
El legislador salteño recordó que la ley nacional 20.680, sancionada durante la presidencia de Isabel Perón no prosperó y que causó un enorme perjuicio a los ciudadanos ya que, lejos de lograr que bajaran los precios, provocó un desabastecimiento total de productos primera necesidad durante meses.
Añade que es la situación de desgobierno y de inflación la que empuja a formular planes de control de precios que lo que consiguen es hacer desaparecer del mercado los productos que los consumidores necesitan. Es en este contexto -dice el legislador- que Cabandié y Recalde pretenden repotenciar leyes que estaban en desuso y que, con ciertas modificaciones, «dejan sin efecto garantías propias de nuestra Constitución».
Sobre estas garantías el legislador se ha explayado diciendo que el oficialismo pretende que sin necesidad de juicio previo se puedan confiscar bienes, propiedades y negocios de personas, empresarios y comerciantes y aplicar multas severísimas sin derecho de defensa.
El legislador ha advertido también que regulaciones como la que pretende el gobierno operan como factor disuasorio a futuras inversiones: «Nadie invierte en nuestro país y después de leyes como esta, menos. Hay un descuadre total de la estructura jurídica», ha dicho.
Fuente: Parte de prensa