El juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, señor Marcelo Ramón Domínguez ha dictado una resolución que obliga al gobierno provincial a instalar un cordón sanitario preventivo en el río Arenales, afectado de importantes niveles de contaminación.
La medida, adoptada en el marco de un proceso de acción de amparo promovido por residentes de barrios ribereños, obliga a la administración a erigir en citado cordón sanitario en los puntos contaminados que en su día fueron identificados en un informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta.
Como se recordará, Domínguez estimó el año pasado la demanda de amparo interpuesta por vecinos de los barrios Ceferino, Santa Cecilia, 13 de Abril, Solidaridad, Democracia, Villa Lavalle, Asentamiento 20 de Junio, Angelita, San Juan de Dios y Gauchito Gil. En el curso de este proceso los demandantes solicitaron que se libre oficio a las autoridades administrativas provinciales y municipales para que se dispongan, ordenen y ejecuten acciones positivas de protección y prevención en el marco de sus respectivas competencias tendentes a proteger la vida y salud de las personas expuestas y su medio ambiente.
Estimando esta petición, Domínguez no solo ha acordado la instalación del referido cordón sanitario sino que también ha emplazado a la Municipalidad de Salta -codemandada en el proceso de amparo- para que coloque «carteles indicativos de fácil lectura» en todos los lugares de acceso público a lo largo del trayecto del río.
Domínguez pide a la Municipalidad que se informe que el agua del Arenales no es apta para uso recreativo en contacto directo, ni puede ser empleada para consumo humano, ni aún con tratamiento convencional.
El plazo en que las administraciones deberán cumplir con el mandato judicial vence el próximo día 18 de mayo, fecha en la que deberán ser presentados ante el tribunal los informes respectivos.
El portavoz de prensa del Poder Judicial salteño recuerda que la sentencia de fecha 25 de agosto de 2017 ordenó la formulación de un plan de manejo del río, así como un plan sanitario de emergencia y otro de seguimiento.
El informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales fechado el pasado día 20 de marzo de 2018 expuso que la cámara de la estación de bombeo de Aguas del Norte se encuentra nuevamente colapsada, provocando el vertido de efluentes cloacales crudos al río y concluyendo que los valores de concentración de metales pesados exceden los niveles admitidos para la calidad de agua para protección de vida acuática según la normativa vigente”.
El mismo informe dice que la presencia de bacterias coliformes hace que las aguas no sean aptas para el uso recreativo en contacto directo ya que superan los valores guía para coliformes totales y fecales para aguas superficiales. En otras palabras, los técnicos del CIF dicen que el río Arenales lleva poco menos que aca pura.
La contundencia del informe ha convencido a Domínguez, que considera el parecer técnico del cuerpo fiscal «suficientemente demostrativo de la gravedad de la situación ambiental y sanitaria del río Arenales».
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