Salta: Una ciudadanía poco exigente, centrada en los derechos e ignorante de las responsabilidades

En diciembre de 1983, cuando la Argentina recuperó -a medias- la normalidad institucional y comenzó la tarea de abrir espacios para el ejercicio de unas libertades poco conocidas y de difícil construcción, los gobernadores de Salta se plantearon objetivos mucho menos ambiciosos, como durar lo más posible en el cargo o imitar el estilo mayestático de algunos de sus predecesores.

Ninguno de los que gobernaron desde entonces -con alguna honrosa excepción- se preocupó por buscar y encontrar nuevos significados a la idea de ciudadanía, hasta el punto de que la Constitución de 1986 fue en su momento, y todavía es considerada así, el producto de una concesión graciosa de un Gobernador inquieto que, sin embargo, se caracterizó por un compromiso casi nulo con las libertades públicas y la calidad institucional.

Los mandatarios que le siguieron buscaron, en su mayoría perfeccionar un modelo de mando basado más en la obediencia que en el consenso, poniendo más énfasis sobre determinados aspectos estéticos de su gestión de gobierno que en las necesidades del conjunto social.

Algo de esto le ha pasado al actual Gobernador de la Provincia, a quien después de largos años de anhelar de forma casi enfermiza parecerse a su antecesor y superar sus cotas de poder, le ha tocado la mala suerte de encontrarse de frente con una sociedad que había cambiado, bien es cierto que no tan profundamente como hubiese sido deseable, pero que a poco de andar ya era muy diferente a la que permitió al anterior Gobernador reinar como un auténtico sultán durante más de doce años.

Después de diez años del comienzo del primero de sus tres mandatos, se puede decir sin miedo que el actual Gobernador no ha sabido reaccionar y salir de la trampa que le tendió el destino. Si se examinan con cuidado cada una de las decisiones suyas, sobre todo las más recientes (hablo de las que son públicas y conocidas por todos), se puede ver con claridad que Salta está gobernada hoy por una elite preparada, en el mejor de los casos, para lidiar con una sociedad que ya no existe.

¿Por qué entonces el gobierno, en vez de haber caído, se mantiene?

Una parte de la explicación se debe buscar en la obsesión del actual Gobernador por mantener su poder a toda costa, lo cual no es malo de suyo, a no ser por el pequeño detalle de que en la perpetuación de su mando, en su descompuesta búsqueda de la hegemonía, se esconden las razones de un significativo atraso ciudadano, que por supuesto tiene causas más complejas, pero que está relacionado más o menos directamente con las necesidades coyunturales del poder.

Dicho en términos parecidos, al actual Gobernador no le ha interesado nunca ni parece que vaya a interesarle en algún momento de su vida expandir el mapa de la ciudadanía sobre un lienzo más amplio y contribuir a erigir un sistema coherente de libertades y de acceso a los bienes públicos basado en derechos y responsabilidades.

De forma voluntaria, el actual Gobernador de la Provincia de Salta ha asumido un rol paternalista sobre la sociedad, que podría haber tenido algún sentido hasta finales de la década de los noventa del siglo pasado, pero que casi al final de la segunda década del presente seguramente no tiene ya ninguno.

Su paternalismo antiguo queda retratado en el hecho de que, en materia de derechos y libertades, el Gobernador ha asumido el rol de intérprete y ejecutor directo de las previsiones constitucionales. Los derechos establecidos por la carta magna provincial no necesitan, a su juicio, desarrollo legislativo (es decir, la regulación efectiva por medio de la voluntad popular) sino que es su propia y graciosa voluntad la que concede estos derechos y, además -como el propio gobierno suele decir- los «garantiza».

Pero estos derechos, además de ser endebles (en cuanto no dependen más que del capricho del gobernador y en última instancia del activismo judicial), son además escasos y poco efectivos para una sociedad cuya complejidad ha crecido notablemente en los últimos quince años.

Es precisamente este enfoque sesgado de la democracia y de la ciudadanía como productoras exclusivas de derechos lo que ha abierto una brecha enorme entre el Gobernador y los gobernados. El virtual monopolio que ostenta el Gobernador de la Provincia sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos ha hecho, como no podría ser de otro modo, que el grueso de las demandas sociales reviertan sobre él y que su gobierno colapse del modo tan estrepitoso con que lo ha hecho.

Perdido en su laberinto, el primer mandatario salteño parece ignorar que el primer derecho ciudadano es el derecho a la responsabilidad y que en ausencia de esta todos los demás derechos no valen para nada. Para decirlo de otra forma, el actual Gobernador, convencido de que su papel es el de un moderno Tata Miguel, ha fomentado la emergencia de una ciudadanía discretamente reivindicativa pero notablemente irresponsable, en la medida en que el salteño medio piensa que el ser ciudadano no conlleva ni el ejercicio de la responsabilidad ni el cumplimiento de deberes.

Al reducir intencionadamente los márgenes de autonomía de la sociedad y de los individuos, el Gobernador de Salta ha propiciado el retroceso calculado de la idea del deber y de la responsabilidad social, que es, junto a la de los derechos, el principio definitorio de la ciudadanía.

