Las mentiras sobre las recomendaciones del FMI para el mercado de trabajo argentino

El diario El Tribuno de Salta reproduce hoy en su edición digital un artículo, copiado del diario La Nación, al que titula del siguiente modo: «El Gobierno quiere bajar las indeminizaciones, acorde a la receta del FMI». El titular se reproduce con error tipográfico incluido, pues el diario, en vez de escribir «indemnizaciones» escribe «indeminizaciones», como si se estuviera «minimizando la indemnidad».

El caso es que el artículo alude a un documento oficial del Fondo, publicado con anterioridad al pedido de ayuda financiera del gobierno argentino, en fecha 29 de diciembre de 2017, que se puede encontrar en la red y cuya lectura desmiente, bien es cierto que de forma parcial, el contenido de la noticia publicada por los diarios argentinos, o al menos desactiva su premisa mayor.

No es mi intención defender aquí ni en ningún lado al FMI, no solo porque esta entidad tiene quien la defienda y porque es bastante conocida la poca simpatía que siento por sus economistas, ni tampoco defender al gobierno de Macri al que no le debo más que un elemental respeto cívico. Solo quiero poner de relieve las mentiras que contiene el sesgado enfoque de los dos artículos periodísticos que he leído y la intención que persiguen: seguir demonizando al Fondo Monetario Internacional, llegando para ello al extremo de desfigurar un documento técnico que no dice exactamente lo que dicen que dijo.

Antes de repasar las mentiras más notables, me gustaría decir que el documento en cuestión, de 83 páginas y que se puede descargar buscándolo por su nomenclatura oficial (IMF Country Report Nº 17/409), es el resultado de las conversaciones bilaterales entabladas entre el FMI y funcionarios argentinos, en el marco del Artículo IV del Articles of Agreement. Es decir, dista mucho de ser un documento de elaboración unilateral, y no contiene -como parecen insinuar los artículos periodísticos citados- imposiciones o recetas sino meras recomendaciones para la economía nacional. Es decir, como las lentejas: «las comes... o las dejas».

Dicho lo anterior, es preciso advertir que el documento trata, en general, sobre reformas macroeconómicas orientadas a la reducción del déficit fiscal y solo dedica unas pocas líneas a lo que el FMI considera reformas aconsejables para el mercado de trabajo argentino.

Pero ¿cuáles son esas reformas? ¿Qué sentido y alcance tienen? ¿Cuál es su posibilidad de aplicación real, más allá del voluntarismo del organismo internacional?

Para empezar a ver un poco el asunto, conviene detenerse en el capítulo que lleva por título Key messages y en el subtítulo que se refiere a las reformas estructurales «indispensables». Aun antes de empezar a desmenuzar los principales indicadores de la economía nacional argentina, el documento del FMI dice que «avanzar en las reformas del lado de la oferta apoyará el crecimiento, aumentará la productividad, incentivará la inversión privada y erosionará parte de la sobrevaluación de la moneda».

El documento insiste en que las reformas serán necesarias para «asegurar que los beneficios de un crecimiento económico más sólido se extiendan a todos los sectores de la sociedad, bajando la pobreza, mejorando la calidad de los empleos y reduciendo la informalidad, especialmente para los jóvenes y las mujeres». Casi nada. El ogro que se come los niños, al final los pone por delante como objeto de sus desvelos.

Es preciso observar también que, al menos en esta parte de las reformas «indispensables» se menciona como «prioritarias» a las siguientes: un sistema fiscal menos distorsivo, unas regulaciones más equilibradas del mercado de trabajo, mayor competencia en el mercado interno de los productos nacionales, guerra a la corrupción y eliminación de las barreras impuestas al comercio internacional y la inversión extranjera.

Quien no esté de acuerdo con estos objetivos para la economía nacional, ya podría armarse de valor, levantar la voz y defender las posiciones contrarias. Que lo digan bien claro, por favor: «Yo estoy en contra de todo esto». Y este es un claro mensaje para el señor Gobernador de Salta, don Juan Urtubey, y su selecto club de amigos.

