La organización ambientalista Greenpeace parece haber convertido al gobernador Juan Manuel Urtubey en su particular muñeco vudú.Una semana sí y otra también, sus activistas despachan incendiarios comunicados en los que, so pretexto de defender la virginidad forestal de Salta, dedican gruesas líneas al mandatario salteño, quien, sin embargo, se muestra poco permeable a las críticas que se dirigen a su política en materia de ordenación territorial.
A la acción de los ambientalistas sobre el terreno se ha sumado ahora el propio director ejecutivo de Greenpeace, que hasta tal punto se ha tomado a pecho la campaña de bosques que llevan adelante sus cuadros más beligerantes, que no ha vacilado en constituir su cuartel general en Salta para dirigir desde aquí, en persona, las operaciones.
Los nuevos Fiscales de la República
Profundizando en su estrategia mediática, Greenpeace ha difundido ayer un comunicado de prensa en el que, con soltura, afirma haber «fiscalizado» (sic) 3 desmontes ilegales en 10 días.El verbo «fiscalizar» solo tiene en nuestra lengua dos acepciones: la primera es «hacer el oficio de fiscal» y la segunda es «criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien» (DRAE 22ª Edición).
Si tenemos en cuenta que los activistas de Greenpeace no se limitan a criticar y someter a juicio las acciones de otro (en este caso del gobernador Urtubey), sino que adoptan medidas bastante concretas que -según ellos- significan subrogarse en las facultades y atribuciones de los poderes públicos (como por ejemplo, controlar los desmontes ilegales), es claro que esta organización, al decir que «fiscaliza» lo que pretende decirnos no es otra cosa que su tarea consiste en ejercer el oficio de fiscal.
Por muchas buenas intenciones que persigan los ambientalistas (y su bondad es cosa que está aún por ver), la verdad es que ni sus activistas ni su director ejecutivo, por ningún motivo pueden ejercer funciones que la ley reserva a los agentes de los poderes públicos. Unos agentes cuya autoridad y legitimidad, por la propia naturaleza de las funciones que la ley les encomienda, no puede ser usurpada por ninguna persona privada, individual o colectiva, sin que, al mismo tiempo, recaigan sobre esta persona graves consecuencias penales.
La inercia de los fiscales o la de los funcionarios encargados de hacer cumplir con la Ley de Bosques no autoriza a que cualquiera -ni siquiera una organización especializada- se tome la justicia por su propia mano, y menos aún con el argumento de que está «haciendo lo que el Gobernador debería hacer».
Hay muchísimas cosas que el Gobernador no hace, porque no puede o porque no quiere, y no por ello a los ciudadanos normales se les da por ejercer las funciones de gobierno. Antes al contrario, cuando los ciudadanos advierten una omisión en el cumplimiento de los deberes del Gobernador o de cualquier funcionario del Estado, ejercen, como es normal, su derecho a peticionar, denuncian al Gobernador o a los funcionarios por la vía penal o les niegan el voto en las elecciones.
Lo anormal es creer que cualquiera puede hacer lo que los poderes públicos dejan de hacer, sencillamente porque así no funcionan las cosas, ni aquí, ni en ningún país medianamente civilizado de la Tierra.