Cualquiera puede darse cuenta, por sus destempladas reacciones, que el señor Abel Cornejo Castellanos, ha experimentado en pocos días, y por dos veces, el amargo sabor de la derrota.
Sin necesidad de acudir al auxilio de los polivalentes y sagaces psicólogos del Poder Judicial de Salta, amenos dibujantes de personalidades retorcidas, se podría afirmar que detrás de cada una de las palabras del Procurador General se oculta la atrabiliaria espuma que en ciertas ocasiones sube por las fauces del mal perdedor.
Quien hoy se presenta ante los ciudadanos como el mero jefe administrativo de los fiscales, con cara de no haber roto jamás un plato, estuvo comprometido hasta el tuétano en la fallida operación fiscal que tenía (y aún tiene) como objetivo excluyente meter en la cárcel, a cualquier precio, al ciudadano Nicolás Cajal Gauffin.
Bien es verdad que los fiscales investigan y su jefe solo controla que cumplan los horarios, que lleven el pelo corto y mantengan las uñas limpias, pero es prácticamente indiscutible que los fiscales del caso Jimena Salas investigaron el asunto en la dirección que les había señalado de antemano, con puño de hierro, su elusivo y distante jefe administrativo.
Cuatro de los seis fiscales designados para investigar cometieron la torpeza de no suscribir con obediente alegría las hipótesis criminales de su superior. Por esta razón fueron reemplazados, cesados, condenados al ostracismo y expedientados de forma bochornosa. Así funciona un buen jefe administrativo en Salta: señalando primero al presunto culpable y solo después buscando las pruebas que lo incriminen. Jamás a la inversa.
Desde que el señor Cornejo, por razones que solo él conoce, asumió el papel de enemigo número uno de la violencia criminal contra las mujeres, ha intentado colocar por delante a unas muertas, dejando a otras en la cuneta. Su obstinación por capturar a los femicidas es, sin dudas, muy pero que muy selectiva.
Aunque en su momento se intentó deformar la verdad y ocultar las tensiones internas, cuando a la Corte de Justicia de Salta -integrada entonces por el hoy sorprendente jefe administrativo- llegó el tristísimo asunto de la violación, torturas y homicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, quien hoy ejerce como Procurador General de Salta y enemigo jurado de los criminales femicidas, votó por conceder el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación al criminal Gustavo Lasi, el único condenado en juicio contradictorio en base a pruebas científicas irrefutables; y con su firma le denegó el mismo recurso a Santos Clemente Vera, el jardinero sanlorenceño a quien una impresentable manipulación argumental en una oscura sala del Tribunal de Impugnación condenó a cadena perpetua, sin juicio y en base a un expediente idéntico al de la primera instancia.
Desde entonces, y aun antes, quien hoy ejerce como Procurador General de la Provincia de Salta se ha mostrado, por activa y por pasiva, sospechosamente reticente a admitir que los asesinos de Bouvier y Moumni (al menos tres de ellos) se encuentran en libertad, muy cerca de nosotros. Jamás ha tenido la iniciativa de propiciar la reanudación de las investigaciones para dar con los autores de aquel horrendo crimen, como tampoco se ha preocupado por hallar a los que apuñalaron hasta la muerte a Jimena Salas.
Si llegara a ser comprensible que el Procurador General se pregunte qué callos ha pisado con la imputación del viudo, qué intereses ocultos entorpecen la investigación del crimen de Jimena Salas, quiénes son los que no toleran que los fiscales metan sus narices en este asunto, debería la ciudadanía preguntarse también a quién se pretende proteger cuando desde las instituciones se niega la posibilidad de volver a abrir la investigación del crimen de las turistas francesas. En otras palabras, de quiénes son esos callos tan sensibles que el Procurador General no quiere pisar.
El señor Cornejo llegó al extremo de considerar una fatalidad menor que la imagen de las instituciones de la Provincia de Salta -especialmente de sus instancias judiciales- sufriera un enorme deterioro en la opinión pública europea a causa de los errores y las trapacerías de ciertos magistrados. Para él, el doble homicidio de las turistas francesas es, sin dudas, un asunto fenecido en la jurisdicción provincial, y en torno a él y a la verdad de lo ocurrido no hay ningún atisbo, ningún anuncio, ninguna intención de llevar el asunto a instancias internacionales o de investigar hasta la últimas consecuencias. Europa está muy lejos para él, de modo que es muy fácil trazar una línea y determinar que para unas muertas hay justicia sin límites internacionales, y para otras -desgraciadamente- cualquier esfuerzo por hacer resplandecer la verdad termina en el portezuelo.
