«Tratan de imponer costumbres en una Provincia que tiene costumbres distintas», ha dicho el gobernador Juan Manuel Urtubey, al ser consultado sobre el futuro de la enseñanza pública en Salta, en el caso de que la Corte Suprema decrete la inconstitucionalidad de un artículo de la ley provincial de educación, referido a la impartición de clases de religión en horarios normales y dentro del plan de estudios oficial.
El Gobernador de Salta, que se proclama a sí mismo experto en Derecho Constitucional parece ignorar que la Corte Suprema de Justicia no «impone costumbres» de ningún modo, sino que ejerce su potestad jurisdiccional con fuerza irresistible para las provincias, porque así lo establece la Constitución Nacional. Ignora también que los mandatos de la Corte poco y nada tiene que ver con las costumbres sino, en todo caso, con la vigencia del derecho positivo y las libertades públicas fundamentales de los ciudadanos, sin distinción de particularidades culturales, étnicas o territoriales.
Casi nadie duda a estas alturas que lo que Urtubey ha hecho al concluir la tercera misa estacional del triduo del Milagro es una declaración rupturista, de abierta desobediencia al Estado. Parece que antes de efectuarla el Gobernador le ha echado un rápido vistazo a la hoja de ruta del catalanismo independentista, que, como bien es sabido, pretende instalar la idea de que el Tribunal Constitucional español es una instancia política «extranjera» (y, por tanto, «opresora») y que sus declaraciones no tienen ningún valor frente a la «costumbre» catalana y a su particular «way of being».
El mensaje de la supuesta «extranjería» de la Corte Suprema de Justicia -implícito en el pensamiento de las costumbres forasteras que nos amenazan- persigue como principal objetivo el de excitar el espíritu gaucho (lo que involucra la siempre temible movilización de los fortines), y, como objetivo secundario, el de vincular la enseñanza obsesiva de religión en las escuelas a una «seña de identidad» del pueblo salteño. Al hacer ambas cosas, se intenta en cualquier caso oponer la «especificidad» de la religiosidad salteña al espíritu «infiel» de los porteños, seres portadores de costumbres siniestras
Esto es exactamente lo que hacen el Estado Islámico y el yihaddismo, solo que con métodos un poco más sangrientos.
El anuncio de Urtubey de que «acatará» la decisión de la Corte Suprema en materia de educación religiosa se puede entender del siguiente modo: «Haremos como con el fallo de los abortos no punibles; es decir, pondremos todos los obstáculos reglamentarios que sean posible, para que siga habiendo rezos matinales, oraciones en los cuadernos, bendiciones en la mesa, y se siga señalando con el dedo a los niños cuyos padres no deseen que reciba educación religiosa».
Al fin y al cabo, Salta no solo tiene «costumbres distintas», como sostiene el Gobernador, sino que también tiene un orden jurídico diferente, como Catalunya o la Sharía. Es decir, aquí las leyes federales y las sentencias de la Corte Suprema no se aplican sino después del dictamen vinculante emitido por el Consejo de Estado en las sombras, que integran, como bien es sabido, el Arzobispo de Salta y el presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes.
Si aquellas leyes y sentencias van contra nuestras «costumbres distintas», aquí no se aplicarán, aunque vengan degollando.
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