Como afirma Andrew DOBSON, la llamada «ciudadanía poscosmopolita» es uno de los fenómenos más visibles del proceso de remoralización de la política que tiene lugar en el mundo occidental y que está relacionada con la rehabilitación de la virtud, en el lenguaje y en la práctica de la política.

En este sentido, se puede decir que el actual Gobernador de Salta ha disparado en la dirección equivocada, al ignorar la remoralización de la política con sus prácticas atávicas y al pervertir el lenguaje de una forma peligrosa e irresponsable, empeño al que ha dedicado, como sabemos, sus mejores recursos.

La reciente crisis provocada por las inundaciones en vastas extensiones del territorio habitadas por personas extremadamente pobres y vulnerables ha puesto de manifiesto, como quizá nunca antes, el carácter paternalista del Estado y su alarmante falta de compromiso con el desarrollo de una ciudadanía autónoma y comprometida.

No es para nada novedoso concebir a la ciudadanía como un contrato entre el ciudadano y el Estado, en el que el ciudadano reivindica derechos contra el Estado, pero en virtud del cual el ciudadano también se compromete a contribuir con los fines del Estado, pagando impuestos, por ejemplo, educándose, cuidando de su salud o buscando trabajo cuando está en situación de desempleo o cooperando con sus semejantes que se hallan en situación de necesidad. Desde esta visión contractualista de la ciudadanía, solo en el contexto de esta reciprocidad se ganan los derechos.

Tras diez años de gobernar con herramientas diseñadas para una sociedad que ya no existe, el gobierno se ha visto de golpe inerme, porque allí donde necesitaba una sociedad fuerte, de ciudadanos responsables y comprometidos, se encontró con una confederación de individuos desvertebrada, cuya suerte solo depende del acierto de un Estado omnipresente pero carente de recursos y de herramientas de intervención adecuadas.

Lo peor de todo, quizá, es que al anunciar el Gobernador su compromiso de reconstrucción, no dio a entender en ningún momento que su voluntad sea la de superar este modelo de ciudadanía fragmentada, librada a la solidaridad natural, en la que el paternalismo y los pseudoderechos ocupan el lugar de las libertades, la autonomía, la responsabilidad y el servicio.

Antes al contrario, ha dado a entender que su gobierno está empeñado en una restitutio in integrum; es decir, un regreso al statu quo anterior (la miseria, con pequeñas correcciones) y que en esta línea sus políticas de sacralización del esperpento cuentan con el visto bueno de los «caciques».

Si las personas vulnerables, por causa de su propia vulnerabilidad, no son capaces de organizarse para disfrutar de sus derechos (para reivindicarlos, en su caso) y para cumplir con sus deberes para con el resto de sus semejantes, es obligación del Estado ayudar y promover esta organización y no llenar los huecos producidos por su ausencia, como si quienes viven en esta situación tan angustiosa fuesen, para siempre, menores de edad urgidos de tutela.

Al Estado (al gobierno) en diálogo abierto con los sectores sociales más dinámicos le corresponde ahora definir un modelo explícito de relaciones humanas en el que encuentren su marco las interacciones entre los ciudadanos y el Estado. De nada vale ya lo que tenemos. No le vale al gobierno, que cada día tiene más poder pero puede alcanzar menos objetivos de los que se propone, y menos le vale a los ciudadanos, que pueden hacerse la falsa ilusión de disfrutar de más derechos, pero que al mismo tiempo tienden a pensar en el Estado como «el» antagonista por antonomasia, antes que darse cuenta de que los derechos que necesitan para vivir se ganan ejerciendo la responsabilidad de contribuir, con sensatez y responsabilidad, a los fines del Estado.

Lamentablemente, la identificación total del Estado con el gobierno parece haber convencido a los ciudadanos de que los esfuerzos que dirigen al conjunto social benefician al gobierno y a los gobernantes, y por eso los escatiman. El gobierno no puede, de aquí en más, aspirar a monopolizar al Estado como lo ha venido haciendo hasta ahora.

La tarea es enorme pero impostergable. Si de verdad queremos salvar a la democracia y vivir en una sociedad un poco más justa, en la que los derechos no dependan de la voluntad y del buen humor de un solo hombre (sea gobernador o sea juez) lo que se necesita es dejar paso a esa «sociedad postcosmopolita» de la que habla DOBSON y sostener la existencia de obligaciones ciudadanas, incluso no recíprocas y unilaterales, claramente distinguidas de las obligaciones humanitarias y de los deberes del buen samaritano.

En este punto en concreto viene fallando el Gobernador de la Provincia desde hace muchos años, pero con la crisis de los inundados sus errores en materia de ciudadanía han quedado de manifiesto en todo su esplendor. Si hubiera actuado antes (y actuar antes no significa construir puentes, carreteras o desagües) es casi seguro que la crisis de los inundados del norte se habría resuelto en base a una combinación equilibrada entre compasión y cuidado (que no son exactamente virtudes ciudadanas) por un lado, y responsabilidad social y solidaridad organizada, por el otro, atributos que forman parte del contenido moral mínimo de la idea de ciudadanía.