El Gobernador de la Provincia de Salta es -qué duda cabe- una persona humana. Pero con independencia de ello, «es también una institución del Estado» y, como tal, debe estar sometida al doble control ciudadano de transparencia y rendición de cuentas.
Los políticos chapados a la antigua, como él y quienes lo rodean, son probablemente los únicos que no han sido capaces de advertir que el de la transparencia y la rendición de cuentas es uno de los campos en los que los movimientos cívicos han registrado el más rápido crecimiento en los últimos años.
En el pasado lustro -y más señaladamente desde la filtración de los Papeles de Panamá- estos movimientos cívicos han cobrado un peso universal significativo, al haber conseguido hacer converger los distintos aspectos de las iniciativas locales de transparencia y rendición de cuentas que han ido floreciendo en todo el mundo.
Las nuevas exigencias que en esta materia se dirigen a las instituciones públicas son hoy sustancialmente diferentes a las que existían a finales del 2007, cuando el Gobernador de Salta, forjado en los moldes ideológicos de la Guerra Fría, inició el primero de sus tres mandatos constitucionales.
Al comenzar su segundo mandato, aproximadamente, y sin que el Gobernador ni sus asesores tomaran debida nota del fenómeno, los movimientos cívicos comenzaron a identificar las áreas clave de la transparencia y la rendición de cuentas.
La mayor precisión teórica y conceptual derivó en el descubrimiento del enorme potencial de este campo de la actividad pública en orden a abrir nuevos caminos y alumbrar nuevas ideas, a una escala en que la investigación y la innovación son capaces de alcanzar un impacto real sobre las políticas y los programas que ejecutan los gobernantes.
Es preocupante, sin embargo, que este movimiento se haya producido de espaldas a la Provincia de Salta y, aparentemente, sin que los principales actores de la vida pública lugareña lo advirtieran. Contra esta toma de conciencia del fenómeno conspiran no solamente el hecho de que no exista en Salta una oposición política seria, reconocida y estructurada, sino también el que los escasos activistas, que de tanto en tanto interpelan al gobierno, acostumbren poner el acento en aspectos legales y formales de la información pública, revelando así que solo se interesan por una parte minúscula de la transparencia.
Dejando a un lado aquellas cuestiones relacionadas con el uso discrecional de los recursos del Estado por parte del Gobernador de la Provincia -un abuso tolerado en nombre de un teórico derecho exorbitante de las mayorías- hay determinadas cuestiones relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas que en Salta se encuentran virtualmente inexploradas. Solo por citar a las más importantes, mencionaremos a las siguientes:
* La adhesión a normas y principios internacionales en materia de presupuesto y participación;
* La mejora de la transparencia en los proyectos relacionados con la gestión de los recursos naturales;
* Las medidas de desarrollo de alianzas regionales e internacionales en materia de Gobierno Abierto;
* La adhesión a las iniciativas relacionadas con los flujos de información y la transparencia de la ayuda financiera exterior;
* La aplicación de mejores prácticas en materia de transparencia relacionada con los procesos de cambio climático.
Por esta razón, entre muchas otras, es que confundir transparencia con información pública comporta recortar severamente el ámbito de la primera, pues, entendida del modo más simple, la transparencia supone nada más y nada menos que la obligación de los responsables políticos de operar de una manera tal que resulte fácil para los otros ver y controlar las acciones que se ejecutan.
La transparencia engloba no solo el derecho a conocer sino también la institucionalización de los medios para hacerla efectiva. La rendición de cuentas es solamente uno de los medios, pero existen numerosas herramientas -como las que se emplean para la lucha contra la corrupción- que se utilizan con provecho el campo de la transparencia.
De acuerdo con esta visión, un gobierno es percibido como transparente cuando sus reuniones y deliberaciones se hallan abiertas a la prensa y al público; cuando sus presupuestos, sus procedimientos y sus cuentas pueden ser revisados por cualquiera (esto incluye la verificación del voto electrónico); cuando sus leyes y decisiones están abiertas a discusiones amplias, y cuando los ciudadanos en general entienden que las autoridades no abusan del sistema para favorecer sus propios intereses.
La transparencia, en su significado más actual, supone que en la medida en que los gobiernos y los gobernantes no cumplen con estas reglas básicas y desprecian las demandas ciudadanas encaminadas a exigir tal cumplimiento, el sistema evoluciona hacia la corrupción y ésta, a su vez, hacia formas de dictadura personalistas.