El supuesto enfrentamiento entre Romero y Urtubey es una gran comedia que solo tiene por objeto polarizar las elecciones, engañar incautos y despertar a los monstruos dormidos del llamado «voto desprecio».
Por debajo de ese enfrentamiento -que tiene abierto incluso un ancho frente judicial- se suceden los apretones de manos y las caricias ocultas, en forma de prebendas.
Podría ser el caso de la inusual y por ello mismo llamativa convergencia que documenta esta fotografía, tomada durante el acto en que fue formalmente suscrito un documento por el que el gobierno de Urtubey cede gratuitamente en propiedad a la Unión de Rugby de Salta un inmueble que, hasta ayer, era de propiedad del Estado provincial salteño.
Según la información oficial, el documento que con tanto orgullo se exhibe en la fotografía corresponde a una escritura notarial otorgada por el gobierno de Urtubey mediante la cual se pone fin al comodato del citado terreno que benefició a la Unión de Rugby de Salta y se formaliza, a favor de la misma URS, la donación del citado inmueble, que hoy cuenta con 3.000 metros cuadrados cubiertos, un gimnasio, canchas de rugby y una cancha de hockey con piso sintético en construcción.
Festejando la emotiva magnanimidad gubernamental se encuentra el letrado Alberto Raymundo Sosa, tan conocido por sus vínculos con el rugby vernáculo, como por su relación con las causas judiciales en las que se encuentra envuelto el exgobernador Juan Carlos Romero y que han generado (y generan) episodios de abierta tensión con el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
El señor Sosa no solo figura en estas causas como abogado de Romero, sino que en alguna -como el del sonado caso La Ciénaga, en el que se investiga una maniobra inmobiliaria que reportó beneficios multimillonarios- el abogado figura también como imputado.
En efecto, a finales del pasado año 2014, el Fiscal Penal Nº 9, señor Rodrigo González Miralpeix, solicitó al Juez de Garantías competente la imputación al señor Sosa de un delito de peculado, por entender que la intervención del letrado en los negocios de La Ciénaga fue «imprescindible» para asegurar el resultado de la operación criminal, que, según el magistrado, apuntaba a que la familia del exgobernador pudiera construir en aquellos terrenos un exclusivo complejo de chalets de más de 800 hectáreas.
El asunto es sin dudas grave, pero no tan grave como para que la hermosa camaradería del rugby y el tercer tiempo no puedan solucionarlo de forma amistosa y convincente. Solo tres meses después de la imputación, uno de los principales impulsores del proceso La Ciénaga -el gobernador Urtubey- posa sonriente junto al señor Sosa, quien, como buen caballero y medio scrum, lo aplaude, como si aquí no hubiera pasado nada.
En una Provincia de caballeros como ésta, las diferencias políticas (incluso las meramente aparentes) no se solventan ni en las urnas ni en los tribunales, sino en las canchas. Y si estas son regaladas por el gobierno, todavía mejor.