Medidas globales

Pero no estamos aquí para eso, sino para echar un vistazo muy ligero a las medidas que el FMI aconseja para «equilibrar» las desequilibradas regulaciones de nuestro mercado de trabajo.

Más adelante, en la página 23 del documento, se puede leer lo siguiente:

«Un mercado de trabajo más flexible. La Argentina tiene instituciones, regulaciones y un mercado de trabajo relativamente rígidos. Los indicadores de la OCDE (N. de la R.: esa organización internacional en la que vez en cuando discursea el inflexible Gobernador de Salta) sugieren que la Argentina tiene regulaciones en su mercado de trabajo más inflexibles que la media de los países latinoamericanos y los de la OCDE. Las principales deficiencias incluyen altos costes de terminación y procedimientos complejos para despidos colectivos, y condiciones restrictivas para el empleo temporal (incluido el trabajo a tiempo parcial y el aprendizaje). La negociación colectiva también es un problema: se lleva a cabo a nivel sectorial y cubre alrededor del 70 por ciento de los trabajadores (aunque solo el 30 por ciento de los trabajadores están sindicalizados). Las presiones para modernizar las instituciones del mercado laboral argentino se han incrementado desde que Brasil (el principal socio comercial de Argentina) bajará sus costes laborales unitarios».

Un poco más abajo, en el punto 26, leemos:

«Se necesita una reforma integral de las instituciones del mercado laboral. Las autoridades del gobierno ya están trabajando, dentro de los acuerdos salariales específicos de cada sector de la economía, para crear condiciones de trabajo más flexibles, reducir el absentismo y proporcionar más formación en el puesto de trabajo. Más allá de esto, los cambios legislativos deberían enfocarse en: (i) adelgazar los procedimientos de despido; (ii) reducir el nivel de pagos por indemnizaciones; (iii) simplificar los procedimientos de despido colectivo; (iv) facilitar el uso de contratos temporales (incluidos los aprendizajes) y los de tiempo parcial; (v) limitar la extensión de la cobertura de los convenios colectivos más allá de los signatarios directos; y (vi) ofrecer un uso más amplio de las cláusulas de exclusión voluntaria de la negociación colectiva (en vez de la actual presunción de que los convenios cubrirán a todas las empresas de un determinado sector independientemente del grado de sindicalización). Además, el nivel actual del salario mínimo es probable que sea un incentivo para trabajar en el sector informal (actualmente es del 45 por ciento del salario medio y abarca aproximadamente un tercio de la fuerza de trabajo y cerca de la mitad de los trabajadores informales). La indexación del salario mínimo a la inflación permitiría un mejor equilibrio entre la mano de obra y la fuerza de trabajo».

Este es el meollo de la «receta» y ya nos convendría ir leyendo cada uno de sus ingredientes con cierto espíritu crítico; es decir, despojados de apriorismos políticos o ideológicos, que, entre nosotros -lo sabemos- ocultan por lo general un falso obrerismo, que ha servido para tranquilizar muchas conciencias pero muy poco para favorecer la justicia social y la promoción o la tutela de quienes solo tienen su fuerza de trabajo para alquilar.

A la primera pregunta que hay que contestar es a la siguiente: ¿Son los costes de despido excesivamente altos en la Argentina? La respuesta es no, no lo son. Y si no lo son, ¿entonces por qué bajarlos?

Sería muy conveniente sincerarnos en este punto y reconocer que las indemnizaciones que teóricamente sirven para disuadir al empresario de adoptar una decisión extintiva sin causa protegen muy poco al trabajador, o al menos no lo protegen tanto como a la denominada «industria del juicio», que es adonde va a parar el grueso de las cantidades que se terminan pagando.

En segundo lugar, sería interesante que nos fijásemos en el altísimo nivel de trabajo en negro que hay en la Argentina, que obliga a que las indemnizaciones por despido sean una forma extrema y casi desesperada de penalización al que elude la ley y no registra a sus trabajadores. Las soluciones, por tanto, no deberían ser ni la simplificación de los procedimientos de despido ni la rebaja de las indemnizaciones, sino la reforma de la ley que organiza los honorarios de los abogados y una agresiva campaña de inspección para lograr que los empresarios menos propensos a cumplir con las normas registren debidamente a sus trabajadores.

