Un grupo numeroso de personas, que se presenta a sí mismo como integrado por "trabajadores de y desde el arte, la cultura y la docencia" ha enviado a la jueza de Menores Nº 2 de Salta, señora Silvia Bustos Rallé, un extenso escrito en el que denuncia "amenazas y actitudes violentas (de parte de la jueza) hacia los adolescentes, docentes, talleristas, trabajadores de la cultura, personal técnico y operadores". En el mismo escrito, que contiene un "pedido de refexión" a la magistrada, se señala que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente el pasado día 16 de junio en el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Nº 1 (nombre eufemístico con que el gobierno de Salta designa a los reclusorios de menores de edad que han delinquido), cuando la señora Bustos Rallé habría irrumpido en el lugar durante la celebración de una "jornada de integración", descalificando las actividades que allí se estaban realizando al grito de "¡Esto es una joda!".
Según la versión de los denunciantes, "todos se quedaron paralizados por la intempestiva aparición" de la jueza, quien -según la misma versión- justificó su presencia en el lugar diciendo: “Vengo a comprobar que ustedes están haciendo desacato a la orden judicial”.
Los denunciantes no aclaran en su escrito si efectivamente existía una orden judicial que prohibiera o restringiera de algún modo la celebración de aquellas actividades, que, según ellos, se limitaron a "unos juegos recreativos y deportivos, la inauguración de un mural sobre el Inti Raymi, talleres artísticos y un festival musical".
Siempre según la versión de los denunciantes, la magistrada se retiró del lugar "con el índice en alto" (se refieren al dedo índice) y profiriendo amenazas contra los jóvenes internos: "Ustedes nunca más van a salir de acá" y contra toda persona que le saliera al paso.
Los denunciantes defienden las actividades estigmatizadas por la jueza diciendo que "se programaron en el marco de la propuesta de inclusión" y que tales actividades -que califican como de corte "cultural y educativo"- fueron "avaladas por instituciones responsables", sin aclarar si entre tales instituciones se encuentra el propio juzgado.
En el escrito de denuncia se señala también que la actitud de la jueza comporta la "interrupción del ejercicio" de los derechos culturales de adolescentes en situación de vulnerabilidad, privados de libertad, el desconocimiento del "interés superior del niño".
El mismo escrito defiende también la tarea que llevan a cabo los centros de detención de menores que dependen de la Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios del gobierno de Salta, diciendo que en estos centros "se combate, concreta y eficazmente, el desamparo social".
Los denunciantes niegan finalmente que las actividades que molestaron a la jueza hayan sido "una joda" y, al contrario, la califican como "compromiso".
El extenso escrito de denuncia concluye con alguna reflexión filosófica sobre la cultura, como la que señala que "a través de ella (la cultura) el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”.
Defensa de la jueza
Está previsto que a primera hora de esta mañana la jueza denunciada comparezca ante la Corte de Justicia de Salta a petición propia para dar explicaciones acerca de lo sucedido el 16 de junio en el referido centro penitenciario.Fuentes cercanas al Juzgado de Menores Nº 2 han señalado que la jueza Bustos Rallé niega las acusaciones formuladas en su contra y que el relato contenido en la denuncia no se corresponde con la realidad de los hechos.
Según las mismas fuentes, la magistrada ha insistido en que al presentarse en el centro se encontró con una especie de feria, con música estridente, un payaso, un toro mecánico, dos metegoles y una cama elástica. "Es un poco difícil llamar cultura a estos elementos y un poco pretencioso decir que actividades como éstas suponen la búsqueda incansable de nuevas significaciones o la creación de obras que trascienden al hombre", indica la misma fuente.
La jueza afirma en su descargo que la reunión del día 16 de junio se llevó a efecto "sin permiso del juzgado" y en horario en que los internos deben estar en rehabilitación o cumpliendo cargas procesales en los tribunales.
Sobre las presuntas amenazas proferidas y, en concreto, sobre su presunto anuncio de que los internos no iban a salir más de allí, la jueza aún no se ha pronunciado.