Si aceptamos, a efectos meramente teóricos, que el desarrollo económico de un territorio determinado es responsabilidad primaria del gobierno -o de los gobiernos (en caso de estados complejos)- con poder sobre dicho territorio, tenemos que preguntarnos necesariamente cuál de estos sujetos está llamado en primer lugar a adoptar las medidas que conduzcan al desarrollo deseado.
Teniendo en cuenta que en materia económica, a pesar de que en este tipo de estados existe una variedad de materias reservadas a la competencia exclusiva de cada una de las entidades políticas (la percepción de los impuestos, la política monetaria, la legislación laboral, la política aduanera, etc.), existe -especialmente en el ámbito del fomento- un amplísimo campo de competencias concurrentes que son de vital importancia para el desarrollo de la economía, lo que, en principio, impide considerar que la responsabilidad primaria del desarrollo recae exclusivamente sobre la entidad política mayor.
Dicho en otros términos, que las economías regionales dependen en gran medida de lo que puedan hacer los gobiernos locales y no tanto de lo que haga o deje de hacer el gobierno nacional.
Desde luego, la omisión de los deberes de uno impacta negativamente sobre el cumplimiento de las obligaciones del otro, pero aunque los dos órdenes de gobierno se pusieran de acuerdo en lo que se debe hacer y coordinaran sus actuaciones, existirá siempre una tensión entre los intereses del gobierno central en lograr un desarrollo equilibrado de todo el territorio y los intereses de los gobiernos locales, preocupados en su mayoría por alcanzar un mayor desarrollo que otras regiones, a menudo en perjuicio de otras economías regionales.
Suponiendo que al gobierno central se le ocurriera condenar a una determinada región al olvido, los gobernantes de esta región, antes de lamentarse y reivindicar más atención del gobierno central, lo que deben hacer es agotar todos los medios a su alcance para que el desarrollo de sus territorios no dependa exclusivamente de lo que pueda hacer aquel gobierno olvidadizo.
Es decir, que si los gobiernos locales renuncian a acometer reformas, si no utilizan debidamente su capacidad de promoción de determinados sectores, si emplean las subvenciones y los subsidios con criterios clientelares, si hacen crecer de forma irrazonable la plantilla de empleados públicos, si aplican políticas fiscales regresivas, si renuncian a formar debidamente a la mano de obra, si no invierten en tecnología e infraestructuras, si sus cuentas públicas son incontrolables, sus instituciones no son sanas e impera una marcada inseguridad jurídica, de nada vale lamentarse después y llorar que el gobierno nacional desatiende a las economías regionales.
Más allá de la distribución de competencias prevista en la Constitución y en las leyes, los gobiernos locales tienen la obligación moral de demostrar su eficiencia antes de echar las culpas al gobierno central y acusarle de falta de federalismo.
Esta acusación es sumamente curiosa puesto que, salvo que pongamos este concepto patas para arriba, el federalismo no consiste en la intervención del poder central sobre los procesos locales, tanto como la plena autonomía de las provincias para gestionar sus propios asuntos. Es decir, que si reivindicamos, un día sí y otro también, que sea el gobierno central el que venga en auxilio de las economías regionales en declive, quien está aplastando el federalismo es el gobierno local y no al revés.
Por otro lado, no conviene perder de vista que el federalismo, así en la Argentina como en cualquier otro país federal del mundo, es un fenómeno que tiene una dimensión exclusivamente política, jamás económica.
Las medidas necesarias para relanzar la competitividad de ciertas producciones locales son, en la inmensa mayoría de los casos, resorte de los gobiernos locales y no del gobierno nacional, como equivocada o interesadamente se nos quiere hacer creer.
Algunos gobernadores provinciales han convertido a las «economías regionales» en un totem, en un objeto de culto, en un reclamo de orgullo localista, que normalmente va atado a unas expectativas electorales concretas. El fantasma de las economías regionales se agita en la Argentina cada cierto tiempo, sin mejor expectativa que la de generar una imagen negativa del gobierno central, al que se acusa sin fundamentos de «localista», cuando cualquiera puede darse cuenta que lo que más y mejor conviene a un gobierno es el desarrollo armónico de todo el territorio y no solo de una parte de él.
Por otro lado, a la hora de reivindicar la necesidad de revitalizar a las economías regionales es necesario demostrar que ciertas producciones (yerba mate, vid, caña de azúcar, tabaco, legumbres) que existen desde hace siglos están dispuestas a reformarse para dar paso a la modernidad o incluso dispuestas a desaparecer si lo que se requiere es una reconversión profunda de la estructura económica.
Lo que no se puede hacer, desde luego, es pensar que las producciones regionales deben seguir varias décadas más tal cual las conocemos. Más de un gobernador de provincia lo único a lo que aspira es a que las cosas sigan como están, aunque estén mal. Y de esa falta de visión no se puede acusar al gobierno nacional, que hace muchas cosas mal, por supuesto, pero que tampoco puede hacer mucho más si los interesados no demuestran que están dispuestos a hacer reformas dolorosas para intentar salvar el potencial económico de sus territorios.
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