Decir que Salta ha sido galardonada por la UNESCO con la declaración del Camino del Inca como Patrimonio Cultural de la Humanidad es más o menos como decir que los restos de San Jorge Mártir, cuyos huesos se hallan repartidos entre Roma, Nápoles, Milán, París, Venecia, Lidda, Chevriéres, Amiens, Mantova, Parma, Colonia y Navarra, pertenecen a uno solo de estos lugares. La Provincia de Salta -conviene recordar- tiene solo 60 kilómetros de los más de 30.000 de la famosa vía de comunicación incaica. Algo así como el 0,2 % del total. Una baldosa, digamos.
El modestísimo porcentaje es, sin embargo, inversamente proporcional al de la explosión de orgullo, gubernamental y mediático, que provoca una distinción que, en realidad, comparten seis países (Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador y Colombia) y que se debe en gran medida al esfuerzo diplomático de los países andinos, no al de la Argentina y mucho menos al de la Provincia de Salta.
Que el reconocimiento internacional al valor cultural del Camino del Inca representa una gran oportunidad para Salta, está fuera de toda duda. Éste no es el punto.
Pero una cosa es valorar la declaración como un hecho positivo para nuestra Provincia -que evidentemente, lo es- y otra bien distinta es presentar a la distinción como un mérito del gobierno provincial, que en nada ha influido para obtener esta declaración, o como una conquista capaz de disparar el orgullo provinciano hasta las nubes, como si se tratara del Rally Dakar o de un acontecimiento de similar tenor de frivolidad.
Es de esperar que la declaración internacional sirva, a partir de hoy, para muchas cosas buenas y no tanto para darle unas inmerecidas alas a una gestión cultural pública, que si algún mérito tiene es el de haber acertado, como nadie, a entronizar la vulgaridad mediante subsidios al mal gusto y elevar a la categoría de iconos culturales a los mamarrachos más solemnes.