ayudar al desarrollo de las empresas rentables que son necesarias para sostener el crecimiento y hacerlo de una forma suficiente para sacar de la pobreza a toda una población.
Desconfiar de las soluciones mágicas y las populistas
Como hemos podido comprobar, para acabar con la trampa de la pobreza hace falta algo más que el mero voluntarismo político. Los gobiernos pueden hacer mucho más de lo que hacen, y si no lo consiguen no es tanto porque falten los conocimientos adecuados sino porque muchos, por cálculos electorales de coyuntura o por proyectos de poder a largo plazo, están mucho más interesados en la reproducción de la pobreza que en su superación.Además de las estrategias que ya hemos visto (la reforma del sistema sanitario público, la renta básica universal e incondicional y la inversión en capital) es preciso que los gobiernos se comprometan en el desarrollo de un marco legal sólido que proteja los derechos económicos básicos de las personas, como el derecho a un nivel de vida adecuado, y proporcione recursos y garantías efectivas para aquellos cuyos derechos económicos sean violados.
Las leyes y reglamentos que necesitamos no son precisamente las que hoy ocupan grandes espacios en la agenda de nuestros legisladores, sino aquellas que tengan como objetivo el de evitar que algunos exploten los sistemas políticos y económicos para beneficiarse a sí mismos a expensas de los derechos de los demás.
La idea de la «calidad institucional», tan deformada en Salta, está en realidad vinculada con el desarrollo económico y la confianza de los agentes económicos en la eficiencia del Estado. Sin instituciones que cumplan debidamente su papel de tutela o equilibrio, el ansiado desarrollo se torna difícil o imposible.
A las nuevas necesidades solo se puede responder con nuevas protecciones. Y esto incluye protecciones y políticas concretas para trabajadores, consumidores, el medio ambiente o contra la discriminación. Las protecciones al trabajo -por solo referirnos a una sola de ellas- deben abandonar las archiconocidas técnicas de intervención regulatoria en los mercados laborales tradicionales, en los que concurren mayormente trabajadores asalariados y sindicalizados, y proyectarse sobre los nuevos trabajadores, las nuevas realidades productivas y las nuevas formas de trabajar.
Los nuevos derechos y las nuevas protecciones deben ser, además, universales, pues en un sistema económico global, cada vez más integrado, la respuesta a las nuevas necesidades debe expandirse más allá de las fronteras. Todos los trabajadores que producen en una cadena de valor mundial deben estar protegidos contra los abusos laborales. Y los gobiernos deben monitorear y hacer cumplir estas leyes, tanto a nivel nacional como internacional.
Además de aumentar el gasto en una variedad de programas sociales (atención médica, educación, formación para el trabajo y acceso al crédito) que ya hemos visto, los gobiernos deben hacer esfuerzos por mejorar la transparencia y la supervisión, con el fin de erradicar la corrupción y las prácticas derrochadoras que les quitan recursos a las personas que más los necesitan.
Los ciudadanos debemos, por tanto, aprender a distinguir entre los buenos propósitos, entre la declamación de las grandes reformas que se lanzan al aire solo para ganar votos y congraciarse con las grandes masas, y las medidas decididamente orientadas a modificar la realidad y ayudar sinceramente a grandes bloques de población a superar la trampa de la pobreza.
Debemos desconfiar especialmente de los grandes planes -más aún si son oficiales- pues este tipo de instrumentos generalmente prometen crecimiento y desarrollo pero por puro cálculo ideológico no proponen reformas sociales reales, para que el fruto de la expansión de la economía beneficie equitativamente a quienes se esfuerzan por producir la riqueza.