El gobierno provincial de Salta, a través de su aparato de comunicación, informó ayer que el gobernador Juan Manuel Urtubey suscribió finalmente el acuerdo federal minero, que hace solo una semana se había negado a suscribir, aduciendo que generaría ciertos desequilibrios en la economía provincial. La primera decisión de Urtubey fue ampliamente criticada, especialmente por sectores de la izquierda salteña, que argumentaron que la negativa estaba fundada en el propósito del mandatario de proteger los intereses de las empresas transnacionales que operan en el territorio provincial.
Ahora, el gobierno de Salta intenta hacer aparecer el cambio de opinión de Urtubey como el resultado de las modificaciones introducidas en el documento para recoger «las observaciones realizadas por Salta» respecto a lo que el gobierno provincial llama «conceptos que generaban costos adicionales a la actividad».
La comunicación oficial no dice en ningún momento en qué consisten las modificaciones hechas al acuerdo ni en qué medida tales modificaciones benefician a la actividad de la minería en la Provincia de Salta o al empleo que genera el sector.
Puntos básicos del acuerdo
Según el gobierno provincial, el nuevo acuerdo federal prevé la conformación de un Centro Nacional de Información Minera, así como un nuevo régimen de participación de las empresas provinciales.La misma comunicación dice que los treinta puntos del documento son fruto del consenso entre la Nación y las provincias en el marco del Consejo Federal Minero (Cofemin).
Durante el acto de la firma del acuerdo, el presidente Mauricio Macri ha dicho que “la actividad minera es un gran pilar para la generación de empleo” y agregado que “por cada puesto de trabajo generado por esta industria de manera directa, se crean cinco puestos de trabajo indirectos”. Ha dicho también el Jefe del Estado que la Argentina se encuentra entre los seis países “más importantes del mundo en materia de provisión minera”, pero puso especial énfasis en la necesidad de desarrollar la actividad “cuidando el medio ambiente”.
Una vez suscrito por las partes que deben hacerlo, el acuerdo debe ser ahora sometido al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales, para su aceptación o rechazo.