Tras la celebración de la audiencia ha quedado patente que los principales problemas que afectan el saneamiento del río a su paso por la ciudad de Salta siguen sin ser resueltos, a pesar de la contundencia de las medidas acordadas por el magistrado.
Durante su turno de palabra, el representante procesal de la Secretaría de Recursos Hídricos del gobierno provincial de Salta ha reconocido la existencia de asentamientos humanos más allá de la línea de ribera delimitada por el juez en el procedimiento. La información oficial del portavoz de prensa del Poder Judicial salteño habla en concreto de una familia asentada en la «línea de inundabilidad», que después de varios intentos de desalojo amistoso ha debido ser denunciada ante la Fiscalía Penal Nº 5 de la ciudad de Salta.
El amparo sobre la contaminación del río Arenales lleva casi nueve años en los tribunales. La información judicial recuerda que el proceso se inició a comienzos de 2011, después de que el crecimiento del caudal del río provocara la evacuación de medio millar de personas de los barrios Ceferino, Santa Cecilia, 13 de Abril, Solidaridad, Democracia, Villa Lavalle, Asentamiento 20 de Junio, Angelita, San Juan de Dios y Gauchito Gil.
A la audiencia judicial celebrada hoy han comparecido representantes de la comisión de la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento Integral del Río Arenales de la Provincia de Salta, miembros del área de ambiente del servicio de ingeniería y química forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), representantes de la empresa pública Cosaysa y de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Salta. También han asistido vecinos de los barrios afectados.
Metales pesados y líquidos cloacales sin tratar
La información oficial recuerda que en el año 2017 el gobierno provincial analizó el agua del río en 11 puntos, desde el canal Tinkunaku hasta el río Ancho, a fin de detectar la presencia de metales pesados. Si bien en su momento estos análisis arrojaron resultado negativo, en febrero pasado un informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales alertó sobre la presencia de «coliformes fecales y metales pesados cadmio, plomo, cromo, cobre y cinc) por encima de los valores establecidos en la ley de metales peligrosos».En la audiencia de esta mañana se ha informado también de la supresión del vertido de líquidos cloacales sin tratar en el extremo sur de la calle Ituzaingó, que había sido denunciado por los vecinos. No obstante, una situación similar se presenta en las proximidades del puente de la calle Discepolo, que el gobierno ha prometido controlar.
Según la información de prensa del Poder Judicial, elaborada en base a los elementos de convicción reunidos en el procedimiento, la contaminación del río comienza a la altura del barrio Santa Lucía y se vuelve crítica frente al vertedero San Javier, ubicado justamente frente a la planta de tratamiento de efluentes cloacales. La misma información dice que, al tratarse de un río de montaña, el curso de agua incorpora oxígeno a medida que desciende y ello permite «que se vaya saneando progresivamente hasta su desemboque».
Durante la audiencia, los representantes procesales de la Municipalidad de Salta han advertido que los residentes ribereños siguen deshaciéndose de sus basuras en el cauce del río.
La línea de ribera
El pasado día 22 de marzo, el juez Domínguez llevó a cabo una diligencia de inspección ocular en la zona afectada en el curso de la cual recorrió la línea de ribera que fuera determinada por Resolución 353/18 de la Secretaría de Recursos Hídricos.La determinación de la línea de ribera había sido ordenada por el juez en 2017, cuando dispuso que se elaborara un plan de manejo del río Arenales con el objetivo de recomponer el ambiente, prevenir daños y mejorar la calidad de vida de los residentes ribereños.
En su momento, Domínguez ordenó expresamente que las autoridades competentes evitaran el asentamiento de familias en la zona de ribera.
El año pasado, en el marco del mismo proceso, el juez dispuso que el gobierno provincial despliege un cordón sanitario preventivo alrededor de los puntos detectados en el muestreo del CIF. Al mismo tiempo se obligó a la Municipalidad de Salta a colocar carteles informativos para advertir que el agua que transporta el Arenales no es apta para uso recreativo en contacto directo, ni puede ser empleada para consumo humano, ni aún con tratamiento convencional.