Agentes de la División Policía Rural y Ambiental de Metán han procedido al secuestro de un pecarí de collar, que se encontraba en una vivienda particular y que estaba siendo «criado en cautiverio», según afirma el parte oficial. Esta comunicación señala que los agentes fueron alertados por unos vecinos buchones de que en una vivienda ubicada en la calle Arenales de la ciudad de El Galpón había un animal de estas características, por lo que se desplazaron hasta el lugar y encararon a la dueña de casa.
Según el parte, los agentes informaron a la mujer de que estaba cometiendo una supuesta infracción a la ley y le dijeron expresamente que estaba vulnerando el artículo 91 del Código Contravencional de Salta, modificado por la ley provincial 7914 del año 2015.
Pero el mencionado artículo no tiene nada que ver con la simple presencia del chancho del monte en la casa de la vecina, pues este precepto legal sanciona dos tipos de conducta bien diferenciadas:
1) La caza y pesca sin los permisos correspondientes, fuera de temporada o con medios prohibidos, y
2) El transporte, almacenamiento, compra, venta, industrialización o puesta en el comercio de piezas, productos o subproductos provenientes de la caza o pesca ilegal.
A diferencia del artículo 91 de la ley 7135, el tipo contravencional instituido por la ley 7914 no habla en ningún momento de animales de la fauna silvestre catalogados como protegidos. Esta caracterización ha desaparecido del texto legal. De modo que la tenencia doméstica de un chancho del monte es, a los efectos del derecho contravencional, exactamente igual a la tenencia de un perro o de un gato.
Según la ley que se encuentra vigente, la simple y pacífica tenencia de un chancho del monte domesticado en una casa, sea en libertad o sea en cautividad, no constituye infracción penal de ninguna naturaleza, a menos que se pueda demostrar que el animal fue objeto de una caza sin permiso, fuera de temporada o efectuada mediante el empleo de técnicas prohibidas.
Nada de esto aparece en el informe policial y es prácticamente imposible que se haya llegado a demostrar con una simple «entrevista» a la dueña de casa; de modo que el secuestro del animal tiene toda la pinta de ser ilegal y arbitrario.
De ser así, el magistrado que entiende en la causa debería restituir inmediatamente el chancho a su hogar y exigir a los policías la responsabilidad correspondiente por su actuación al margen de la legalidad vigente.