Los aires del Milagro en Salta no se limitan al viento norte ni a los azahares de los naranjos de la Plaza de 9 de Julio. La proximidad de la Fiesta se advierte en la «limpieza» de las conciencias y especialmente en la solución (a veces precipitada) de algunos conflictos que, de persistir, darían una muy mala impresión a los peregrinos. A solo tres días de que se inicie el rezo de la Novena, milagrosamente (y nunca mejor dicho) han aparecido los recursos y materiales faltantes en la Subsecretaría de Tránsito (baterías, respuestos, cartuchos de tóner, etc.) por los que protestaban los trabajadores de esta controvertida área municipal.
La huelga ha llegado, pues, a su fin, pero sus consecuencias todavía colean.
A pesar de que el levantamiento de la medida ha abocado a la Subsecretaría de Tránsito a centrarse casi exclusivamente en el despliegue de sus agentes para controlar la avalancha de peregrinos y poner un poco de orden en ese «hormiguero pateao» en que suele convertirse el centro de la ciudad durante la Fiesta, los abogados de los huelguistas no tienen descanso.
La razón es que los altos jerifaltes municipales han calificado a la huelga de «ilegal», pero no porque haya paralizado a un servicio público esencial (la ordenación del tráfico urbano), ni porque se haya llevado a efecto con ocupación del centro de trabajo, sino por el detalle, algo menos trascendente, de la medida fue convocada por un grupo de trabajadores no sindicalizados.
De allí, que los jefes municipales, después de haber desempolvado un fallo del histórico juez Capón Filas, hayan dictaminado que se trató de una huelga «salvaje».
A esta peculiar interpretación de las relaciones laborales contribuye la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaída en el famoso caso “Orellano c. Correo Oficial”, en la que el alto tribunal afirma que la huelga solo puede ser convocada por una organización sindical (con personería gremial o simplemente inscrita) y jamás por un grupo de trabajadores que luchan contra las injusticias, por los miembros de un sindicato en formación, por los que integran la oposición interna en los sindicatos reconocidos y por aquellos trabajadores que se desempeñan en empresas o sectores de actividad en los que no hay sindicatos.
Así pues, los agentes de Tránsito han vuelto a su trabajo, cesado en la ocupación de las oficinas y levantado el corte de la calle Santa Fe, con una felicidad a medias, por cuanto al haber calificado la Municipalidad la huelga como «ilegal» (por las suyas, sin que un juez así lo haya declarado) se pondrá en marcha una feroz maquinaria administrativa para sancionar a los que tan gravemente transgredieron el ordenamiento jurídico.
Es evidente que los sumarios administrativos prometidos por la Municipalidad pueden llegar hasta la exoneración (el despido) de los agentes involucrados en la huelga; especialmente el de los cabecillas.
Pero lo más curioso es que la Municipalidad ha revelado que sus funcionarios no quisieron negociar con los huelguistas «porque no pertenecen a un sindicato». Es decir, que los diez trabajadores que se pusieron en huelga de hambre podrían haber muerto de inanición y en la ciudad haberse producido un caos circulatorio gravísimo, que ningún responsable municipal se habría acercado a dialogar con «esos indocumentados».
Es decir, que a la dureza de los trabajadores de Tránsito se opuso la intransigencia de los talibanes de la Municipalidad, que al parecer prefieren aguantar que los malones del bien sindicalizado Serrudo destruyan las oficinas municipales y agredan físicamente a los funcionarios, que gastarse unos pesos en comprar baterías, radiadores, mangueras, papel de imprimir y cartuchos de tóner.
No será Serrudo precisamente (a cuyas espaldas se ha convocado y concretado la huelga) quien defienda a los trabajadores sumariados. O se buscan un buen abogado o la huelga habrá terminado con un triunfo rotundo de los funcionarios municipales.