El Ministro de Educación del gobierno provincial de Salta ha desechado hoy la posibilidad de que los llamados «docentes autoconvocados» se sienten a la mesa de negociación en la que el gobierno y los diferentes sindicatos que representan a los trabajadores docentes de Salta intentan ponerse de acuerdo sobre la cuantía de los salarios que se pagarán durante 2020.
El problema es que la teórica exclusión de los «autoconvocados», basada en argumentos legales bastante fáciles de sostener, tropieza con una pequeña dificultad: si tales «autoconvocados» no son admitidos a la mesa de negociación colectiva y -aun admitidos- si el gobierno luego no se aviene a satisfacer sus pretensiones (un aumento generalizado del 50% para los salarios docentes y la llamada «cláusula gatillo»), estos «autoconvocados» están dispuestos a ir a la huelga (una huelga que el gobierno no combatirá) y frustrar así el comienzo regular las clases en Salta.
¿Qué ocurriría si tal huelga se llevase a cabo? Pues lo más probable, además del perjuicio que deberán soportar los alumnos y la comunidad educativa en general, el gobierno se sentará a negociar con estos «autoconvocados» y, al final, terminará pagando religiosamente los salarios de los maestros y maestras que se han plegado a la huelga, tras la convocatoria -irregular, por otras parte- efectuada por los «autoconvocados».
Hacer esto último y excluirlos de la negociación colectiva, con el argumento de su no acreditada representatividad, es una actitud contradictoria y de ella solamente es responsable el gobierno; no los «autoconvocados».
El proceso lógico es bastante sencillo: el derecho a la negociación colectiva no puede entenderse sin la posibilidad de que los trabajadores que negocian con sus empleadores o con una representación de estos puedan acudir a la huelga. En otros términos, que la amenaza de huelga es argumento persuasivo de mayor peso en la mesa de negociación colectiva. Es por ello que cuando la negociación concluye con un acuerdo, las partes que lo han suscrito asumen el compromiso de no acudir a la huelga (en el caso de los trabajadores) ni a adoptar medidas de conflicto (en el caso de los empleadores) mientras dure el acuerdo y siempre y cuando con aquellas medidas se pretenda modificar lo ya negociado y acordado.
Es bastante obvio, por tanto, que solo pueden acudir a la huelga aquellos sujetos colectivos legitimados para sentarse a la mesa de la negociación colectiva. De modo y manera que cuando la huelga es llevada a cabo por un sujeto que no dispone de la capacidad legal para ser interlocutor en la mesa de negociación colectiva, tanto la convocatoria a la huelga como efectiva adhesión por los trabajadores individuales ha de calificarse en todos los casos de ilegal por la autoridad competente.
Es decir, que si los «autoconvocados» carecen de capacidad legal para ser interlocutores en la mesa de negociación colectiva, no pueden presionar, acordar, ni firmar, luego es que tampoco pueden ir a la huelga por lo que resulte de esa misma negociación. Por eso es que cuando el gobierno les deja hacer huelga y luego no va contra ellos -aunque más no sea absteniéndose de pagar los sueldos que no debe- es que está practicando una disociación inadmisible del derecho a la autonomía colectiva, separando por un lado el derecho a la negociación (que se bloquea) y el derecho a la huelga (que se permite) por otro.
El gobierno debe, por tanto, aclarar las ideas y proceder de una forma coherente, sin hacer concesiones a la demagogia.