Los gobernantes se pueden ordenar en un ranking de calidad decreciente que podemos elaborar con solo fijarnos en sus políticas y sus propuestas sobre protección social de los sectores más desfavorecidos.
En el tope de la lista se encuentran aquellos que han comprendido que la complejidad y fragmentación de las sociedades, por un lado, y el virtual agotamiento de la vitalidad de los mercados de trabajo tradicionales, por el otro, han hecho emerger nuevas necesidades, que demandan, en consecuencia, nuevas seguridades y nuevas protecciones.
En la parte de abajo se sitúan aquellos que creen que los cambios experimentados por la sociedad no son lo suficientemente profundos para modificar ni la estructura social subyacente ni los mecanismos públicos conocidos con que se procura reducir las desigualdades (la seguridad social clásica de matriz bismarckiana y el asistencialismo social selectivo en su versión más humillante, que es sin dudas el que propone el peronismo).
Saber exactamente en qué lugar de la tabla se encuentra el candidato Juan Manuel Urtubey es muy fácil, pues para ello solo basta con hacer un inventario somero de las medidas que el candidato ha adoptado en Salta para intentar atajar los problemas que la precaria y tardía modernidad social ha hecho aflorar en nuestra Provincia.
Se podría decir, sin riesgo de equivocarse, que todas las soluciones intentadas hasta el momento por el gobierno de Urtubey en Salta (que dura ya casi doce años) han sido reactivas, inestables, populistas, parciales, antiguas e ineficientes. No se trata de acumular adjetivos sonoros y contundentes sino de reunir en una sola línea aquellos que sean aplicables a todas las políticas del Gobernador de Salta.
Quizá más grave que esto es que Urtubey ha intentado casi siempre convencer a sus conciudadanos de que su enfoque de los problemas sociales es el más moderno y vanguardista de todos, cuando la realidad es que él mismo es una persona forjada en los moldes intelectuales más reaccionarios del país y que entre sus numerosos colaboradores no hay ni un solo técnico capaz de comprender -mucho menos de resolver- los graves y acuciantes problemas que amenazan la cohesión presente y futura de nuestra sociedad.
Claro que el reconocerse de buenas a primeras superado largamente por la realidad y situado en un segundo o tercer escalón de conocimientos respecto de otras elites intelectuales del mundo es tarea difícil para quien se considera que está en la cima del universo, a pesar de que todavía muchos de los que viven en el territorio que gobierna no tienen agua potable ni acceso a las redes de energía eléctrica.
Evidentemente, el modelo de protección social de Urtubey (cuyas bases filosóficas se sentaron entre 1881 y 1973) solo puede esperar obtener algún buen resultado en la medida en que se consiga aumentar sin parar el gasto público y en la medida en que los gobernantes sean cada vez más libres (es decir, estén cada vez más desligados de ataduras legales) para decidir a quién y en qué momento asistir con los recursos disponibles. Esto es, el peronismo en estado puro.
Hoy mismo -25 de enero de 2019- se puede leer en la prensa gubernamental que Urtubey ha decidido regalar prótesis ortopédicas a niños con discapacidad en el Departamento de Rivadavia, por su sola decisión, sin ley que lo autorice y establezca de forma igualitaria y transparente las condiciones de acceso a tales bienes. También son antiguas y conservadoras sus políticas de protección a la primera infancia, a las que se suele atribuir un plus de modernidad por el solo hecho de que los agentes que las ponen en práctica disponen de una tablet y almacenamiento cloud para sus registros y no una libreta de carnicero.
El asistencialismo discrecional soluciona algunos problemas pero crea otros. Fundamentalmente problemas de ciudadanía, pues los asistidos no cuentan con una ley que los ampare ni disponen de mecanismos judiciales para reclamar ante los tribunales un derecho que solo el Gobernador graciosamente concede y revoca. Es decir, lo que se vende como «un derecho» es solo una pompa de humo, pues, que se sepa, los derechos se disfrutan sin que importe ni la cara del cliente ni el color de su voto. Tampoco tienen las personas pobres la seguridad de una financiación más o menos estable para sus necesidades, que son permanentes y que en algunos casos requieren el empleo progresivo de más recursos.
A ello se suma el hecho de que el gobierno utiliza la ayuda social como un mecanismo de distribución política condicionada; es decir, que practica el asistencialismo a cambio de la fidelidad electoral del asistido. No hay en Salta agencias de protección social especializadas ni independientes, auditadas regularmente, con la suficiente solvencia técnica y moral para asegurar una relación respetuosa, neutral y equidistante desde el punto de vista político con los ciudadanos necesitados.
Urtubey no se propone tocar ninguno de los mecanismos clave del precario sistema de seguridad social que tiene la Argentina. No lo ha dicho en ningún momento y es razonable que no lo haga, pues debe de tener razones suficientes para temer que, si lo hace, una parte bien caracterizada del sindicalismo peronista le salte a la yugular.
La intención del candidato presidencial -que ahora enarbola una inexistente ideología federal- es la de «hacer más peronismo», solo que a una escala un poco mayor; es decir, con cheques de más dígitos. A Urtubey no se le pasa por la cabeza innovar en materia de protección a la vejez o a la enfermedad, no ha dicho una sola palabra sobre la reforma del sistema de obras sociales, no ha dicho cómo asegurará el disfrute de derechos laborales a quien trabaja por un sueldo, tampoco se sabe cómo hará con los que jamás podrán encontrar un empleo y no ha avanzado ninguna medida revolucionaria en materia de educación o de vivienda pública.
Lo más probable ahora es que quien se ofrece como candidato a Presidente, ante el vértigo que producen los cambios, elija refugiarse en el modelo conocido, que funciona -y se ha visto en Salta- con una altísima proporción de trabajadores en negro (es decir, sin derechos laborales de ninguna naturaleza, grado extremo de la siniestra flexibilidad), que convierte a los pobres en clientes de los políticos inescrupulosos, los llena de regalos (cuando puede), pero al mismo tiempo les expropia cualquier capacidad de elegir el sentido y el destino de sus propias existencias.
En resumen, que con solo contratar a un buen decorador, a un sonidista experto y a un iluminador audaz se puede cambiar la estética de un acto proselitista, y aun se puede ensayar un discurso hueco pero con palabras más o menos solemnes que eviten cualquier referencia al folklore peronista. Pero la cabra siempre al monte tira. Cuando ese peronista oculto tras el disfraz federal muestre su verdadero rostro, cuando asomen las uñas de sus garras, comenzarán a salir de su chistera las medidas más antiguas y disfuncionales, y los pobres del país no tendrán más remedio que aceptar que un señorito pudiente, sin apuros económicos, decida por ellos hasta los aspectos más intrascendentes de su vida y la de su familia.