El Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, con la complacencia de la mayoría de la dirigencia política de su Provincia, ha puesto en marcha anteayer un sistema legal que autoriza al gobierno a conceder exenciones de tributos provinciales por un tiempo de hasta cinco años a inversores nacionales y extranjeros que realicen inversiones en Salta.
El nuevo régimen, sancionado por la ley provincial 8086 y desarrollada por el decreto reglamentario 694/2018, es una iniciativa original del gobierno de la Provincia de Salta, que toma forma pocos días después de que las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos revelaran que Salta es la Provincia con mayor cantidad de desempleados en todo el noroeste argentino, y a solo unos meses de que el propio gobierno provincial anunciara, con preocupación evidente, que está inmerso en una severa crisis fiscal que le ha obligado a practicar importantes recortes en los gastos.
La ley deja en manos del gobierno la evaluación de las empresas y las inversiones que se beneficiarán de las exenciones fiscales, así como el plazo de duración de las mismas. Teniendo en cuenta de que uno de los objetivos de este nuevo sistema es la creación de puestos de trabajo, la norma no prevé ninguna obligación concreta de los inversores de mantener un determinado volumen de empleo (excepto lo que prevé el absurdo artículo 53), ni durante el tiempo de la exención ni después. Tan solo se prevé que los inversores beneficiarios de las ayudas deban mantener la actividad durante diez años (Art. 48).
Pero el incumplimiento de esta última obligación tiene prevista en la ley una sanción ridícula, que atenta contra la incolumidad de las finanzas públicas provinciales, ya que solo en el caso de que la empresa cierre o paralice su producción, deberá devolver al Estado las ayudas recibidas, en proporción a los años en que efectivamente funcionó. Es decir, que no se contempla la posibilidad de que la empresa devuelva la totalidad de los impuestos que se le han perdonado, ni aun en el caso de fraude comprobado.
El artículo 53 de la ley deja prácticamente en manos de las empresas promocionadas y virtualmente sin consecuencias jurídicas la reducción de las plantillas decidida por las empresas, al prever que cuando se produzcan «alteraciones en la cantidad de puestos de trabajo que dieron lugar a los beneficios tributarios, el beneficiario deberá denunciarlo ante la Autoridad de Aplicación, quien podrá disponer la modificación de los beneficios otorgados, cuando las circunstancias lo justifiquen». La norma no obliga en absoluto a retirar las exenciones fiscales, y deja el asunto librado al criterio de la autoridad de aplicación, que frente a la extinción de una parte significativa de los puestos de trabajo (a condición de que la empresa no interrumpa su actividad) puede tranquilamente hacer la vista gorda.
Al comparecer ante la prensa para anunciar los detalles del nuevo régimen legal, el Gobernador de la Provincia no ha dado ni datos ni cifras concretas y fiables acerca de la cantidad de dinero que las arcas fiscales salteñas dejarán de ingresar mientras dure la vigencia de la nueva ley. Tampoco ha habido la más mínima especulación acerca de la cantidad de puntos en que se espera crecerá el producto regional, el número de puestos de trabajo que el gobierno aspira a crear, la cantidad de dinero que se dejará de ingresar por los impuestos perdonados (y su impacto sobre las cuentas públicas), así como la cantidad de puntos en que -se supone- descenderá la tasa de desempleo o el tiempo en que este descenso ha sido estimado.
A pesar de estas omisiones fundamentales, ni la oposición ni los expertos en economía o en finanzas públicas han reaccionado. Tampoco lo han hecho frente al hecho de que las exenciones y beneficios fiscales que pueda conceder Urtubey en el año y medio que le queda de mandato se extiendan durante varios años (mucho más allá de su mandato), afectando de modo significativo las expectativas de recaudación fiscal del gobierno que lo suceda.
El Gobernador no ha explicado con qué recursos suplirá a los que se podrían haber obtenido de no existir esta ley. No se descarta que entre sus planes figure el de seguir endeudando a Salta para que la deuda la paguen todos los salteños cuando ya no sea él el Gobernador y para condicionar así la eficacia del nuevo gobierno, que muchos analistas calculan que será de un signo político diferente. La otra posibilidad es la de que Urtubey esté confiado en que será electo Presidente en 2019 y que, una vez instalado en el cargo, compense la pérdida de ingresos fiscales propios de la Provincia de Salta con algún mecanismo que permita la transferencia de mayores recursos federales.
Algunos analistas entienden que la medida, más que ser una decisión de alcance general, es un intento apurado de acomodar la legalidad para permitir el rescate «in extremis» del ingenio San Isidro, ya que el potencial inversor interesado habría exigido al gobierno una virtual inmunidad fiscal que, por lo que se ve, el gobierno de Urtubey ya le ha concedido.
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