Hablo de lo que los salteños llamaron en su momento, con cierto ingenio, «enroque» entre los cargos que hasta el pasado mes de mayo ocupaban el entonces juez de la Corte de Justicia Abel Cornejo Castellanos y el Procurador General, Pablo López Viñals. Por una decisión puramente política, adoptada sin consenso y sin consultas, uno pasó a ocupar el lugar del otro y viceversa.
La maniobra supuso una grave alteración del riguroso calendario de la democracia salteña. Urtubey decidió, sin consultar a nadie más que a su mágico espejo, que el nuevo Procurador General de la Provincia debía ser el hombre que solo días antes, y en medio de duras críticas al sistema, se había marchado con cajas destempladas de la Corte de Justicia. O aquellas críticas no fueron del todo sinceras o a Urtubey le importó más recompensar a quien le había servido durante ocho años en la Corte de Justicia con impoluta lealtad y acendrado patriotismo.
La maniobra de la renuncia y amago de ruptura con el sistema primero y la aceptación del cargo de Procurador General después supuso un bonus extra para el anterior Gobernador de la Provincia, a quien no le correspondía proveer aquel cargo (así como tampoco el de juez de la Corte de Justicia), puesto que los plazos constitucionales para ambos magistrados caducaban a mediados de 2020. La jugada -aparentemente legal pero dudosamente legítima- le privó de hecho al nuevo Gobernador de la posibilidad de ejercer sus facultades constitucionales. Y lo que es peor: le impidió valorar la idoneidad de dos altos cargos con los que está condenado a cohabitar durante todo su mandato.
Frente a la gravedad de los acontecimientos, la respuesta de los ciudadanos, los grupos de opinión, los partidos políticos y las organizaciones que agrupan y representan a los magistrados fue sorprendente: a casi todos les pareció «normal» o «cercano a la normalidad» que el anterior Gobernador excediera sus facultades constitucionales, alterara a voluntad el ritmo de los recambios en la cúpula judicial y colocara al mando del hipertrofiado aparato fiscal salteño a quien, hasta solo unos días atrás, había sido su alfil político en la Corte de Justicia, y portavoz, dentro y fuera del tribunal, no solo de los intereses del gobierno sino también de los sectores más conservadores de la sociedad salteña.
Por no haber, no hubo ni siquiera un conato de escándalo. Todo transcurrió con la parsimonia, la calma y la opacidad que suelen rodear a los movimientos palaciegos en la justicia provincial.
Lo que ocurre en España
Ayer, el recientemente investido Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, poco después de anunciar la composición de su nuevo gobierno y de relegar -aparentemente- a la que hasta comienzos de esta misma semana fue la Ministra de Justicia en funciones y Notaria Mayor del Reino, señora Dolores Delgado, resolvió proponer al rey, de forma sorprendente y sorpresiva, a la desplazada exministra para el cargo de Fiscal General del Estado, que es el exacto equivalente al de Procurador General en Salta.Quitando el hecho de que en España no hubo «enroque» (intercambio de puestos) y que con la nominación de Delgado el presidente Sánchez no violó (por el momento) ningún precepto constitucional, la maniobra de convertir, en las sombras de un despacho, a un desahuciado político en Fiscal General es muy parecida a la que el pasado mes de mayo consumó el gobernador Juan Manuel Urtubey en Salta.
Pero mientras en Salta el silencio o el miedo fueron las respuestas predominantes, en España se ha montado un escándalo mayúsculo que, solo con el propósito de comparar las diferentes sensibilidades frente a un suceso político muy parecido, intentaré reseñar aquí.
Prácticamente todos los grandes medios de comunicación de la península se hacen eco hoy de las reacciones, en su mayoría negativas, que ha provocado, no solo entre los fiscales, sino también entre magistrados, políticos y juristas, la decisión de Sánchez de proponer a su antigua Ministra de Justicia para que comande a los fiscales.
No solo la oposición sino sectores de opinión independientes piensan, y no sin motivo, que con esta designación Sánchez pretende influir en los procesos judiciales que se siguen contra los independentistas catalanes que han violado la ley. Si finalmente es designada, Dolores Delgado se convertirá automáticamente en la jefa del fiscal Javier Zaragoza, uno de los juristas que con más decisión ha llevado el proceso contra los líderes ahora condenados por sedición, con el agravante de que Zaragoza fue jefe de Delgado durante muchos años en el ámbito del Ministerio Fiscal.
Para valorar adecuadamente el nivel de agitación social en España y compararlo con la inexplicable quietud de Salta, se ha de tener en cuenta que Dolores Delgado ha sido durante muchos años Fiscal ante la Audiencia Nacional; es decir, pertenece por derecho propio a la carrera fiscal, que en España es diferente y está formalmente separada de la carrera judicial. Es decir, que la candidata propuesta por el presidente Sánchez, antes de ser Ministra de Justicia fue fiscal, lo que no sucede con el actual Procurador General de Salta, que ayer fue juez, hoy es procurador fiscal y mañana puede ser defensor oficial o presidente de la Autoridad Metropolitana del Transporte, sin que por ello pierda un ápice de su encanto.
