En una comunicación oficial, la empresa de transporte ha informado a la comunidad de usuarios que durante el día de hoy, martes 30 de abril, el servicio se prestará «con total normalidad».
Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que el gobierno provincial, creyendo que la UTA es un organismo oficial y que sus disposiciones sobre la huelga constituyen mandatos ineludibles, ha dicho que «de acuerdo a la información oficial comunicada por la UTA, se recomienda a los usuarios tomar los recaudos necesarios debido a que las unidades sólo recogerán pasajeros hasta las 23 hs, tanto para servicios urbanos como metropolitanos».
El gobierno llama, pues, «total normalidad» al hecho de que la huelga comience una hora antes y que durante esa hora crítica, los colectivos de Saeta no recojan pasajeros, pero no porque lo haya dispuesto la UTA sino porque así lo ha dispuesto el gobierno, cuya obligación es la de garantizar el servicio, no solo durante los días en que no hay huelga, sino especialmente el día de la huelga.
Sin servicios mínimos ni garantías
La información oficial del gobierno confirma que a los funcionarios les importa más acatar la voluntad de la UTA que proteger a la comunidad de usuarios, pues como si la guerra estuviese perdida de antemano, el gobierno ha dicho que El 1 de mayo se observará la medida de fuerza dispuesta a nivel nacional en los servicios de corta, media y larga distancia, por lo que no circularán unidades de Saeta.No se sabe muy bien si quien va a observar la medida de fuerza es la empresa o si por el contrario la van a observar los conductores de colectivo. Y si así fuese ¿cómo ha hecho el gobierno para saber si un chofer va a adherir o no a la huelga, sin violar sus derechos?
Como ya ha sucedido en otras ocasiones, el gobierno -sujeto pasivo del ejercicio del derecho de huelga- resuelve plegarse a esta y cerrar, pero no para defenderse (lo que en algún caso sería legítimo) sino para favorecer el mayor impacto de la huelga, que en casos como este, que afecta a servicios públicos que tienen la consideración de esenciales, daña muchísimo más a la comunidad de usuarios que al propio gobierno, que en realidad se limita a mirarlo por TV mientras sus funcionarios circulan en carísimos vehículos por las calles de la ciudad.
Ni el gobierno ni la empresa pública afectada han previsto ni designado ningún tipo de servicios mínimos de transporte para la jornada del miércoles, y no se sabe -visto lo que acabamos de ver- de qué forma van a proteger el trabajo de aquellos conductores que, en uso de su libertad, decidan no secundar la huelga y acudir a sus puestos.