Es curioso, pero la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, señora María Eugenia Vidal, es, según las encuestas la figura política con mejor imagen en la República Argentina.
A pesar de que este título oficioso no le asegura a la señora Vidal el pleno acierto con sus decisiones y sus declaraciones, resulta muy llamativo que la Gobernadora se haya jugado el prestigio al anticipar que no tendría problemas en recurrir a los «voluntarios» que se ofrecieron para reemplazar a los trabajadores docentes que han anunciado una huelga contra su gobierno.
Consciente quizá de la dudosa legalidad de esta medida, que es claramente lesiva de un derecho fundamental como el de la libertad sindical, la Gobernadora se ha apresurado a aclarar que, en lugar de clases formales, los «voluntarios» se encargarían de dar «clases de apoyo», que tampoco se van a impartir en los centros educativos tradicionales sino en otros lugares. La figura del voluntario excluye, obviamente, el pago de un salario a cambio de sus clases de apoyo, por lo que, visto desde afuera, el recurso al voluntariado no supondría el reemplazo de los huelguistas a cambio de dinero.
Aun así, la medida anunciada por la Gobernadora bonaerense es moralmente reprochable. No solo porque la huelga no ha dado comienzo (y con ella, el «daño» a los usuarios del servicio público de educación), sino porque en la práctica supone un elemento de presión contra los sindicatos que han convocado la huelga, a los que el gobierno bonaerense no solo pretende enfrentar con la comunidad de usuarios sino también con una parte de los docentes (los voluntarios), que no apoyan la medida.
Con independencia de la existencia o no de normas legales y reglamentarias que establezcan servicios mínimos o que autoricen ciertas formas de esquirolaje, lo cierto es que la Gobernadora no podría legítimamente acudir a otros agentes para que den las clases sino una vez que la huelga haya empezado y se produzca un daño apreciable a la comunidad de usuarios que hiciera procedente la adopción de medidas extraordinarias en defensa del interés general. Pero esto aún no se ha producido.
El anuncio anticipado está imbuido de una clara intencionalidad desmovilizadora y un ánimo antisindical inocultable. Solo si la huelga llegara a traspasas los límites de una pacífica reinvindicación de mejores condiciones de trabajo (incluidos mejores salarios) la Gobernadora podría echar mano de las medidas extraordinarias que prevé el ordenamiento jurídico.
Hacerlo antes de que comience la huelga y antes de que la misma produzca un estado de alarma social es un clarísimo error de cálculo o de timing, impropio de una mandataria que arriesga de este modo innecesariamente su prestigio dejando entrever un ánimo antiobrero que rebaja y mucho la consideración de su gobierno.