
La defensa de las libertades no admite dobleces, artimañas ni criterios selectivos. No se puede defender la democracia, la justicia y la libertad según la cara de quien las ofende o la ideología de que quien padece sus abusos.
Por esta razón tan sencilla es que resulta de todo punto de vista condenable que aquellos que critican -con justa razón- al gobierno tiránico de Nicolás Maduro, el encarcelamiento arbitrario de opositores, la falsificación de elecciones y el uso de la fuerza para suprimir instituciones, callen frente al clarísimo avasallamiento de los derechos fundamentales del hombre que está llevando a cabo el gobernador Gerardo Morales, en nombre de la democracia, de la paz y de la justicia, exactamente como lo está haciendo Maduro.
Esto no quiere decir ni por asomo que Milagro Sala sea una niña cantora de Viena. Quien más quien menos sabe que ha violado la ley a su antojo, que se ha enriquecido a costillas de quienes debió haber ayudado y que ha sido protagonista destacada de extorsiones, actos de matonería y acosos políticos y morales inadmisibles. Casi todos están de acuerdo en que debe pagar por estas ofensas. El que esto suscribe más que ninguno.
Pero lo que parece que nadie quiere ver, o que alguien se empeña en ocultar, es que su detención y su prisión preventiva han sido decididas de espaldas a la ley, mirando más por los intereses del Gobernador de la Provincia que por los fines que persigue la justicia, pisoteando sus derechos como persona. Unos derechos de los que nadie (todavía) la ha despojado, por más delincuenta que el común de la gente piense que es.
Es deber de un gobierno democrático respetar estos derechos, cualquiera sea la repugnancia de los actos que haya cometido. El primero, sin dudas, el de la presunción de inocencia. Y es deber de todos nosotros, como ciudadanos, exigir que los gobiernos los respeten de una forma perfecta, aunque en lo más íntimo deseásemos que no lo hiciera.
Todo el mundo -incluso el cambiante Gobernador de Salta, antiguo admirador del régimen bolivariano- se rasga ahora las vestiduras por la prisión de Leopoldo López, que es arbitraria, cruel e injusta a más no poder. Pero al menos Leopoldo está cumpliendo con una condena. Sea o no ajustada a Derecho, es una condena. Milagro Sala, por el contrario, no tiene ninguna, excepto una multa que, además, está recurrida y por tanto no es firme.
Si hay justicia, Milagro Sala deberá ser sometida a un juicio justo con amplitud de defensa. Lo más probable es que sea condenada y más probable todavía es que la condena sea merecida. Sobre la gravedad y alcance de sus delitos, así como sobre su culpabilidad, solo se pueden pronunciar los jueces. Jamás el Gobernador de la Provincia de Jujuy, y menos con la contundencia y el desprecio con que lo ha hecho.
Es muy probable también que Milagro Sala merezca largamente la prisión preventiva. Pero no «esta» prisión preventiva; es decir, esa medida cautelar adoptada con alevosía, entre gallos y medianoche, después de que esta mujer hubiera sido detenida con el ridículo argumento de instigar la ocupación ilegal del espacio público.
Ahora que el abuso de los jueces jujeños y que la torpeza del gobernador Morales han quedado de manifiesto, la prisión preventiva de Milagro Sala tiene que ser sustituida por otras medidas cautelares, sin dejar en ningún momento que perezcan las causas penales en las que está involucrada. Esto último no debe estar en discusión.
Si la ONU y la CIDH han dicho que Sala debe salir de donde se encuentra encerrada es eso y no otra cosa lo que hay que hacer, aunque no guste a una mayoría que prefiere verla arrastrándose en la cárcel.
Pero a esta gente tan «presurosa», a las que les gusta ver en la cárcel en el menor tiempo posible a las personas que consideran indeseables, hay que recordarle que la prisión preventiva no es un castigo anticipado, ni puede confundirse jamás con la pena. A cualquier persona que se encuentre en esta situación -que siempre es provisional y permanentemente revisable- por ningún motivo del mundo se le pueden imponer los mismos padecimientos que a las personas que están condenadas, que por lo menos tienen derecho a los beneficios penitenciarios. Los presos con prisión preventiva no tienen ninguno.
Los sentimientos generales o las preferencias de la mayoría no son decisivas para el Derecho Penal. A nadie en este país se le condena por aclamación popular, a sombrerazos. Los jueces serían unos auténticos imbéciles si para tomar sus decisiones, en vez de fijarse en la ley, se pusieran a contar los retuits de un lado y del otro.
Respetar los derechos de Milagro Sala -algo que el Estado de Derecho argentino debe hacer si no quiere caer en un descrédito mayúsculo- significa en estos momentos solo una de estas tres cosas: 1) poner a Milagro Sala en libertad plena, sin perjuicio de la prosecución de las causas en su contra; 2) ponerla bajo arresto domiciliario en las mismas condiciones, o 3) ponerla en libertad con medidas de fiscalización electrónica.
Si por el gobernador Morales y por sus tripas fuera habría que fusilarla ya mismo, bastando para ello con una simple orden suya, además inapelable. Puede que así funcionen las cosas bajo la dictadura de Nicolás Maduro o en Corea del Norte, pero no deberían hacerlo en Jujuy, en donde -a pesar de las pataletas infantiles del Gobernador y de su ataque de bilirrubina- se supone que hay personas sensatas, razonables, civilizadas y respetuosas de los derechos ajenos.
No porque el señor Morales sea un radical de pata negra, los que son (o se dicen) radicales tienen por qué callar el atropello a las libertades fundamentales del ser humano que está cometiendo este señor, y a la vez intentar apaciguar sus cosquillosas conciencias republicanas cargando las tintas contra el régimen de Maduro. No parece muy valiente que digamos ver la paja en el ojo de quienes están a 3.900 kilómetros de Salta y no ver la viga en las pestañas de los que están al otro lado del dique Campo Alegre; esto es, a menos de 100 kilómetros de nosotros.
O se hacen las dos cosas (criticar a Maduro y a Gerardo Morales, por triturar ambos las libertades del prójimo), o es que algo sospechoso hay en la ardorosa defensa de las libertades de Venezuela que, con cierta insistencia, practican algunos.