Según la información oficial que publica hoy la página web del gobierno de Salta, el Gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey, ha firmado el decreto por el que remite a la Legislatura provincial un proyecto de ley cuyo objeto es establecer un «régimen de continuidad» que asegure una especie de inamovilidad encubierta de los magistrados que actualmente ocupan un asiento en la Corte de Justicia y que han sido por él designados.
Tal «régimen de continuidad» excepciona de forma notable el artículo 156 de la Constitución de Salta que establece que los jueces de la Corte de Justicia son nombrados por el Poder Ejecutivo (el Gobernador de la Provincia) con acuerdo del Senado prestado en sesión pública. El mismo precepto constitucional establece que los jueces de este tribunal duran seis años en sus funciones y pueden ser nombrados nuevamente.
En la comunicación oficial se presenta a la iniciativa legal del Gobernador como una «autolimitación» de sus facultades constitucionales y como una forma de «fortalecer al Poder Judicial». También ha dicho el Vicegobernador de Salta en su cuenta de Twitter que se trata de «aportes a la democracia y el sistema republicano». Sin embargo, todas estas expresiones han sido calculadamente diseñadas para encubrir una falacia.
En primer lugar no existe ni puede existir «autolimitación» desde el mismo momento en que el proyecto de ley, en caso de ser aprobado, será un acto soberano del Poder Legislativo. Será en cualquier caso este poder del Estado el que -si así lo acuerda- limite las facultades del Gobernador en orden a la designación de jueces de la Corte. A las cámaras de la Legislatura les da igual que el proyecto sea enviado por el Gobernador; la iniciativa, si resulta aprobada, será una ley de la Provincia y no un acto gracioso del Gobernador de la Provincia como se pretende presentarlo.
Pero comete el gobierno un acto fallido (en el sentido freudiano de la expresión) al presentar en sociedad el proyecto como una «autolimitación» de las facultades del Gobernador, ya que esta desafortunada expresión da a entender sin esfuerzo que la Legislatura provincial no es la sede de la representación de la autonomía del pueblo de Salta sino una mera extensión de la voluntad del Gobernador de la Provincia, el muñeco de un ventrílocuo.
En segundo lugar, lejos de fortalecer el Poder Judicial, lo que hace el proyecto de «régimen de continuidad» es debilitarlo. De concretarse el blindaje propuesto, Urtubey impondrá «sus» jueces a los gobernadores que vengan después de él, y no les dejará los mejores jueces sino los más dóciles, pero no dóciles a los gobernadores que vendrán sino al que se marcha. La Corte -cuya conformación actual es probablemente la más pobre de toda su historia- hipotecará así su futuro para satisfacer un apetito de poder coyuntural. En otras palabras, que se garantizará la continuidad de una Corte de escaso vuelo jurídico y de gran permeabilidad al poder político.
En tercer lugar, una iniciativa de estas características -que roza el elitismo- difícilmente se pueda vender como un paso adelante en una dirección democrática o republicana, como equivocada o interesadamente sostiene el vicegobernador Isa. El blindaje de un tribunal, decidido de espaldas a la Constitución dista mucho de ser una decisión democrática y, desde luego, no puede ser vendida como una decisión republicana, en el sentido de que más que favorecer el gobierno de la Ley y la independencia funcional del Poder Judicial, el «régimen de continuidad» tiende a convertir a la alta magistratura de la Provincia en un selecto club de amigos con una clara tendencia a la oligarquización de sus decisiones.
Por último, el proyecto es potencialmente inconstitucional, puesto que Urtubey -un Gobernador en retirada- pretende condicionar a sus sucesores y con ello fabricarse impunidad a la carta. Él mismo heredó de Romero una Corte limitada y se tomó su tiempo para acabar quirúrgicamente con los jueces designados por su antecesor. Obligar por ley a los gobernadores que vendrán después de él a solicitar un acuerdo automático e indefinido para los jueces que él ha elegido es una maniobra sin dudas ingeniosa pero completamente alejada de la normalidad constitucional.
Se trata, a todas luces, de una reforma constitucional encubierta, en la medida en que su aplicación contraviene el mandato expreso del artículo 156 de la Constitución de Salta. Y una reforma sumamente peligrosa, por cuanto cualquier tacha de inconstitucionalidad que se formule contra la ley tendrá que ser resuelta por los mismos jueces a los que la ley beneficia, o, en caso de abstención o recusación de estos, por jueces que aspiran a ocupar los mismos lugares en condiciones más ventajosas que las previstas en la Constitución provincial.
Decir que una ley como esta comporta «más democracia» y «más república» es sencillamente un sarcasmo. Solo se avanzaría en la dirección correcta si el gobernador Urtubey se mostrara sinceramente dispuesto, desde ahora mismo, a que sus doce años como Gobernador de Salta sean juzgados -llegado el caso- por jueces que él no ha designado. Si Romero lo ha hecho, con la misma Constitución que rige hoy a los salteños, no hay motivos que impidan que Urtubey no lo haga.
No se entiende muy bien que Juan Manuel Urtubey, después de hacer públicas feroces críticas a Nicolás Maduro, termine aniquilando la Constitución de su Provincia con la misma frialdad, parecida técnica y argumentos «democráticos» similares a los que esgrime el dictador venezolano para tiranizar a su pueblo.
Todo lo demás es de un republicanismo bananero.