La evolución institucional del Ministerio Público Fiscal de Salta en los últimos ocho años es la historia de la transferencia silenciosa e incontrolada de competencias críticas sobre las libertades públicas, que no ha sido acompañada de una mejora sustancial de la profesionalidad de quienes lo integran. En esta institución en particular se ha aplicado con más fuerza que en otras el patrón oficial que señala que el poder está primero que la capacidad de quienes lo ejercen.
A la mayoría de los fiscales de Salta les ha venido un poco grande el sistema penal acusatorio, y más de uno, sabiendo que puede meter y sacar de la cárcel a las personas sin mayores inconvenientes y sin asumir ninguna responsabilidad por los errores, se ha creído el rey del mambo.
Hoy, cuando el MPF está a punto de cambiar de jefe -recordemos que, a pesar de su consideración constitucional de órgano extra poder- el Ministerio Público en Salta sigue siendo una institución vertical y fuertemente jerarquizada, en donde el que se mueve no sale en la foto.
Seguramente más de un fiscal estará saltando en una pata en estos momentos al saber que quien sustituirá al opaco y misterioso López Viñals será un exmagistrado que siempre se ha mostrado partidario de que la prisión preventiva sea el mecanismo normal de reacción del Estado ante cualquier situación más o menos confusa o comprometida.
¡Guay de que un fiscal se ande ahora con vueltas a la hora de meter presa a gente sin condena! El nuevo Fiscal General ya promovió contra un juez y contra un fiscal (Mariscal Astigueta y Cazón) un juicio de destitución que, curiosamente, paró en seco López Viñals con el comodín que le otorgara la mayoría silenciosa del Jurado de Enjuiciamiento, que sostiene que si no acusa el Procurador General, la acusación popular es insuficiente para destituir a nadie.
Es imposible no recordar que Cornejo formuló aquella extravagante acusación, valido de su investidura como «juez de Corte», aunque se la desestimaron humillantemente como el ciudadano común que es. Luego es Cornejo el que critica que el Focis ejerza acciones judiciales sin tener personalidad jurídica propia.
Los jefes, el que se va y el que viene, estarán mirando con júbilo contenido cómo los fiscales, con la oportuna complicidad de algunos agentes de la Policía de Salta (que más que un cuerpo de seguridad parece una cofradía de viejas chismosas), están filtrando información acerca de la joven que fue detenida por aparecer en un vídeo casero disparando al aire lo que en apariencia es un arma de fuego.
Al parecer, los fiscales -los que durante años ha mandado López Viñals y mandará Cornejo dentro de poco- no están tan interesados en esclarecer las circunstancias presuntamente delictivas del disparo efectuado por la joven, como en saber más datos de la vida privada de la tiradora.
Que si no tiene domicilio conocido, que si viaja por diferentes países del mundo, que si está vinculada a las mafias del narcotráfico, que si es una prostituta VIP, que si ejerce en New Jersey... Cualquier cosa menos enfocarse en el hallazgo de la presunta arma con que se efectuó el disparo.
Estos señores tan léidos, todavía se dan el lujo de decir que la joven debe seguir detenida en la Policía, porque al vivir en San Lorenzo (a solo seis kilómetros del centro de la ciudad) carece de «raigambre», cuando lo que interesa para decidir eventualmente la situación procesal de una persona es si disfruta o no de «arraigo», que ni remotamente es la misma cosa.
En Salta, primero se detiene a las personas (normalmente por las causas más nimias como un alarido proferido a bordo de un colectivo) y recién después se empieza a averiguar en qué y en dónde estas personas pueden haber delinquido. Así funcionan los fiscales de López Viñals que pronto serán los de Cornejo.
A nadie, ni siquiera a los chismosos de la Policía, debería importarle si la tiradora se dedica a otras actividades, que por inmorales que puedan parecer, están -como dice la Constitución Nacional- «reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados».
López Viñals ha logrado para los fiscales una especie de status de intocables, al mejor estilo de Elliot Ness en el Chicago de los años 20. Lo que ellos digan se hará. Ellos deciden quién debe estar preso y quien no, y el tiempo que duran las detenciones. No importa si las cárceles revientan (con tal, López Arias siempre dirá que hay un «absoluto» respeto a los derechos huamnos de los presos). El poder es de ellos, de los fiscales, y, ellos, como la tiradora del balcón con su pistola, saben cómo usarlo.
A medida que pasan las horas y se prolonga innecesariamente la detención de la presunta tiradora (porque todo indica que solo están investigando con quién se acuesta y -como dice José Luis Perales- «a qué dedica el tiempo libre») sufren la democracia y la libertad y personajes como López Viñals se agarran la panza de la risa viendo cómo el mundo danza a sus pies.
Por la escasa entidad del delito imputado, esa ciudadana no debería pasar más de 24 horas detenida. Pero estamos en Salta, en donde los fiscales arbitrarios imponen sus criterios represivos a los jueces de garantías, que están poco menos que dibujados en el Código Procesal Penal.
Mientras fiscales y policías malgastan su tiempo y valiosos recursos del Estado en hurgar en la vida íntima de la presa que ha capturado la atención de las autoridades por sus curvas, su ropa ajustada y sus escotes, la familia de la joven Luján Peñalva sigue confiando en que sean los investigadores privador estadounidenses los que arrojen luz sobre el crimen de la adolescente, «porque los peritos del CIF parecen de dibujos animados», y la familia de Jimena Salas espera en vano desde hace años que los fiscales encuentren alguna pista que pueda conducir al esclarecimiento de aquel horrible suceso.
Bienvenido señor Cornejo al complejo universo fiscal. Una tarea de titanes le aguarda.