Es imposible negar que las obras anunciadas ayer por el Gobernador son necesarias. Algunas lo son tanto, que no se entendería que este gobierno, estrenado en diciembre de 2019, agotara su mandato sin siquiera haberlas intentado.
Pero el problema aquí es que el anuncio de Gustavo Sáenz se produce en un año electoral y -tal como está el patio- cualquiera puede entender los anuncios como el kick off de la campaña proselitista del gobierno.
Hay quien entiende la tarea de gobernar a Salta como la de administrar un gran corralón de materiales de construcción. Para estas personas, el Gobernador debe ser un hornero (apodo que se ganó Ricardo J. Durand por su conocida afición por el cemento) y que sus ministros -todos- deben ejercer de aparejadores o maestros mayores de obra.
Para esta clase de personas, hacer política es malo per se. El que gobierna no debe ensuciarse y ceder a la tentación de internarse en la política con sus decisiones. Para demostrar que uno ejerce el poder de forma legítima e irreprochablemente moral, hay que renunciar a la política, enfundarse el overol y enfocarse en las obras.
Sin embargo, no hay nada peor que intentar colocar a las obras por encima de la política. Porque es innegable que con las obras se hace política y que con la política se hacen obras (aquellas que son necesarias para todos y que ningún agente privado se animaría a hacer sin poner en riesgo su propia esencia).
Por otro lado, es innegable que Salta necesita desarrollarse y achicar la brecha que lo separa de otras provincias argentinas y de otras regiones del continente.
El objetivo de desarrollar a Salta no es compatible con la estrategia de subdesarrollo político que parece haber desplegado el gobierno provincial. Las medidas que se adoptan para superar nuestro atraso económico deben estar precedidas por decisiones y gestos que apunten hacia el mejoramiento global de la vida pública, comenzando por definir claramente quiénes son los que ocupan espacios alrededor del gobierno y quiénes son los que encarnan la oposición.
Cualquier inversor internacional, antes de desembolsar un centavo, intenta obtener información acerca de la ecuación política fundamental del territorio en el que pretende invertir. Tener las cosas claras en este aspecto es fundamental para cualquier operación de transformación de nuestras estructuras económicas.
Si los potenciales inversores ven que en Salta no está clara la conformación del grupo gobernante, que alrededor de él giran tribus de muy variado pelaje, a veces sin ninguna identidad definida, y que no existe una oposición, reconocida inequívocamente por los ciudadanos y claramente enfrentada al gobierno, sino pequeñas estructuras que hoy están en contra y mañana a favor, no por convicción sino por pequeñas concesiones particulares, los potenciales inversores saldrán huyendo en busca de horizontes más previsibles.
Para los salteños es muy difícil explicar que el que durante muchos años fue presidente del principal partido de la oposición hoy es diputado nacional por el partido que gobierna, o que la que fue senadora nacional por el partido que gobierna, hoy disputa la presidencia del principal partido de la oposición.
Incluso pocos salteños alcanzan a comprender que el actual Gobernador de la Provincia, vencedor en una elecciones en las que representó al ala más nítida del macrismo local, hoy sea un sólido aliado del kirchnerismo, o que haya convocado a su gabinete de colaboradores a una buena parte de los funcionarios que sirvieron con lealtad -y se ve que con poca convicción- al Gobernador anterior.
Alguno dirá, por supuesto, que estas cosas poco tienen que ver con la economía, pero se equivocan. En la raíz de todos nuestros problemas económicos se halla nuestra enorme dispersión política. Es deber de este gobierno corregir esta anormalidad, aun antes de decidirse a ejecutar obras, por muy necesarias que estas sean.