Probablemente ocurra así porque los franceses ofendidos y dolidos por el crimen no han acudido a la embanderada oficina fiscal a hacerse con el jefe administrativo la foto de rigor, ni han tenido nunca intención de prestarse al juego mediático del narcisista de turno que busca colocarse en la carrera para Gobernador de Salta.
Les ha pasado lo mismo a los hermanos Marisa y Gustavo Peñalva, traicionados después de que en un gesto de buena voluntad (ellos sí) acudieran a sacarse la foto. Unos meses más tarde, a los hermanos les cayó una cautelar impulsada por el mismo Cornejo que no les permite acercarse a la Ciudad Judicial.
Es bueno y oportuno recordar que quien ahora amenaza con llevar a las más altas instancias internacionales la precaria investigación fiscal del asunto de Jimena Salas (en la que ni siquiera hay una aproximación indiciaria al autor del crimen), avaló a través de sus subordinados que los estudios periciales de la escena del crimen y de las evidencias halladas en torno a los cadáveres de Peñalva y Nuesch, que se realizaron en los Estados Unidos por profesionales experimentados, no fueran incorporados al expediente judicial en Salta. Otra vez, estamos ante una internacionalización selectiva de los asuntos penales. Cuando conviene, vamos hasta La Haya; pero cuando no conviene, hacemos todo lo posible porque el asunto muera en Cerrillos.
Parece poco menos que evidente que para obtener el compromiso del Ministerio Público Fiscal en la investigación de un crimen hay que sintonizar la misma frecuencia en la que resuena el hiperdesarrollado ego del Procurador General. Si las víctimas y dolientes no consiguen la simpatía del ilustre jefe administrativo (generalmente en forma de fotografía oficial), si no le bailan el agua y le reconocen públicamente su asombrosa imitación del Llanero Solitario, es más que probable que el crimen no se esclarezca nunca y que las víctimas jamás obtengan justicia. Así funcionan las cosas en Salta desde mayo de 2019 en adelante.
Va a estar muy interesante ver cómo los fiscales de Salta llevan a la Corte federal un asunto en el que lo primero que salta a la vista es que el asesino, el autor de las puñaladas, aún no ha sido identificado pero ni de lejos. Solo se ha enjuciado a un presunto encubridor (hoy absuelto) y a un presunto campana (también absuelto), y se ha hecho sin ningún éxito. Que un tribunal superior revierta estas absoluciones, por la entidad de los delitos imputados, es bastante difícil cuando no improbable: Se requiere de un segundo juicio y de la aparición de nuevas pruebas muy contundentes. El juicio que se ha celebrado y las pruebas que han podido reunir los acusadores en casi cuatro años de investigación hoy por hoy son insuficientes.
Lo peor de todo, es que el Procurador General no solo no parece dispuesto a admitir la derrota judicial sino que tampoco parece inclinado a reconocer que la derrota mediática ha sido igualmente contundente. Él mismo ha utilizado recursos públicos (dinero del Estado) para lanzar una operación mediática de gran envergadura, primero en contra de los acusados, después contra sus abogados y un poco más tarde contra los mismos jueces. Las ofensas e insultos proferidos contra los jueces Federico Diez y Javier Armiñana Dohorman en determinados medios de comunicación han constituido episodios vergonzosos en nuestra historia judicial.
La obstinación personal de un magistrado no puede embarcar a todo un sistema judicial y llevarlo directamente hacia el naufragio, no ya por decoro institucional, sino por razones estrictamente económicas. Seguir insistiendo en la culpabilidad periférica de dos personas a las que nada vincula con el crimen significa gastar más dinero, un dinero que se podría gastar mejor si el esfuerzo fiscal -incluido el irreductible amor propio del jefe administrativo- se orientara de una buena vez hacia el hallazgo de la persona que acabó con la vida de Jimena Salas la fatídica mañana del 27 de enero de 2017.