Que los activistas por los derechos de los homosexuales llamen "matrimonio igualitario" al vínculo civil entre dos personas del mismo sexo, no quiere decir, sin más, que la Directora del Registro Civil de Salta esté autorizada a utilizar la misma expresión para referirse a aquel vínculo. Por razones que tienen que ver con el decoro funcionarial, pero que están relacionadas mucho más con uno de los pilares del régimen republicano, como lo es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, un representante del Estado no tiene derecho a establecer distinción alguna entre matrimonios igualitarios y no igualitarios.
Para la ley, solo hay un tipo de matrimonio y éste es un detalle que no puede ignorar el director de ningún Registro Civil de la República Argentina. No hay en nuestra legislación matrimonios más igualitarios que otros.
Llamar "matrimonio igualitario" al que contraen personas del mismo sexo supone, de entrada, discriminarlos, y de una forma bastante agraviante, toda vez que se establece una distinción injusta entre matrimonios, dependiendo del sexo de los contrayentes.
Y si precisamente es la discriminación por razón del sexo (y de la orientación sexual) lo que la última reforma legal en materia de matrimonio ha querido desterrar, no va a ser la Directora del Registro Civil de Salta la que borre de un plumazo la intención del legislador.
Por lo demás, la de "matrimonio igualitario" es una terminología incorrecta ya que, al menos en el plano filosófico, el igualitarismo supone que todos los ciudadanos deben ser tratados de forma imparcial, sin distinciones arbitrarias por razón de su nacimiento, de sus relaciones, de su fortuna o de su sexo.
Desde este punto de vista es tan igualitario el matrimonio entre personas del mismo sexo como el matrimonio entre personas de sexo diferente, ya que sepamos, el matrimonio que desde hace siglos vienen contrayendo estas personas nunca ha sido considerado como un privilegio o como una injusticia.