Mientras algunos conocidos operadores del mal se esfuerzan por sacar a la luz, casi todos los días, un nuevo escándalo de corrupción, capaz de poner en entredicho la honradez de los funcionarios del gobierno de Salta, pocos en realidad prestan atención al mayor de todos los vicios, entre los muchos que afean la muy deficiente gestión gubernamental: su capacidad para pervertir el lenguaje. Desde que los objetivos políticos del Estado salteño han ido lenta pero inexorablemente convergiendo con los intereses personales y electorales del Gobernador de la Provincia, la comunicación oficial del gobierno salteño ha ido dejando paulatinamente de ser un servicio a los ciudadanos y una respuesta (incompleta) a sus legítimas exigencias de acceso a la información pública para devenir en una perversa maquinaria de mentira, de manipulación y de tergiversación interesada de la realidad.
El aparato de comunicación oficial del gobierno puede, quizá, confundir unos objetivos con otros, pero esto no significa que los ciudadanos se tragan, como si fuera la cosa más normal del mundo, que la imagen del señor Gobernador es más importante que la verdad que todos tienen derecho a conocer, y que se muestren indiferentes frente a la perversión del lenguaje, que conduce invariablemente a la degradación de la política y la convivencia.
Voy a poner como ejemplo el malvado titular de un despacho de prensa del gobierno que dice lo siguiente: «El Gobierno garantiza el derecho a la identidad en El Tala con un nuevo centro de documentación».
Está demás decir que la noticia -buena noticia, además- es en este caso la apertura de un centro de documentación en El Tala y que bastaba con comunicar esta interesante novedad de una forma breve y directa, sin hacer ninguna alusión al derecho a la identidad, sencillamente porque no viene a cuento.
Pero el gobierno ha querido mezclar las cosas y aparecer frente a los ciudadanos como garante de algo que no solamente está obligado a cumplir de forma ineluctable (sin posibilidad alguna de escapatoria) sino también como supremo impulsor de un derecho cuyo mayor enemigo es, precisamente, el propio Estado.
En lo que se refiere a la identidad de las personas -lo mismo que sucede con un número bastante grande de derechos y libertades fundamentales de los seres humanos- la garantía de su disfrute no la proporciona el gobierno sino la Ley, que el gobierno debe limitarse a cumplir de forma rigurosa; es decir, sin que su voluntad o la de los gobernantes influya en lo más mínimo.
Confundir al gobierno con la Ley es como confundir al zorro con las ovejas.
En consecuencia, decir que el gobierno es el que garantiza el derecho a la identidad se antoja como el primer paso para mañana decir también que es el gobierno el que garantiza la libertad de los ciudadanos a circular, a reunirse o a opinar, cuando todo el mundo sabe que las leyes existen precisamente para que los ciudadanos puedan ejercer de forma efectiva estos derechos frente al gobierno, que es -y ha sido históricamente- su mayor amenaza.
Por lo demás, una oficina de documentación no garantiza el derecho a la identidad, del mismo modo que una comisaría no ayuda a garantizar el derecho a la libertad de circular o un hospital, por sí solo, no asegura el disfrute de la salud.
Entre facilitar y garantizar hay un abismo conceptual: el mismo que separa el ser del poder llegar a ser.
Si bien el de la identidad es un derecho que compete a todas las personas por igual, es primordialmente un derecho del niño, que incluye el derecho a un nombre, a un apellido, a una fecha de nacimiento, al sexo y a la nacionalidad. De modo que mostrar -bajo el rótulo del derecho a la identidad- a personas que han llegado a la edad adulta y que carecen todavía de alguno de estos atributos fundamentales comporta reconocer que el gobierno no ha hecho bien las cosas; es decir, que no ha cumplido con la Ley.
No quisiera finalizar sin referirme, siquiera brevemente, a otro titular absurdo e insultante para la inteligencia de los ciudadanos. Es el que dice "Más de mil familias de San Lorenzo recibirán el servicio de agua potable con mayor calidad". El agua es o no potable; y si antes circulaba por los grifos e iba a parar a los estómagos y riñones de un millar de sanlorenceños incautos con una calidad inferior a la óptima, es que no era potable. Pero la vergüenza no es ésta, sino que el gobierno manipule los hechos a su antojo y utilice de forma retorcida las palabras para hacer pasar por una gran hazaña suya lo que simplemente constituye su deber.
Un gobierno que no tiene el menor empacho en confundir las palabras y las ideas ellas que encierran, sea porque ignora los principios básicos del arte de gobernar, sea porque la imagen del Gobernador está tan desfallecida que se necesita manipular a los ciudadanos para infundirle un poco de vida, no solo es un mal gobierno sino un consumado enemigo de la Ley y de la razón. Lo cual ya es mucho decir para un Estado de Derecho.