La reunión que han mantenido ayer en Buenos Aires el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el Ministro de Trabajo del gobierno federal, Jorge Triaca, forma parte de una calculada estrategia del gobierno provincial salteño para intentar hacer aparecer a los funcionarios federales como responsables de las soluciones para el grave conflicto social que afecta a los trabajadores del ingenio San Isidro.
La maniobra apunta a diluir la responsabilidad directa que tiene el gobierno salteño en los hechos que desencadenaron la crisis y la que le cabe a la hora de encontrar, por sí mismo, las soluciones adecuadas para paliar sus graves consecuencias sociales.
En esta inteligencia, el gobernador Urtubey y dos de sus ministros han acudido ayer al despacho del Ministro de Trabajo de la Nación, que, como se sabe, bastante poco puede hacer, tanto para evitar el cierre del ingenio como para atajar la crisis social que tal medida provoca.
A pesar del anuncio del gobierno de Salta en tal sentido, no es competencia del gobierno federal buscar nuevos inversores y potenciales compradores para el ingenio en crisis. Esto debe hacerlo, en primer lugar, el gobierno provincial. Y hasta donde se sabe, muy poco ha hecho, salvo constituirse en el Perú a escuchar de boca de unos sonrientes empresarios su decisión irrevocable de cerrar en Salta.
En lo que respecta a la «posible incorporación de los trabajadores con beneficio social a partir del programa de reconversión productiva», parece claro que las ayudas directas que el gobierno federal pueda prestar a los trabajadores afectados, así como su formación profesional, las puede prestar también el gobierno provincial, con sus propios recursos, sin que hasta el momento se conozca que el ministerio que dirige la señora Paula Bibini haya adoptado medidas concretas al respecto.
A pesar de esta falta de reacción, probablemente debida a la flaqueza de las arcas públicas salteñas, el gobierno de Urtubey subsidia con importantes cantidades de dinero a los gauchos de Güemes, que poco y nada producen, y al club Gimnasia y Tiro, que ha recibido casi 80 mil dólares del gobierno para participar en un torneo de fútbol.
La comunicación oficial del gobierno salteño dice también lo siguiente: «El Grupo Gloria, propietario del Ingenio radicado en Campo Santo, en enero comunicó la decisión de acogerse al Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas (PPC), recurso planteado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Desde ese momento el Gobierno de la Provincia acompaña a los trabajadores en gestiones que posibiliten continuidad a la actividad de la que dependen 700 familias del Valle de Siancas».
Lo que la comunicación del gobierno omite es decir que el procedimiento preventivo de crisis no es un mecanismo que vaya a solucionar nada, y, muchos menos, que pueda evitar el cierre decidido ya por la empresa. Es solo una forma de «organizar el funeral».
Luego, el hecho de que el gobierno diga que «acompaña» a los trabajadores en las gestiones que permitan que la empresa continúe su actividad es de un imperdonable cinismo, ya que no es a los trabajadores a quienes les corresponde hacer tales gestiones, sino al gobierno de Urtubey, y el papel «acompañante» que este se ha reservado en estas negociaciones es sencillamente indigno, pues lo que debió hacer y no hizo es ponerse al frente del asunto.
A lo que probablemente se refiera el gobierno salteño es a que cuando se celebraron las audiencias previstas en el procedimiento preventivo de crisis, la representación obrera fue acompañada hasta las puertas mismas de la Dirección Nacional competente por el propio gobernador Urtubey, en un gesto que ha sido interpretado por muchos como una inadmisible ruptura de la neutralidad formal del gobierno provincial en el conflicto.
Según se desprende de las declaraciones de la ministra Bibini al concluir la reunión con Triaca, las expectativas del gobierno salteño se reducen a que el gobierno federal pueda pagar a parte de los trabajadores afectados una prestación precaria (el llamado «beneficio de intercosecha»).
Sin embargo, el asunto no está tan claro, puesto que la normativa actual requiere para ello una «decisión de excepcionalidad» por parte del gobierno nacional, que, de adoptarse, permitiría en el mejor de los casos que solo algunos de los trabajadores afectados por el cierre del ingenio tuvieran un auxilio económico por parte del gobierno.
Aunque la ministra Bibini ha dicho que «espera soluciones», también ha reconocido que falta que se haga una solicitud formal para que algunos trabajadores del ingenio cobren el beneficio de intercosecha.
En suma, que otra vez se ha intentado tender una trampa a los salteños para hacer aparecer al gobierno provincial y al Gobernador como comprometidos en un asunto en el que están más despistados que rengo en tiroteo.
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