Hoy se puede leer en los diarios españoles que la decisión de Sánchez de proponer a Dolores Delgado «es una malísima noticia para nuestra democracia liberal y una señal de que nuestros gobiernos no soportan fiscales neutrales». Los propios fiscales -excompañeros de Delgado- han dicho que su nominación «es una bofetada a la independencia del Ministerio Fiscal» y para calificarla han empleado adjetivos como «increíble», «terrible» o «alucinante».
Los propios fiscales han dicho que «pasar del escaño y el despacho en el Ministerio a ser fiscal general supone echar por tierra la imagen de independencia de la institución que se ha logrado en los últimos años». Exactamente lo mismo, y aún más, se puede decir de un hombre que pasa del más alto tribunal de la Provincia a ser la cabeza del órgano constitucional que monopoliza el ejercicio de la acusación pública y que, además, tiene la responsabilidad de instruir las causas penales.
Los reproches que se dirigen a Delgado por su falta de independencia política no son un asunto menor, toda vez que es conocida la cercana relación de la exministra de Justicia con Baltasar Garzón, exjuez de la Audiencia Nacional, expulsado de la carrera judicial por sentencia firme, y que tras verse forzado a abandonar la judicatura española se convirtió en empleado de lujo de los Kirchner en la Argentina y, como abogado, defendió los intereses de personajes oscuros como Julian Assange o el recientemente destituido presidente boliviano Evo Morales, ambos prófugos de la justicia.
Críticas y reproches
Los cuestionamientos que se dirigen a Delgado y que en su momento debieron dirigirse también al nombramiento de Cornejo, distan mucho de ser partidistas o ideológicos. Para demostrarlo, me abstendré de comentar los reproches efectuados por políticos y formaciones partidarias, para centrarme en las reacciones que la elección de Pedro Sánchez está provocando en el ámbito de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales.Según informa hoy mismo el diario El Mundo, la presidenta de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha dicho que la elección de Dolores Delgado «compromete la imagen de imparcialidad» y lo interpreta como «un aviso a la Fiscalía de que el Gobierno ha decidido meter las zarpas en ella».
Por otro lado, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), tercera en representación en la carrera, ha dicho en un comunicado: «Mostramos nuestra sorpresa por el nombramiento de Dolores Delgado. Aunque reconocemos sus cualidades, el nombramiento no traslada ni mucho menos la sensación de que el Gobierno no pretende estar en las decisiones de la Fiscalía. Esperemos a que los hechos desmientan esta apariencia».
El presidente de la APIF, Juan Antonio Frago, ha añadido que «no pocos fiscales han manifestado su preocupación» por el hecho de que «quien era ministra de Justicia el viernes el lunes aparezca como fiscal general». «Su gran deber va a ser diferenciar claramente la figura constitucional de fiscal general del Estado para no ser la fiscal general del Gobierno y convertirse en un miembro más del Consejo de Ministros en la sombra», ha comentado el señor Frago, según informa la agencia Efe.
Entre las asociaciones de jueces las reacciones han sido parecidas. El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, ha afirmado que comparte la preocupación de los fiscales. «El nombramiento como fiscal general de quien hasta ahora mismo ha ocupado un puesto muy relevante en el Gobierno y tiene la condición de diputada por una formación política puede afectar negativamente a la idea de independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado»", ha añadido Almenar.
Con un tono más duro, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), moderada y segunda en representación, califica de «insólita y lesiva» la propuesta de un nombramiento «no por sus méritos profesionales sino, por su procedencia, ya que acaba de cesar como ministra de Justicia». Para la AJFV es «un mal comienzo del nuevo Gobierno en materia de Justicia» que «daña la credibilidad del Ministerio Fiscal».
En suma...
Que me hubiera gustado que en Salta se levantaran más voces contra una maniobra como la que acabó con Cornejo al frente del Ministerio Fiscal y López Viñals ocupando un asiento en la Corte por seis años.El silencio de quienes han cohonestado esta maniobra los convierte en cómplices de ella.
Por mucho que las aguas estén en aparente calma en Salta (allí donde hay agua), esta manipulación de la justicia por el gobierno provincial, cuyos perniciosos efectos apenas si se están empezando a manifestar, no tiene a todo el mundo contento, ni mucho menos.
Los dos magistrados ilegítimamente designados por Urtubey pueden ser cesados en cualquier momento por una simple decisión administrativa del actual gobierno, y, más todavía: sus cargos penden de un hilo si finalmente se concreta el propósito de convocar a una Convención Constituyente.
Afortunadamente, el debate tan intenso que se está produciendo en España en estos momentos contribuye a mirar cada vez con mayor desconfianza este dañino intercambio de puestos que se ha producido en Salta y a valorar mejor la importancia que debe tener la independencia y la imparcialidad de jueces y fiscales para la existencia misma de la democracia y de las libertades cívicas.