La semana pasada, la comunicación oficial del gobierno de Salta, siguiendo su costumbre de presentar como conmovedoras muestras de solidaridad las actitudes más egoístas de los banqueros que sustentan al poder, ha anunciado la firma de un convenio para permitir que los inundados del norte puedan comprar alimentos con tarjeta hasta tres cuotas sin intereses ni costo financiero alguno.
En nombre del gobierno provincial, ha suscrito este convenio el mismo hombre que, sin ruborizarse, dijo en un programa de televisión hace pocos días que las personas afectadas por las inundaciones habían perdido poca cosa porque en realidad no tenían casi nada.
La admisión de la inmoral pobreza que soportan miles de comprovincianos que residen en las zonas afectadas no es compatible sino con una sola actitud del gobierno: la de la provisión gratuita de alimentos y de asistencia con bienes de primera necesidad.
No se entiende -salvo en el marco del blindaje a la incolumidad finananciera del Banco Macro- que el mismo gobierno que se dice concernido por la situación que afecta a los pobres afectados por las inundaciones auspicie y patrocine un negocio de estas características, que supone un lucro para el emisor de las tarjetas, ya que aunque no se cobren intereses a los consumidores por el aplazamiento del pago, nada hay en el convenio que suponga que los comercios no deban pagar al banco el porcentaje correspondiente por las ventas a plazo efectuadas con tarjeta, ni que el gobierno vaya a renunciar a cobrar impuestos por estas ventas de primera necesidad.
Según el gobierno, que para estos casos suele emplear un lenguaje calculadamente engañoso, este programa «beneficia directamente a los vecinos y localidades damnificados, dinamizando así el comercio y el consumo en esas zonas».
Sin embargo, salta a la vista que los únicos beneficiarios directos de un negocio de estas características son las entidades financieras, no el inundado necesitado, que tiene derecho a que el gobierno le proporcione alimentos y sustento de forma directa, sin la intermediación de los mercaderes del dinero.
Los objetivos que persigue el gobierno (dinamización del comercio y del consumo en las zonas afectadas) no solo no son compatibles con el terrorífico diagnóstico del Gobernador sobre la pobreza en aquellos lugares, sino tampoco con la obligación moral de reconstrucción que pesa sobre el gobierno. Antes que reflotar el comercio y el consumo, el gobierno debe preocuparse porque la gente que ha perdido sus viviendas tenga qué comer y dónde dormir, y que estos bienes le lleguen de forma directa; es decir, que no deban salir a buscarlos al mercado, con su propio dinero.
Es también discutible que a este convenio se haya sumado la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta, anteponiendo a las necesidades de reconstrucción sus intereses en la lucha contra el comercio ilegal. Frente a una calamidad y a las necesidades acuciantes que desencadena, preocuparse porque las personas inundadas consuman fideos de contrabando es de una crueldad incomparable. El deber de esta asociación patronal era el de aparcar sus reivindicaciones para sumarse a los esfuerzos de reconstrucción, sin condiciones.
Es indudable, como dice el gobierno, que lo sucedido en el norte requiere del esfuerzo y compromiso de todos los sectores. Lo que no se puede permitir es que algunos sectores aprovechen la calamidad para aumentar sus márgenes de beneficio y menos que el gobierno aparezca como facilitador de este tipo de actuaciones moralmente discutibles.
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