Ayer se ha conocido la noticia de que los sindicatos con representación en el ámbito de la docencia provincial salteña consiguieron llegar finalmente a un acuerdo con el gobierno provincial en la negociación colectiva entablada por ambas partes para establecer la nueva cuantía de los salarios y otras cuestiones, de menor importancia, relacionadas con las condiciones de trabajo. Al final, los representantes sindicales pasaron por el aro del gobierno y terminaron acordando unos porcentajes de aumento muy inferiores a los pretendidos inicialmente, lo cual resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que el gobierno modificó a la baja por dos veces la oferta inicial de aumento. Algo pocas veces visto.
Debe tenerse presente que la negociación entre las partes tuvo en todo momento como telón de fondo -ocurre casi todos los años- la amenaza de los sindicatos docentes de no permitir el inicio del año escolar en la fecha señalada de antemano por el gobierno. De modo y manera que, concluida la negociación, era de suponer que los sindicatos -ya satisfechos en la mesa de negociación colectiva- desactivasen su amenaza, permitiendo que las clases comenzaran normalmente en la fecha establecida.
Pero en Salta nada es normal.
Tras levantarse de la mesa y estrechar la mano de su antagonista, los sindicatos salteños anunciaron que las clases no comenzarán el día lunes 6 de marzo como estaba previsto, sino el día miércoles 8, debido a que los señores -recién salidos de un monstruoso descanso de carnaval- van a la huelga, pero no ya una huelga directa contra el gobierno provincial, sino una huelga de solidaridad cuyo sujeto pasivo aparente es, en principio, el gobierno nacional, pero que en la práctica es toda la comunidad educativa.
El anuncio no ha sido casual ni improvisado, lo que lleva a pensar que las organizaciones que se sentaron a negociar con el gobierno provincial ya tenían en mente ir igualmente a la huelga, cualquiera fuese el resultado de la negociación entablada. Dicho en otros términos, que podrían haber estado negociando de mala fe.
Hay que recordar que el deber de negociar de buena fe constituye un principio fundamental sobre el cual se erige todo el sistema de negociación colectiva. Aunque es difícil precisar la noción de «buena fe», la doctrina se ha encargado de perfilar este concepto jurídico indeterminado, partiendo de la base de las dos definiciones jurídicas del Diccionario: 1) criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho; y 2) en las relaciones bilaterales, comportamiento adecuado a las expectativas de la otra parte.
Desde luego, el gobierno provincial, una vez alcanzado el acuerdo que pone fin al conflicto, tenía legítimas expectativas de que la contraparte sindical se aviniera a comenzar las clases el día 6 de marzo. Entre otras cosas, para eso negoció.
Un final muy distinto habría tenido la negociación si los sindicatos docentes de Salta hubieran planteado desde el comienzo de las conversaciones que su intención era la de ir a la huelga «a como dé lugar». En tal caso, el gobierno podría haber tomado nota y sacado partido del enrocamiento de posiciones y no verse sorprendido a último momento con un impensado cambio postura de la parte sindical.
Ha dicho el Tribunal Supremo español que la buena fe en la negociación colectiva «implica un esfuerzo sincero de aproximación de posiciones» y exige a las partes, no solo sentarse materialmente a negociar, sino «ser consecuentes con sus propias posiciones y no alterarlas sustancialmente de un día para otro».
Claro que también ha podido ocurrir que el gobierno haya negociado todo el tiempo a sabiendas de que los sindicatos al final no permitirían el comienzo regular de las clases. Si este ha sido el caso, parece claro que el gobierno a quien ha engañado es a los ciudadanos, a los padres de los alumnos, y a los alumnos mismos. Nada costaba anunciar el comienzo de clases para el día miércoles 8 en lugar del lunes 6.
A la mala fe de una de las partes no se le puede oponer la mala fe de la otra, como compensación negocial. Las dos partes deben negociar de buena fe, sin recurrir a engaños recíprocos y sin esconder sus cartas.
El resultado de acuerdo alcanzado más huelga efectiva pone de manifiesto, sin necesidad de mayor indagación, que las partes no han realizado los esfuerzos necesarios para componer el conflicto y para avanzar hacia puntos de encuentro en las posiciones mantenidas por cada una de ellas. Si el gobierno Salta tuviese entre sus metas e imperativos el de la lealtad institucional, no debería haber permitido que los sindicatos le arrancaran el aumento sin antes obtener un compromiso firme de aquellos para deponer las medidas de fuerza; es decir, debería haber impedido por todos los medios legales a su alcance que los maestros salteños llevaran adelante una huelga de tintes políticos contra el gobierno nacional.
Cualquier error o negligencia de los funcionarios del gobierno en este aspecto no tendría otra consecuencia más leve que colocar a los ciudadanos salteños en una situación sumamente gravosa; no solo por la pérdida virtualmente irrecuperable de dos jornadas lectivas, sino porque el gobierno se vería en serias dificultades para no pagar a los docentes huelguistas los días no trabajados, algo que no adeuda por la simple aplicación del principio que dice que el ejercicio regular del derecho huelga provoca la suspensión de las principales prestaciones del contrato de trabajo: el deber de trabajar y el deber de pagar el salario.
Si el gobierno, cercado por su propia incapacidad o impericia, se viera obligado a pagar, lo haría obviamente con recursos que pertenecen a todos los salteños y en tal caso, quienes pudieran sentirse afectados podrían exigir la responsabilidad civil de los funcionarios que, con su torpeza, hicieron posible el pago de unas cantidades que son, en principio, ilegales.