La Salta inclusiva que conduce el gobernador Urtubey sigue dando lecciones de progreso y bienestar a la decadente Europa. En este caso se trata del revolucionario sistema de obtención del «pase libre» para que ancianos y estudiantes de Salta puedan utilizar gratuitamente el transporte público de pasajeros. En plena era de la revolución tecnológica, los cerebros palpitantes de la administración Urtubey han 'delineado' (como gustan decir) un sistema de colas físicas a la intemperie (filas interminables de ciudadanos) que obligatoriamente deben observar los jubilados salteños que deseen acceder a esta prestación social.
Para acreditar su condición de beneficiarios del transporte gratuito, los jubilados de Salta deben acudir a los puntos de atención al usuario (solo 3 en una ciudad de más de 600.000 habitantes) y hacerlo con el último recibo de sueldo en la mano. Pero solo podrán intentar hacer el trámite si su documento de identidad termina en uno de los números habilitados arbitrariamente por la autoridad para evitar que los puntos de atención estallen por exceso de peticionantes.
Los estudiantes, por su parte, deberán hacer otro tanto, con la diferencia que SAETA estará legitimada -según dicen- no solo para solicitar una acreditación normal de la condición de alumno, sino también para examinar los expedientes académicos de los beneficiarios, algo que roza la violación de la protección de los datos personales y se interna en los terrenos de la inconstitucionalidad.
En París
Los parisinos -menos «inclusivos» que los salteños- carecen de un abono gratuito para estudiantes y jubilados.En esta ciudad y en su área metropolitana el transporte público es gratuito solo para los perceptores de la llamada RSA (Revenu de Solidarité Active o Renta de Solidaridad Activa) y para los miembros de su hogar familiar, bajo determinadas condiciones de renta; y para los desempleados que acrediten ser, a la vez, beneficiarios de la AAS (o Allocation Spécifique de Solidarité) y de la CMU-C (o Couverture Maladie Universelle Complémentaire).
Tienen un descuento del 75% sobre el precio de los abonos los beneficiarios de la CMU-C o de la AME (Ayuda Médica del Estado), así como todos los integrantes de su hogar familiar, y los desempleados titulares de la Allocation Spécifique de Solidarité.
¿Cómo proceder?
El trámite está lejos de ser tan moderno como el «delineado» en Salta, pues el beneficiario deberá rebuscar entre sus papeles la cartilla CMU-C o AME, el último comprobante de ASS, el último recibo de pago de la RSA o el número de beneficiario de la Caisse d'Allocations Familiales, que es el organismo público nacional encargado de proporcionar las ayudas financieras de carácter familiar o social, en las condiciones determinadas por la Ley, dentro del marco de la Seguridad Social francesa.
Con alguno de estos papeles en la mano, el beneficiario debe llamar a la Agence Solidarité Transport de Île-de-France al número de teléfono gratuito 0 800 948 999, de lunes a viernes de 9 a 19. Al momento de llamar, un agente abrirá un expediente a nombre del beneficiario y le enviará a su domicilio un formulario que deberá completar y enviar por correo, junto con los documentos que le serán requeridos.
Al cabo de tres semanas, el beneficiario recibe de forma gratuita su tarjeta Navigo (una tarjeta con un chip RFID, que no requiere contacto físico), que, llegado el caso, podrá renovar y recargar en cualquier puesto automático de los miles que existen en las estaciones de Metro y RER de París, o desde su computadora personal, como se puede apreciar en la fotografía adjunta.
Los inconvenientes y desventajas de este sistema son que el Estado que concede estas ayudas jamás le ve la cara al beneficiario, de modo tal que el funcionario de turno no tiene la oportunidad de sacarse la foto con él, de mirarlo a los ojos y de dejar grabado en su cerebro el sello de su inclusiva generosidad.
En París no hay colas, ni humillaciones, ni malos tratos disuasorios, ni propaganda ideológica, ni demagogia, ni reverencias al poder de turno. Es decir, el anticuado sistema francés le priva al ciudadano ver en los puntos de atención los esclarecedores y pedagógicos carteles de Haciendo Realidad la Esperanza, Intendencia Isa, Corimayo dignifica y otros similares.
Y ya se sabe que sin estos ingredientes no hay política de inclusión que funcione.