Desde los años 30 del siglo pasado, la izquierda (dogmática o libertaria) ha ocupado un espacio marginal en la política salteña. Los intentos de construir, desde la izquierda, un espacio democrático y mayoritario de progreso social han tropezado, sucesivamente, con el fascismo primitivo, con la vocación autocrática del peronismo, con la deriva violenta del mesianismo armado de los años 60 y 70, y, últimamente, con el bolivarianismo moderado del tardokirchnerismo.
El gran problema de nuestra izquierda es que estos factores históricos son, en realidad, acumulativos y que, de tanto en tanto, emerge una figura que los resume a todos ellos en una sola persona.
En Salta, no hay dudas de que esa persona es Juan Manuel Urtubey.
Así como es evidente que Juan Carlos Romero y Alfredo Olmedo representan a la tradicional derecha mezquina y chabacana, enemiga de las clases populares, es mucho más evidente todavía que para la izquierda el auténtico peligro es Urtubey, cuya capacidad para disfrazarse y destruir a la oposición política constituyen amenazas mayúsculas a la libertad y el sistema democrático.
El votante salteño de izquierdas tiene pocas opciones, es verdad. Pero la más segura de todas es votar en contra de Urtubey y de sus candidatos.
A continuación, efectuaremos un somero repaso de los hechos y situaciones que revelan la frontal contradicción entre las políticas de Urtubey y los valores e ideales tradicionales de la izquierda.
La primera razón es que ha sido Urtubey quien en ocho años de gobierno ha llevado a la Provincia de Salta a sus más altas cotas de desigualdad social. Las diferencias entre pobres y ricos nunca han sido tan asombrosamente inmorales como ahora. En los últimos ocho años, los privilegios de clase -que se creían extinguidos- han experimentado un notable avance.
La segunda razón es que el principal aliado de Urtubey en el gobierno es la iglesia católica, que no solo le proporciona los recursos humanos, sino también define la agenda y traza la hoja de ruta, que su gobierno cumple a rajatabla.
La tercera razón es que Urtubey, bajo la máscara del progresismo, ha practicado una política regresiva en materia de Derechos Humanos, renunciando a la ampliación de la esfera de libertades públicas y reduciendo la dimensión de aquellas políticas al regalo demagógico de anteojos y dentaduras postizas.
La cuarta razón es que Urtubey, con excusas varias, ha duplicado el número de policías, reforzado diez veces la capacidad represiva del aparato del Estado y reformado el procedimiento penal para anular con más facilidad las garantías que protegen la libertad de las personas.
La quinta razón es que Urtubey dirige el que probablemente sea el gobierno más machista y misógino de toda la historia de Salta. Las mujeres han visto retroceder sus derechos, rebajada su protección y descubierto que el gobierno es capaz de pasar del discurso y los gestos machistas a los hechos, en cuestión de segundos.
La sexta razón es que Urtubey ha anulado la eficacia del Estado, aumentando de modo irracional el número de agentes públicos, creando ministerios y oficinas inútiles, sin cometido ni contenido. Al mismo tiempo ha poblado los altos cargos con amigos y parientes, incapaces de comprender el papel que le cabe al Estado en la corrección de los mecanismos del mercado.
La séptima razón es que durante el gobierno de Urtubey el empleo se ha hundido. Que Salta es la provincia argentina que registra la mayor cantidad de trabajadores sin protección ni derechos sociales y en donde el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por diseñar una política de empleo y formación profesional acorde con los tiempos y las necesidades de los que solo pueden vivir de las rentas de su trabajo.
La octava razón es que Urtubey ha contribuido a profundizar la fractura de la solidaridad en Salta, utilizando al Estado como una maquinaria clientelar y fidelizadora, antes que como un instrumento eficiente de redistribución de la riqueza. La donación de grandes extensiones de tierra a la Iglesia y otras organizaciones no especialmente necesitadas así lo demuestra.
La novena razón es que, bajo el gobierno de Urtubey, la sanidad y la educación públicas han alcanzado los mínimos históricos de calidad y organización. La mala gestión del gobierno demuestra que no hace falta aplicar criterios neoliberales para destruir las instituciones básicas del Estado del bienestar.
La décima razón es que durante el gobierno de Urtubey la corrupción ha alcanzado niveles industriales. En este concepto se incluyen no solamente conductas con relevancia penal, sino una multiplicidad de situaciones de amiguismo y utilización prebendaria de los recursos del Estado.