En los últimos días, tanto el gobernador Gustavo Sáenz como su ministro de Gobierno, el locuaz ingeniero Ricardo Villada, se han venido empleando a fondo para llamar a los ciudadanos a la «responsabilidad».
Pero ambos han cogido al toro por los cuernos equivocados, pues no se puede trasladar a la población la idea de que la sociedad salteña es una cueva infestada de vagos, flojos e irresponsables. «El responsable soy yo (el que gobierna) y es irresponsable (por definición) todo aquel que debe obedecer las normas». Este es el mensaje que se desprende de las repetidas apelaciones de Sáenz y Villada a la «responsabilidad» del soberano.
Las cosas son exactamente al revés: Son los ciudadanos los que deben exigir responsabilidad y acierto a sus gobernantes. Porque, hasta aquí, el gobierno no ha demostrado ni lo uno ni lo otro.
Se le puede disculpar al gobierno de Sáenz sus titubeos y sus vacilaciones, pero no que Salta se exhiba ahora mismo en un escaparate internacional como un espacio gobernado a fuerza de bastones de goma, como se deduce del lamentable Decreto 255/2020, de 31 de marzo, y que activistas de otras partes del país (porque salteños no hay casi ninguno) vengan a decirnos a dónde está el límite entre la sensatez democrática y la arbitrariedad más pura.
«Sea usted más responsable y derogue el Decreto 255/2020», se le podría decir al gobierno, porque es mucho, muchísimo, más grave que la Policía pueda arrestar personas hasta por 60 días a su entera discreción, sin ninguna sombra de control judicial, a que un ciudadano no lleve bien puesta la mascarilla o se emborrache a escondidas en una fiesta clandestina.
Estaría bueno que los estados que todavía mantienen la pena de muerte como castigo penal salieran a decir: «Ah, nosotros la tenemos, pero no hemos ejecutado a nadie, así que no se puede criticar». En este sentido, la defensa que está haciendo el coronel Pulleiro de las exorbitantes facultades atribuidas a la Policía por una norma legal no votada ni debatida por los representantes del pueblo, es ridícula. El del abuso policial es más un problema moral que estadístico.
La «responsabilidad cívica» a la que apelan Sáenz y Villada, debe comenzar por una «responsum imperii» y proyectarse desde ella. Si el rasgo filosófico de la responsabilidad, como virtud, es la adecuación del obrar humano «de tal modo que los efectos de nuestras acciones sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra», sería absurdo que el gobierno y sus miembros estuvieran desligados de este imperativo o que sus acciones estuvieran amparadas por una amplia y absoluta presunción de responsabilidad.
Ellos, los gobernantes, son los primeros y más visibles «irresponsables» de nuestra sociedad. Derogue usted señor Gobernador el Decreto 255/2020 y no cometa el gravísimo error del diputado Díez Villa (que por cierto, vela por los intereses suyos de usted y no por los de sus comitentes) que piensa que la ley 8181 (ese engendro frankesteiniano que nació por el silencio de sus legisladores) no se puede ya derogar porque sobre ella «está trabajando la Corte de Justicia».
Cuando usted lo derogue (o mande a la Legislatura un proyecto de ley para echar abajo la ley) luego podremos hablar de Kant, de Nietzsche y de todos aquellos que durante siglos nos ayudaron a percibir y a perfilar el concepto filosófico de «responsabilidad».
Mientras tanto, los «responsables» somos nosotros. Ustedes no.