La senadora provincial del Partido Obrero por el Departamento de la Capital, señora Gabriela Cerrano, ha publicado el pasado jueves una declaración en la página web de su partido en la que califica como «grave» el hecho de que el Senado provincial pretenda aprobar un proyecto a favor de los «genocidas» del denominado Operativo Independencia. La información de la legisladora -aunque no su opinión- es bastante confusa, por cuanto comienza su escrito diciendo que el Senado provincial tramita dos proyectos de declaración, aparentemente con el mismo contenido, que tendrían por objeto el que la cámara inste al Congreso Nacional a aprobar un proyecto de ley «para que pague» (sic) una pensión a los soldados conscriptos de las clases 1953, 1954, 1955, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 y 1963, que participaron en los conflictos armados como Operativo Independencia, Operativo Soberanía Canal de Beagle, Operativo Islas Malvinas.
En el párrafo siguiente, sin embargo, Cerrano da por hecho que dicho proyecto de ley ya está siendo tramitado por la Cámara de Diputados de la Nación, nada menos que desde 2009.
La queja de la legisladora parece encaminada más bien a criticar que se coloque en un plano de igualdad a los soldados que lucharon en las Islas Malvinas o a los que estuvieron movilizados durante la crisis del Canal de Beagle en 1978, con los que participaron del Operativo Independencia, ordenado por el gobierno de Isabel Perón en 1975.
El caso es que con una falta de rigor alarmante, la senadora califica a todos los soldados conscriptos de las clases mencionadas, con independencia de que hubieran o no participado de operaciones militares, como «genocidas», lo que resulta llamativo por el hecho de que en las últimas tres décadas ningún tribunal argentino ha pronunciado sentencia condenatoria contra un soldado conscripto por crímenes calificados como de lesa humanidad.
Y no solo llamativo, sino también grave, pues el uso ligero y superficial de la tacha de «genocida» es cuanto menos impropio y desaconsejable cuando quien emplea el sustantivo es un responsable político con responsabilidades de Estado, como lo es un senador provincial.
Cerrano se hace un embrollo al citar el proceso judicial que se ventila ante los tribunales federales de la ciudad de Tucumán por las responsabilidades derivadas de la operación militar en el monte tucumano, pero olvida mencionar que entre los veinte imputados en este proceso (entre militares, gendarmes, policías y servicios) no hay ningún conscripto.
También olvida mencionar la legisladora que los soldados conscriptos, en una abrumadora mayoría, fueron víctimas de la dictadura militar (muchos fueron asesinados y unos cuantos permanecen desaparecidos) y que un número significativo de ellos aportó su valiente testimonio al esclarecimiento de la verdad en numerosos juicios por delitos de lesa humanidad. Si entre ellos hay (que podría haberlos) autores de hechos materiales en perjuicio de sus semejantes, y si sus conductas no han prescrito, deberán ser juzgados; pero uno por uno. Esto es, sin estigmatizar a toda una generación de argentinos, por el solo hecho de haber tenido el honor o la desdicha (según se mire) de vestir alguna vez el uniforme del ejército, una circunstancia que todo el mundo sabe que es inevitable por imperativo constitucional.
Convendría recordarle a la senadora Cerrano que ninguno de los conscriptos que participaron en las operaciones militares que menciona lo hicieron por su propia elección, y que muchos de ellos acudieron al llamado contra sus propios deseos. De modo que el solo hecho de que hubieran sido movilizados militarmente no convierte automáticamente a estos ciudadanos en criminales execrables.
Que la participación de los conscriptos en estas operaciones militares les haga o no acreedores a una pensión del Estado, o les dé derecho a tomar parte en los desfiles y gozar de la reverencia ciudadana, como pretenden, es una discusión que debe plantearse en otro ámbito. Lo que de ningún modo puede aceptarse, ni en este momento ni el cualquier otro, es la criminalización arbitraria y generalizada de una categoría de ciudadanos, y menos aún una calificación jurídica desproporcionada -la de genocidas- por parte de una persona que no ejerce el poder de juzgar, que no dispone de pruebas o no las menciona, y que actúa movida de forma visible más por rencores de clase que por apego a la legalidad.
Por tanto, si la senadora Cerrano dispone de las pruebas que acrediten que los conscriptos de las clases que ella menciona han sido autores, cómplices o partícipes penalmente responsables de crímenes que puedan ser considerados como de lesa humanidad, conforme a la jurisprudencia de los tribunales argentinos, su deber como senadora provincial consiste en comparecer ante las autoridades judiciales para denunciar estas conductas y presentar las pruebas correspondientes.