Crear un cargo público con una finalidad (difundir los derechos de la mujer) y utilizarlo para otra bien distinta (acosar y atacar a un político en desgracia) es un hecho grave. Como grave es que haya personas (activistas, para mejor decir) que, a cambio de un sueldo público, se presten para realizar tareas tan poco nobles como sacarle los colores a una persona señalada por el poder como objetivo a batir (por muy pecadora que esta persona sea), olvidándose de que fueron contratadas para otra cosa.
Y de lo grave pasemos a lo estúpido. Porque realmente es incomprensible que alguien que ha participado de un escrache personal teledirigido (como el sufrido por Juan Rosario Mazzone), sin que nadie se lo pida, salga a admtir que ha hecho una cosa como esta en el marco de una tarea institucional y con recursos públicos que legalmente estaban asignados a otra finalidad. Semejante sinceridad no solo es inusual: es también reveladora de una muy pobre estima por sí mismo.
En cualquier lugar del mundo, revelaciones como esta daría lugar inmediatamente a una investigación judicial. Pero en Salta, donde bajo el rótulo de malversación de caudales públicos o incumplimiento de deberes de funcionario se persiguen las conductas más nimias e intrascendentes, otras maniobras tan inmorales como esta de la persecución de un Intendente caído por un grupo de feministas a sueldo del gobierno no merece ni la más mínima mueca de los fiscales. En Salta nunca pasa nada.
Las involucradas en la operación tendrán, lógicamente, mucho que decir. Pero también lo tienen aquellos que planificaron y organizaron el escrache. Aquellos que permitieron mezclar una causa tan noble como la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad entre todos los ciudadanos con una operación de «caza al hombre», de las más vulgares y dañinas de que se tenga memoria hasta el presente.
La revelación de las operaciones «antichicho» no exculpa ni exonera a Mazzone de las faltas que pudiera haber cometido. Serán los tribunales los que decidan, después de un juicio justo y en base a pruebas, si el Intendente destituido de El Bordo es culpable o no de los delitos de los que se le acusa.
Pero de lo que podemos estar seguros en este momento es que si Mazzone ha llegado a juicio, no ha sido tanto por la gravedad intrínseca de los elementos de convicción que lo comprometían, sino por una decisión «militante» de un gobierno que -probado está- ha utilizado dinero de las arcas públicas con el objetivo de lograr la muerte civil del exintendente.
Con una opinión pública alborotada a propósito por esa prédica dañina, el juicio a Mazzone no será nunca del todo justo. Habrá presiones y sectores interesados en mostrar al exintendente, no como un corruptor de menores, sino como un enemigo integral e irreductible de la mujer. Y esto ya es mucho decir, sobre todo cuando quien lo dice es quien se ha beneficiado del dinero del Estado para hacer creer a la población que el exintendente de El Bordo es un ogro de apetito insaciable que se devora a las féminas.
Quizá lo peor no sea esto sino el hecho de que las feministas «progre» de la ciudad de Salta se dan el lujo de decir que las mujeres de El Bordo son unas primitivas atrasadas por alentar el machismo, cuando esen la ciudad de Salta, en las propias narices de las «progre», y no en El Bordo, donde se matan mujeres como si fueran pajaritos. Algunas, hasta en las cárceles que vigilan con celo maternal las mencionadas feministas.
Si esto ha ocurrido con Mazzone (y nos hemos enterado porque a alguien se le ha escapado el dato), no queremos ni siquiera imaginar cuánto dinero de todos los salteños se ha gastado Urtubey para arrinconar a otros enemigos suyos que han sido objeto de campañas de descrédito orquestadas desde el poder. Tiene la suerte, por el momento, de que quienes han hecho ese trabajo sucio no sean tan imprudentes como las feministas de Mumalá.