En junio de 2018, mareado por los densos vapores del poder, el flamante Procurador General de la Provincia de Salta se prometió a si mismo que el ejercicio de su nuevo cargo sería «inolvidable» en todos los sentidos.
Se trataba del mismo magistrado que solo unos meses antes del «switch» decidido por Urtubey (el cambio de un juez de la Corte por el Procurador General, y viceversa) había firmado un escandaloso voto particular contra la histórica sentencia del juez Marcelo Domínguez sobre la inconstitucionalidad de la enseñanza compulsiva de religión en Salta; el mismo -por cierto- que denegó el acceso al recurso extraordinario federal al condenado Santos Clemente Vera y dijo a quien quisiera escucharlo que él fue el único que lo había concedido.
El recién designado se envolvió pronto en la bandera del feminismo radical, blandió el estandarte de lo políticamente correcto, y anunció que había llegado a la cúspide de su carrera para poner fin a la impunidad del asesinato de mujeres en Salta.
Pero el Procurador General no trató a todos los asesinatos de mujeres por igual ni mucho menos. Se puso al frente de la investigación de aquellos cuyas familias apoyaban al gobierno de Urtubey y dio claramente la espalda a horrendos crímenes, como los de Cassandre Bouvier, Houria Moumni, Luján Peñalba y Yanina Nuesch, cuyas familias cuestionaron abiertamente los manejos del Gobernador que lo había designado para el cargo.
Tan convencido estaba del éxito de su papel de justiciero de los valles subandinos que el nuevo magistrado no dudó en echar pesadas sombras sobre el desempeño de su antecesor/sucesor (Pablo López Viñals, hoy juez de la Corte de Justicia) y en enviar a la hoguera a los fiscales Pablo Paz y Rodrigo González Miralpeix, encargados por el anterior Procurador General de instruir la investigación judicial del crimen de Jimena Salas, muerta a puñaladas en su casa de Vaqueros hace hoy cuatro años.
Alrededor del 20 de junio de 2019 -es decir, con las lágrimas por Güemes aún tibias rodando por las praderas del Monumento- el Procurador General cambió dos veces más a los fiscales del caso. Primero fueron los desobedientes Ramiro Ramos Ossorio y Pablo Rivero, defenestrados por no seguir las precisas instrucciones impartidas por el jefe en este caso (léase por no apuntar los cañones contra el viudo de Jimena Salas); y más tarde la pareja integrada por Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt, quienes por orden del Procurador General salieron anticipadamente a los medios de comunicación a ventilar la posible responsabilidad criminal del viudo, cuando en el proceso aún no habían dicho esta boca es mía y el imputado apenas si había podido defenderse.
Después de anunciar a bombo y platillo el desamesetamiento de la investigación criminal y de anticipar que habría «anuncios espectaculares» en la causa, los mediáticos fiscales del caso han solicitado la apertura de juicio oral para el viudo, como presunto encubridor del crimen, y para un vendedor ambulante, como presunto «campana». La espectacularidad de 2019 quedó reducida a la nada en 2021.
La fiesta sensorial anunciada por el Procurador y los fiscales que bailan al ritmo de su música se quedó, pues, estancada en la acusación de dos delitos menores, cuyo enventual juzgamiento y condena no satisface ni de lejos los deseos ciudadanos de verdad y de justicia en un caso tan doloroso como este. En resumen: todo se quedó en un mal chiste.
Si la investigación fiscal fue tan minuciosa y exhaustiva como han defendido los fiscales del caso ¿por qué es que a cuatro años del mortal apuñalamiento de la señora Salas todavía no hay ni la más mínima pista del criminal que empuñó el cuchillo asesino?
¿Se han preocupado los fiscales en algún momento por averiguar la identidad del asesino o es que solo tenían encomendada la tarea de involucrar al viudo a cualquier precio?
El Procurador General, molesto por las críticas que estaba recibiendo a causa de su mal manejo de este asunto, salió como una fiera embravecida a lidiar con abogados, periodistas, opinadores y ciudadanos disconformes. En su irracional embestida intentó llevarse por delante al abogado del viudo (hasta entonces colaborador de los fiscales en la investigación de la autoría del crimen) y llegó a denunciar al letrado ante el INADI por haberle llamado -supuestamente- «esquizofrénico».
Pero -más allá del veredicto que se pronuncie- el hecho de que el viudo se encuentre ahora requerido de juicio por un delito de bastante menor cuantía representa un importante triunfo para su letrado y la confirmación de que este es bastante más sagaz que el Procurador y todo su equipo de fiscales juntos.
Los fiscales sobresalieron por el uso de argumentos más propios de viejas conventilleras de barrio (habladurías, vínculos extraños, amistades ocultas, rencores larvados, conspiraciones secretas) que de profesionales de la ciencia de la prueba, un terreno en el que, por cierto, brilló el abogado defensor del viudo, que denunció una y otra vez el descarado atropello a la presunción de inocencia y el deliberado alejamiento de los instructores de la verdad objetiva para instalar su propia «verdad», construida no sobre hechos demostrados o demostrables sino sobre hipótesis novelescas.
Para muchos es la insoportable vanidad fiscal la que ha colocado obstáculos en el camino hacia la verdad. Los fiscales han convertido el caso Jimena Salas en un caso político en el que se juega el prestigio y la buena estrella de su jefe, frente a la insidia de ciertos poderes fácticos (jamás identificados) que, según el Procurador General, buscan provocar su caída.
Cualquiera sea el final de esta historia, el caso Jimena Salas va a señalar con toda seguridad el punto más bajo de la consideración social, política y jurídica de los fiscales penales de Salta, con el Procurador General a la cabeza.
El tiro les ha salido por la culata. Quisieron convertir a Jimena Salas en una bandera de la lucha contra la violencia de género y al Procurador General en un moderno Llanero Solitario; pero para conseguir ambas cosas era necesario primero meter al viudo en el asunto, en base a suposiciones y a conjeturas más o menos ingeniosas, sin sustento en ninguna prueba. Si el Procurador General fue quien empezó a construir la casa por el tejado, Salinas Odorisio y Torres Rubelt fueron los encargados de rematar los cimientos.
Lo que preocupa en estos momentos es la impresión, bastante extendida, de que la vanidad fiscal se dará por bien satisfecha con el juzgamiento inútil e intrascendente de dos personas que han acreditado suficientemente durante la instrucción que poco y nada han tenido que ver con el crimen.
Y si la vanidad sigue respirando después del juicio, solo puede ser por dos cosas: 1) por que la realidad no les ha dado a los fiscales el baño de humildad que mercecían, o 2) porque después de tantos escándalos y descréditos ya se conforman con cualquier cosa.