Hachazo a los convenios colectivos

Mucho más discutible que lo anterior es la recomendación -que tampoco está formulada en términos muy claros- de que los convenios colectivos se apliquen solo a quienes los han negociado. Probablemente se trate de una extrapolación inadmisible de la cultura norteamericana de la negociación colectiva, pues en nuestro país, al igual que lo que sucede en la práctica totalidad de los países industriales avanzados -excepto los Estados Unidos- los convenios negociados y acordados por sindicatos con mínima representatividad e implantación en un determinado sector de actividad o ámbito negocial rigen para todos los trabajadores, sin distinción, con independencia de su pertenencia a un sindicato.

Lo que ocurre -y esto sí convendría revisar- es que en muchos de los países a los que me refiero los convenios son negociados, del lado de los trabajadores, por sus representantes unitarios (delegados de personal y comités de empresa), lo que no ocurre en la Argentina, donde la negociación colectiva se encuentra atrapada en las garras de las grandes federaciones nacionales, por razones estratégicas, políticas o «de caja», pero nunca por motivos relacionados con la productividad o la eficiencia.

Sobre algunos de estos puntos, conviene tener en cuenta que en el año 2012 el Partido Popular español, acorralado por la crisis económica iniciada cinco años antes, impulsó una reforma laboral que redujo las indemnizaciones por despido improcedente de 45 a 33 días de salario por año trabajado, flexibilizó hasta niveles nunca antes conocidos los despidos por causas económicas o tecnológicas, permitió que las empresas de pequeñas dimensiones se descolgaran de los grandes convenios colectivos de rama de industria, congeló las pensiones y el sueldo de los empleados públicos y favoreció la contratación laboral temporal en desmedro de la indefinida. La resistencia sindical a estas medidas fue mínima, casi testimonial, y hoy con los salarios y el empleo en alza, la economía española parece recuperada, hasta el punto de que los mismos sindicatos están presionando por el aumento de los salarios y el regreso de las «vacas gordas». Me atrevería a decir que hoy casi nadie se acuerda de las indemnizaciones por despido de otras décadas, pero comprendo que es muy arriesgado, pues la reforma laboral de la derecha española, si bien dio resultados, fue brutal y lo sigue siendo.

Los impuestos al trabajo: ¿Hacia arriba o hacia abajo?

En lo que respecta a la imposición de las rentas del trabajo, otro punto que ha sido informado deficientemente por los medios argentinos, el Fondo dice: «Unos impuestos más bajos sobre los salarios y los ingresos de los trabajadores, junto a mejores instituciones del mercado de trabajo, ayudarán a bajar la informalidad y aumentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral.

En 2016, el trabajo informal representaba entre el 30 y el 40 por cien de los trabajadores. La informalidad laboral en la Argentina afecta desproporcionadamente a las personas con menos nivel de educación, a los jóvenes (que se encuentran en la parte más baja de la escala de distribución de ingresos) y a las mujeres (creando una discriminación por razón de sexo en el mercado de trabajo).

Impuestos más bajos y mayor flexibilidad en el mercado de trabajo pueden ayudar a reducir la informalidad y, haciéndolo, reducir la pobreza y aumentar la participación femenina en la fuerza de trabajo».

Es falso, por tanto, que el FMI quiera extender la aplicación del impuesto a las ganancias a los trabajadores. La rebaja de los impuestos que propone el Fondo está vinculada directamente con el objetivo de hacer que las mujeres puedan acceder a más y mejores empleos.

