Cualquiera sea la motivación de la huelga, el deber de cualquier gobierno es proteger ciertos derechos, a saber:
1) el derecho de los trabajadores individuales a plegarse o no a la huelga;
2) el derecho de los trabajadores individuales a prestar su trabajo y no secundar la huelga, y
3) los derechos de los usuarios de los servicios públicos cuyo funcionamiento normal resulte afectado por la huelga.
Aun cuando la huelga se insinúe como total, tanto la Administración como las empresas públicas no pueden ignorar las necesidades de los ciudadanos en general y de la comunidad de usuarios en particular, y cerrar sus centros de trabajo como si se tratara de centros de empresas privadas. El gobierno debe hacer todos los esfuerzos posibles para que los centros de trabajo permanezcan abiertos y los servicios se presten, porque esta es la única forma de respetar los derechos antes mencionados.
Si el gobierno -como ha hecho Urtubey- dispone que no habrá colectivos porque Saeta no va a sacar ninguno a la calle, lo que hace no es un cierre defensivo. Al contrario, lo que está haciendo es asegurar el éxito de la huelga, sin ningún sacrificio sindical.
Si los sindicatos que convocan la huelga amenazan con violencia y resulta que no es seguro que los colectivos salgan a la calle, el deber del gobierno es reforzar la seguridad de las unidades con la supernumeraria Policía que tiene. Es absurdo que a un partido de fútbol de mínimo riesgo se envíen a 800 policías y que frente a una amenaza seria al derecho a la libre circulación, Urtubey resuelva acuartelar a su policía y dejar a los choferes y pasajeros de los colectivos sin protección de ninguna naturaleza.
No hay en Salta norma que obligue a los sindicatos a ofrecer al gobierno y a la comunidad de usuarios servicios mínimos, para el caso de que la huelga afecte la prestación de servicios que se consideran esenciales. Pero aunque esta norma no exista, el gobierno no puede renunciar sin más a la prestación del servicio y convertir a Salta en una ciudad sitiada e inmóvil frente a la amenaza de violencia.
Por más que Urtubey simpatice con la huelga y esta se dirija contra las políticas de Macri, el gobierno provincial debe permanecer neutral y de ningún modo favorecer a los huelguistas (ni a los que se oponen a ellos). Por esta razón, no puede salir a decir públicamente que Saeta «va a observar la huelga», como si fuera una «jornada pedagógica» o un «toque de queda» impuesto por una autoridad superior, porque la lógica de las relaciones laborales indica que Saeta, como empresa, lejos de observar, debe resistir hasta donde pueda la huelga, respetando los derechos en juego, y procurando por todos los medios que en Salta haya transporte seguro y fiable.
Ahora bien, si Urtubey no se siente especialmente fuerte ni capaz para garantizar que el transporte durante el día de huelga sea prestado en condiciones de mínima seguridad, es que debe salir públicamente a los medios y decirlo sin tapujos. Y no mandar a cerrar una empresa que es de todos con la excusa de que la huelga es ineluctable.
Si aplicáramos al caso la doctrina Bielsa del fair play, los primeros en salir a protestar por este insólito avasallamiento a los derechos de los usuarios del transporte público de Salta deberían ser los sindicatos huelguistas, pues el gobierno de Urtubey les está haciendo ganar el partido sin merecerlo.
Frente a los intereses contrapuestos, lo que ha hecho Urtubey es penalizar al más débil, al que no tiene quien lo defienda de las arbitrariedades. Por supuesto que debe respetar el derecho de huelga, pero una vez que se han adoptado las medidas para que la huelga no sea indebidamente obstaculizada, el deber del gobierno es acudir en auxilio de las personas injustamente privadas del transporte. Y algo como eso no se consigue con la decisión de cerrar la empresa.