El salario mínimo y su indexación

Una mentira muy clara también es la que dice que la sugerencia del Fondo de aumentar automáticamente el SMV con el índice de inflación es contraria a los intereses de los trabajadores. Si se tiene en cuenta que este salario aumenta en la Argentina por debajo de la inflación de los precios, o lo hace a un ritmo inadecuado, es claro que la propuesta del Fondo, antes que pretender que las rentas laborales se contraigan, propone todo lo contrario. Si la indexación del SMV comporta o no la extinción del Consejo que se reúne cada tanto para fijarlo, es cosa que deberá decidir soberanamente el Congreso de la Nación, no el FMI, lógicamente.

Es verdad que el Fondo propone en su documento bajar las cotizaciones que pagan las empresas a la Seguridad Social, pero lo que silencian los diarios es que, en la misma línea y por idénticos motivos, sugiere bajar también las que paga el trabajador al sistema. ¿Por qué no se habla de esto?

Las jubilaciones

Para no hacer este escrito más largo y tedioso de lo que ya es de por sí, cerraré el capítulo de mentiras (no hay por qué llamarlas con un nombre tan bonito como el de fake news) con el tema de las pensiones.

Sobre ellas dice el documento del FMI: «Se deben abordar los desequilibrios en las pensiones. Existe una necesidad de restaurar a largo plazo el sistema de pensiones (ver el Artículo IV de 2016). Para proteger a los ancianos pobres, el gobierno debería proporcionar medios fiables y comprobados, transferencias sociales no contributivas que sean financiadas con ingresos generales. Este mecanismo sería complementario a las jubilaciones contributivas clásicas que se financian con los impuestos actuales sobre el recibo de sueldo, pero despojado de la estructura existente de exenciones y regímenes especiales. Se podría lograr acumular ahorros más inmediatos indexando los beneficios de la contribución definida existente sujetándolos a la inflación prevista. A ello se debería sumar la elevación de 60 a 65 años de la edad de jubilación de las mujeres (N. de la R.: ¡Chau Sergia!), lo que contribuiría a reducir el gasto federal en pensiones en un 2 por ciento del PIB. Si medidas similares fueran adoptadas por las provincias, el gasto público general podría reducirse incluso un 0,5 por cien más para 2027».

Seguramente, a las mujeres, tan bien tratadas por el Fondo en sus cálculos sobre el mercado de trabajo y su subrepresentación en las empresas, no les hará tanta gracia esta propuesta de aumento en cinco años de la edad de jubilación, pero en estos tiempos de igualdad tan deseada, ¡quién sabe!

Obsérvese que estos señores a los que les colgamos la etiqueta de sacerdotisos del ultraneoliberalismo, no proponen crear fondos privados de pensiones, ni complementarios ni sustitutorios del sistema de reparto universal, sino un sistema paralelo, de naturaleza pública y financiado con impuestos regulares, que complemente las pensiones contributivas, «para proteger a los ancianos pobres». Ya sé que una cosa es decirlo y otra desearlo realmente, pero esto es lo que está escrito.

Apretada síntesis

En resumen, que después de leer los diarios pensé, como casi todo el mundo, que el FMI nos quería devorar las entrañas, pero leyendo el documento, parte por parte, llego a la conclusión de que sus recetas, aunque opinables, no son tan bárbaras como me las han pintado y que, con un poco de sentido común se las puede llegar a leer, sin que a uno le hierva la sangre.

Para tranquilidad de los más inquietos, se ha de tener en cuenta que esta no es una elaboración de unos transnochados «hombres de negro» que se han sentado en Washington a debatir cómo ponerle una bota en el cuello a los trabajadores argentinos, para que estos le pasen la lengua. Es producto -según el propio documento aclara- de un intercambio bastante abierto entre expertos del Fondo y expertos argentinos. Es decir, que lo que dice el Fondo no ha salido de los sótanos humedecidos por el Potomac, sino de datos y realidades aportados y filtrados por especialistas argentinos.

Que unos y otros carezcan de la sensibilidad o los conocimientos necesarios para advertir cuáles son los principales desafíos y amenazas que enfrentan los trabajadores argentinos es otra cosa. Pero lo que está escrito es lo que está escrito y, si me creen, podrán coincidir conmigo en que lo que dice el FMI no es lo que nos han contado los diarios.